ICV Capítulo 5: Entramados del paramilitarismo

Introducción

En este post se incluyen algunos apartes relacionados con el tema del Paramilitarismo en Colombia, tomados del Informe de la Comisión de la Verdad (ICV)* en forma sintética, respetando sus textos originales, pero suprimiendo ciertos detalles que pueden consultarse directamente desde la Plataforma digital de la Comisión, como son los testimonios, las referencias bibliográficas y las notas de pie de página. También se ha simplificado la numeración, los títulos y los subtítulos, para así atraer más lectores que pueden desanimarse al ver la extensión de los textos originales. En cada párrafo se incluye el número de la página del Informe donde se encuentra.                                    

Síntesis

“En la década del dos mil, los grupos paramilitares alcanzaron dimensiones sin precedentes: estructuras con múltiples frentes y facciones armadas, más de 35.000 integrantes y efectos directos en la escalada de violencia que vivió el país: son el principal responsable, con el 47 % de las víctimas letales y desaparecidos del conflicto armado en Colombia, constituyendo en el actor armado más violento” (p.295)

“La Comisión de la Verdad ha encontrado aspectos de la dinámica paramilitar que, por un lado, trascienden la dimensión más visible del fenómeno (los aparatos armados) y visibilizan el telón de fondo del paramilitarismo: aquello que lo sustenta y permite su permanencia” (p.296)

“La investigación de la Comisión muestra que el paramilitarismo ha estado vinculado históricamente con decisiones de gobierno e instituciones del Estado ancladas a la tendencia estatal a la delegación de la seguridad pública, la coerción y las armas en grupos de civiles armados y agencias encargadas de proporcionar seguridad de manera privada bajo el objetivo de la seguridad y la defensa nacionales” (p.297)

“El actuar de los grupos paramilitares, lejos de desarrollarse en un campo de batalla dedicado a la confrontación armada entre ejércitos, ha estado definido por acciones contra la población civil desarmada, que fue el objetivo estratégico y el centro del enfrentamiento bajo la justificación contrainsurgente de «quitarle el agua al pez»” (p.298)

“Pero, además del brazo armado, que ha sido la parte más visible, el fenómeno paramilitar ha mantenido una participación de componentes del Estado como la fuerza pública, entidades de seguridad y de inteligencia, órganos estatales colegiados (Congreso, asambleas y concejos), instituciones judiciales y organismos de control, así como sectores económicos agroindustriales, extractivos y de infraestructura y empleados públicos y candidatos a cargos de elección popular. Además, se ha permeado a sectores de la Iglesia y de los medios de comunicación” (p.299)

“Las motivaciones de los actores que han confluido en el paramilitarismo han sido cambiantes: van desde la voluntad de participación hasta la coacción para tener apoyo, y desde la protección de sus propiedades hasta la acumulación de nuevos intereses como tierras o poder. Sin embargo, los siguientes intereses han sido claros impulsos al paramilitarismo: la defensa del statu quo a través del mantenimiento de privilegios económicos, políticos y sociales; la protección del patrimonio y la ampliación de la propiedad privada y de la renta mediante el acaparamiento de tierras; la consolidación del control territorial por medio del exterminio de grupos armados rivales y la imposición de formas de control social violento; la usurpación de recursos económicos de la contratación pública, o la obtención de estos mediante economías extractivas, tierras y narcotráfico; el exterminio de rivales políticos; y la cooptación de instituciones estatales y del sistema político y electoral” (p.299)

Transformaciones y mantenimiento del paramilitarismo 

“Las unidades civiles de autodefensa fueron creadas por el Ejército Nacional con un objetivo defensivo interno ante la persistencia del «bandolerismo», a comienzos de los sesenta y ante las dificultades de cubrir de manera eficiente el territorio para garantizar la seguridad de la población. Estos fueron grupos creados por las Fuerzas Militares y se encontraban bajo su orientación y tutela” (p.300)

“Otro factor de continuidad del paramilitarismo ha sido la propensión a institucionalizar grupos que ofrecen seguridad privada, al servicio de sectores de las élites políticas y económicas regionales y locales” (p.301)

“De fondo, la delegación de la seguridad pública al conformar grupos de civiles y dotarlos con armas de uso privativo para apoyar las labores de defensa y seguridad pública que corresponden a las fuerzas estatales implica al menos los siguientes aspectos que profundizan, prolongan y degradan la guerra: imposibilita cualquier regulación y control de su accionar; rompe con la distinción entre civiles y combatientes y aumenta el riesgo de la población civil a sufrir violaciones de sus derechos; legaliza y legitima los órdenes armados alternos al Estado, el clientelismo y la exclusión; y, por último, impide la identificación de las responsabilidades asociadas a las comisión de crímenes y violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y aumenta la impunidad, pues crea una zona difusa que en el terreno hace difícil determinar cuándo el militar o policía operó en nombre de un grupo estatal o como parte de las acciones de grupos paramilitares” (p.302)

El marco de la doctrina del enemigo interno 

“Las recomendaciones de misiones estadounidenses que visitaron el país en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) derivaron en el Decreto 1381 de 1963, el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 de Defensa Nacional, a través de los cuales se institucionalizó la vinculación de civiles al conflicto armado. Estas normas fueron el sustento legal que amparó la proliferación de grupos paramilitares en el marco de las estrategias de seguridad y defensa del Estado” (p.303)

El paramilitarismo fue legalizado en diferentes momentos 

“La aprobación de normas ha sido una de las vías para otorgar estatus legal a grupos armados en el ámbito de la defensa privada y la contrainsurgencia” (p.304)

“En el caso de las Convivir, creadas en 1994, se da la legitimación del uso privado de armas por parte de civiles bajo los argumentos de la legítima defensa y el apoyo a la seguridad y la defensa nacionales, se vinculan con la fuerza pública dado que, por un lado, se les entregan armas y otros elementos de uso militar y, por el otro, se habilita la realización de operaciones conjuntas, el cumplimiento de funciones de inteligencia y la operación militar por parte de civiles” (p.305)

“Este marco de desarrollo permitió, además, el encubrimiento de violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas en articulación con la fuerza pública y grupos paramilitares. De acuerdo con sentencias de Justicia y Paz, las Convivir «fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad [...], [donde] participaron amplios sectores del Estado y la sociedad civil, con la complacencia o tolerancia de los demás sectores del Gobierno nacional». Eso mismo concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones de derechos humanos cometidas por las Convivir” (p.307)

Diferentes expresiones de un mismo paramilitarismo 

“A principios de los años ochenta, el municipio de Puerto Boyacá fue conocido como «la capital antisubversiva de Colombia». Con este municipio como epicentro, se comenzaron a tejer alianzas paramilitares con el narcotráfico y se puso en marcha la profesionalización de los ejércitos privados por medio de las escuelas de entrenamiento, grupos que luego serían exportados al resto del país a través de las ACCU y posteriormente las AUC” (p.309)

“Pero en el periodo de 1991-1994, a pesar de la desmovilización de las Autodefensas de Puerto Boyacá en 1991, el paramilitarismo entró en una dinámica de crecimiento que llegó a escala nacional en una vorágine de violencia que usó el terror a gran escala. Esto fue posible gracias a que la experiencia de Puerto Boyacá creció y marcó un modelo replicable en otras regiones del país, construyendo sus escuelas de entrenamiento y enviando avanzadas paramilitares a diferentes territorios, que terminaron influyendo en la conformación de grupos locales o el entrenamiento de los existentes, en un crecimiento paralelo al de las FARC-EP y el ELN” (p.313)

“La red de colaboración que significó el grupo Los Pepes y especialmente tras el asesinato de Pablo Escobar en 1993, donde participaron los hermanos Castaño aliados con el Cartel de Cali, el Bloque de Búsqueda de la Policía y el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, generó un escalamiento de esas alianzas en todo el país” (p.314)

“Las AUC se constituyeron en la máxima expresión de articulación del paramilitarismo, un proyecto federado de estructuras y entramados anclados territorialmente bajo la apología de ser un movimiento político-militar de carácter nacional, antisubversivo y civil (p.318)

Relación con el narcotráfico

“El entramado no podría haber alcanzado las dimensiones que ha tenido sin la participación de los dineros del narcotráfico. En los años ochenta el paramilitarismo dio un giro fundamental para convertirse en un ejército impulsado por las economías de la droga, que estuvo en múltiples ocasiones al servicio del narcotráfico” (p.318)

La desmovilización colectiva 

“El proceso de desmovilización colectiva adelantado entre 2003 y 2006, entre el Gobierno nacional y las AUC, logró desescalar la violencia paramilitar y desarmar parte importante del control territorial y de la legitimación social que tenían esta organización y sus líderes. Sin embargo, se caracterizó por falta de transparencia y de participación ciudadana y de las víctimas” (p.322)

“Los grupos sucesores del paramilitarismo conformaron una compleja constelación de estructuras que ha tenido distintos momentos de alianzas y guerras, reflejados en un incremento de la violencia en las zonas en las que han operado y en un repunte del conflicto en varias regiones del país” (p.323)

El terror como estrategia 

“En esta guerra, el paramilitarismo dejó el mayor saldo de víctimas, con impactos profundos en la población y en los territorios donde actuó. La marca del terror paramilitar fue signada a través de modalidades de violencia que se caracterizaron por el uso de la crueldad y la sevicia, como masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, así como la imposición de órdenes sociales violentos y las estrategias de legitimación en las comunidades donde han tenido presencia” (p.324)

“Este actor, de la mano del Estado, tiene una responsabilidad central en el agravamiento de la crisis humanitaria y en la escalada de violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas durante este periodo” (p.325)

“La obsesión paramilitar de eliminar a quienes consideraban enemigos –en su lógica de la doctrina contrainsurgente–, los intereses superpuestos de los actores del entramado paramilitar y la violación del principio de distinción entre combatientes y población civil llevaron a una guerra de exterminio” (p.327)  

“La forma más visible de perpetración paramilitar fue la masacre. Esto no fue accidental. Con las AUC, las masacres se convirtieron en un patrón generalizado en medio de la disputa por el control del territorio. A ese despliegue máximo de terror y sevicia se llegó por la concurrencia de dos factores: la mentalidad de la guerra total contra la guerrilla, proveniente de las Fuerzas Armadas, y las prácticas atroces de deshumanización de las víctimas, generalizadas a lo largo de las décadas de conflicto armado y por las escuelas de entrenamiento paramilitary” (p.328)

“Esta convivencia de control paramilitar en zonas donde funciona una institucionalidad aparentemente normal, con presencia de instituciones del Estado, entre ellas la fuerza pública, es un desafío actual para la construcción de la democracia en Colombia porque aún hoy estos fenómenos siguen dándose” (p.332)

Las profundas alianzas de los entramados paramilitares 

“A pesar de la desmovilización colectiva de las AUC (2003-2006), en la que distintas estructuras paramilitares entregaron armas e iniciaron un proceso de reintegración a la vida civil, el paramilitarismo no es un problema del pasado. Al contrario, es un fenómeno que sigue vigente y que, alimentado por una multitud de factores, se constituye en uno de los obstáculos centrales para avanzar hacia un proyecto nacional de paz” (p.333)

“El entramado paramilitar ha incluido actores del Estado, sectores de las Fuerzas Militares y la Policía, organismos de seguridad e inteligencia (como el DAS), órganos estatales colegiados (Congreso, asambleas y concejos), instituciones judiciales (como la Fiscalía General de la Nación), organismos de control, entidades como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y notarías” (p.334)

La relación con la fuerza pública 

“El origen y la expansión paramilitar contó con el apoyo directo de directivos de la fuerza pública colombiana, entre los que se encuentran altos cargos del Ejército, aunque solo algunos de ellos han sido investigados y condenados por sus alianzas con el paramilitarismo” (p.337)

“La colaboración entre fuerza pública y grupos paramilitares se dio, igualmente, en el desarrollo de operaciones conjuntas en las cuales se cometieron violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH” (p.339)

La parapolítica y la incursión paramilitar en las instituciones del Estado 

“Políticos y funcionarios públicos fueron otro de los sectores ampliamente implicados dentro del plan paramilitar de «penetrar todo el poder político: alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas de las zonas que manejábamos [...] en últimas, poderes regionales que en suma garantizarían para las autodefensas un poder nacional»” (p.345)

“Hasta el 2021, el análisis de la Comisión de la Verdad –a partir de 87 sentencias condenatorias hacia senadores, representantes a la Cámara y gobernadores condenados por estas relaciones y por pactos con las AUC– muestra la implicación comprobada y juzgada de 35 senadores y 37 representantes a la Cámara, así como 15 gobernadores en 18 de los 32 departamentos del país” (p.348)

El entramado con poderes económicos y la financiación de la guerra 

“Los políticos no fueron los únicos actores involucrados en las alianzas con el paramilitarismo. En su testimonio a la Comisión, un exparamilitar del Bloque Centauros describió la implicación de distintos sectores del empresariado como parte determinante de dicho entramado: «El paramilitarismo no nació del narcotráfico, nació de la clase empresarial en Colombia. Es decir, son las personas que tienen sus propiedades en las distintas zonas del país, que se veían acosados por la guerrilla, con recursos y tenían, además, poder. Porque es que en Colombia la riqueza está paralela a la política” (p.350)

“Desde el inicio, las alianzas dentro de los entramados paramilitares tuvieron como una de sus motivaciones la protección de la propiedad privada, y ha sido constante el uso de los aparatos armados con fines de acumulación y expansión de la riqueza por medios violentos, desposesión y despeje de territorios estratégicos. Por esto, algunos miembros del sector económico con participación en el paramilitarismo han sido parte integral del fenómeno y fueron más allá de ser «terceros» involucrados, pues se beneficiaron de la limitación de derechos de los trabajadores y de las poblaciones donde estaban ubicadas sus empresas, del ataque a los sindicatos, del acceso privilegiado a recursos, de la amenaza a su competencia o eliminación de esta y de la degradación de la violencia asociada al conflicto que, en distintas ocasiones, les permitió pescar en río revuelto para hacer crecer sus negocios” (p.351)

El papel de la negación, los silencios y la impunidad 

“La expansión del paramilitarismo y la consolidación de las alianzas que lo sostuvieron ocurrieron ante la mirada de los organismos de control del Estado, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, instituciones que por distintos motivos no garantizaron un control dentro de sus áreas: estaban controladas o infiltradas, no tenían los medios para hacer efectivas sus responsabilidades o sus denuncias; fueron blanco de amenazas o sus denuncias no fueron tomadas en cuenta. La Comisión de la Verdad recibió diversos testimonios de personas en el exilio que muestran la dimensión de las afectaciones a la justicia por parte del entramado paramilitar” (p.355)

“El impacto de la parapolítica no llevó a ninguna acción del gobierno que abordara esa realidad, ni se cuestionó la legitimidad de estas instituciones. Esa realidad permaneció en los juzgados y, en ocasiones, en el periodismo, pero su impacto fue tratado de controlar por las autoridades gubernamentales e instituciones como el DAS, que sometieron a los jueces de la Corte Suprema, a numerosos defensores de derechos humanos y a algunos políticos a un proceso de espionaje y presiones para que renunciaran a la búsqueda de justicia” (p.356)

“Así mismo, en sucesivos gobiernos las relaciones de la fuerza pública con el paramilitarismo han sido oficialmente negadas, minimizadas y derivadas exclusivamente a algunos agentes del Estado, lo que ha contribuido a su fortalecimiento, a un marco de impunidad y a su persistencia. Al menos en tres aspectos se hace evidente el negacionismo transversal al paramilitarismo: en las denominaciones del fenómeno; en la clandestinidad y falta de rostro de quienes lo integran; y en las decisiones institucionales, legales y de legitimación de los grupos paramilitares” (p.358)

“Estas reacciones no solo escondieron la naturaleza de entramado de alianzas del narcotráfico con el paramilitarismo y la participación de miembros de la fuerza pública, sino que contribuyeron a la impunidad y a tratar de difuminar las responsabilidades del apoyo estatal al paramilitarismo que eran evidentes” (p.359)

“Más adelante, los intentos de llevar a cabo investigaciones sobre el entramado paramilitar fueron socavados en distintas ocasiones, a través de acciones violentas contra investigadores judiciales, fiscales y jueces que fueron amenazados, sufrieron atentados contra su vida o las de sus familiares y tuvieron que exiliarse” (p.359)

¿Por qué el paramilitarismo persiste? 

“Un factor clave de persistencia del paramilitarismo ha sido el negacionismo de su relación con las Fuerzas Armadas y todo un entramado de alianzas con sectores políticos y económicos en Colombia. Sin un reconocimiento estatal y social de la verdad sobre el paramilitarismo, que rompa con esa negación, no es posible la puesta en marcha de los mecanismos institucionales, económicos y políticos eficaces para su desmantelamiento. Sin acciones contundentes al respecto, el paramilitarismo seguirá siendo un factor fundamental de violencia y, por lo tanto, la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, principalmente en las encargadas de impartir justicia y de representar políticamente a la población, estará socavada. Igualmente, es una deuda con las víctimas a quienes no se les ha ofrecido un reconocimiento de esta verdad” (pp.362-363)

Análisis

Un primer aspecto que resalta del ICV es el hecho de que la acción paramilitar no se orientaba propiamente a combatir a los guerrilleros, como era su objetivo inicial,  sino más bien a atemorizar, perseguir y desplazar a todos aquellas personas que los paramilitares consideraban simpatizantes, informantes o que apoyaban a los guerrilleros, y en ocasiones cometieron actos de barbarie, masacres y acciones criminales de despojo, tortura y abuso de todo tipo, en violación de principios elementales de derechos humanos, contra población civil desarmada.

De otra parte sobresale el origen, la motivación y el impulso a dichas fuerzas para proteger a gente privilegiada y sus propiedades, sus empresas o sus actividades económicas o políticas, así como también se desviaron de su propósito original incurriendo en acciones de despojo de tierras o robo del erario público, mediante maniobras de corrupción en la contratación pública, la administración de justicia, violentando el ejercicio democrático, comprando o forzando el voto, o simplemente eliminando a sus oponentes politicos.

Conclusión

Han pasado ya más de cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz, el cual no ha tenido mayor avance en su implementación en los últimos cuatro años, especialmente en cuanto al desarme por parte de fuerzas privadas de seguridad que siguen atemorizando a la población, instigándola a desplazarse para usurpar sus tierras. 

Es de esperarse que bajo la política de “Paz Total” el nuevo gobierno logre controlar y desarmar estas fuerzas de seguridad neutralizando o eliminando su intervención, así como también llegue a un acuerdo de paz definitivo con el ELN y otras guerrillas aún activas.

Referencia

(*) "Hay futuro si hay verdad", Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Primera edición, Bogotá, Colombia, Comisión de la Verdad, 2022. ISBN: 978-958-53874-5-4

Nota aclaratoria: La Comisión de la Verdad fue creada en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dicha Comisión fue integrada por once comisionados, los cuales fueron seleccionados en noviembre de 2017 y comenzaron a funcionar oficialmente en mayo de 2018. 

ICV Capítulo 4: Insurgencias

Introducción

En este post se incluyen algunos apartes relacionados con el tema de las Insurgencias en Colombia, tomados del Informe de la Comisión de la Verdad (ICV)* en forma sintética, respetando sus textos originales, pero suprimiendo ciertos detalles que pueden consultarse directamente desde la Plataforma digital de la Comisión, como son los testimonios, las referencias bibliográficas y las notas de pie de página. También se ha simplificado la numeración, los títulos y los subtítulos, para así atraer más lectores que pueden desanimarse al ver la extensión de los textos originales. En cada párrafo se incluye el número de la página del Informe donde se encuentra.                                    

Síntesis

“Los grupos insurgentes, desde sus orígenes en los años sesenta y setenta, estuvieron ligados al campesinado y a los colonos que huían de la violencia partidista de mediados del siglo XX hacia las zonas de colonización. Luego, en los años ochenta, en el contexto de su enfrentamiento con el Estado y su persistencia en la lucha contra un régimen político al que calificaron de excluyente, se expandieron territorialmente a regiones donde el Estado no había resuelto las demandas y conflictos por la tenencia de la tierra" (p.212)

"Esa persistencia de la guerra insurgente se explica no solo por la decisión de los miembros de la guerrilla de mantener el alzamiento armado, sino también por la permanencia de los factores objetivos que han alimentado la reproducción incesante del conflicto armado, que han sido básicamente dos. De un lado, el modelo económico imperante, que ha favorecido los intereses económicos de las élites y desprotegido a los sectores más vulnerables, como los campesinos, las comunidades étnicas y los pobladores urbanos sometidos a altos niveles de pobreza, informalidad económica y carencia de bienes públicos; y de otro lado, la ausencia de consolidación de una democracia con mayor participación y representación política de importantes sectores de la población, más allá de la clase política tradicional” (p.213)

Contextos, transformaciones estratégicas e intensificación de la violencia 

“En desarrollo de sus objetivos revolucionarios en los años sesenta, las guerrillas buscaron relaciones y apoyos en distintas partes del país. Esta inserción los llevó a considerar regiones como «sus» territorios. Específicamente, las FARC se asentaron e insertaron en las zonas altas y medias de las cordilleras andinas en Sumapaz, El Pato y El Guayabero, y en el norte del Cauca, así como en el sur del Tolima, donde quedaba Marquetalia, cuyo bombardeo, ataque y ocupación por parte del Ejército en 1964 se convirtió en el hecho fundacional de las guerrillas de las FARC" (p.218)

"El EPL se insertó en las partes altas y medias de los ríos Sinú y San Jorge, en el sur de Córdoba, en el contexto de la lucha por la tierra entre el campesinado y los terratenientes. El ELN lo hizo en el Magdalena Medio santandereano, en la serranía de los Yariguíes, desde donde incursionó hacia el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar en la serranía de San Lucas. Desde mediados de los años setenta, el M-19 hizo presencia en zonas urbanas como Bogotá y Cali, y luego en el sur del piedemonte de Caquetá, en Putumayo y en el norte del Cauca, en el marco de las disputas por la tierra entre indígenas y terratenientes” (p.218)

“Durante el último año de negociación y los primeros años de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, fue evidente el descenso de los indicadores de violencia en distintas regiones del país. Un panorama positivo que, como en el pasado con otros procesos de paz y acuerdos con las guerrillas, fue aprovechado por el movimiento social como oportunidad para tramitar sus demandas sociales represadas por la vía pacífica" (p.226)

Pronto este esfuerzo de resistencia y de valor comenzaría a ser revertido. El desarrollo de las negociaciones, sus contenidos y su implementación se enfrentaron a problemas como las fallas en la comunicación para promocionar los beneficios de la paz; la incapacidad del Estado en los niveles locales y sublocales para hacer una presencia integral; la resistencia de los poderes locales y regionales a las reformas y los diálogos; la desconfianza y el escepticismo de una parte importante de la población; y la hostilidad de algunos medios de comunicación y sectores políticos para con el acuerdo de paz con las FARC-EP” (p.227)

“El triunfo del «No», por una diferencia de 60.000 votos y con una abstención del 62% en la refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en Colombia, facilitó el escenario de polarización y deslegitimación de lo pactado en La Habana y determinó los límites en la implementación de dicho acuerdo, favoreciendo con ello la persistencia del conflicto armado. Ese resultado minó la confianza, alimentó la estigmatización y condicionó el proceso de reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC-EP, situación agravada por la división interna de las FARC-EP y la emergencia de disidencias que se han convertido en un factor directo de inseguridad para los excombatientes" (p.227)

El punto de no retorno 

“La avidez por la consecución de recursos para desarrollar sus objetivos militares y estratégicos de los años noventa y dos mil llevó a las FARC-EP, en varias de las zonas productoras de coca en el suroriente, a dar el paso a progresivamente controlar el mercado, es decir, imponer precios a la pasta básica de cocaína e intermediar con los carteles para su salida. Investigaciones previas señalan que el narcotráfico representaba cerca del 41 % de los ingresos de la organización guerrillera para este periodo, que a su vez coincide con el pico de secuestros. Esto les permitió la obtención de mayores recursos y posibilitó el crecimiento de efectivos, armamento y la mejora sustancial de su infraestructura militar (p.229)

“En el caso tanto del ELN como de las FARC-EP, la priorización de los objetivos militares y un mayor involucramiento en la regulación de los mercados derivados de las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal implicaron un quiebre definitivo de las relaciones iniciales con la población civil, en las que anteriormente fue central lo que los grupos guerrilleros denominaron el trabajo político y de organización de los pobladores en los territorios donde hicieron presencia” (p.231)

Responsabilidad de las insurgencias en la crisis humanitaria 

“Los grupos guerrilleros, en desarrollo de sus objetivos militares y de control del territorio y la población, victimizaron a la población civil, en particular a determinados sectores políticos y económicos a los que declararon objetivo militar. Si bien en todo conflicto armado es consustancial al mismo la consideración del otro bando como enemigo, en el caso de las guerrillas la extensión de la noción de enemigo incluyó la consideración de los sectores económicos o políticos dominantes como parte del «enemigo de clase», interpretación extendida a los políticos, a la élite y, en general, a cualquier persona adinerada o detentadora de poder público" (p.232)

La muerte suspendida del secuestro 

“Los secuestros y la toma de rehenes han sido sobre todo llevados a cabo por las organizaciones guerrilleras y muchas veces durante muchos meses o años. Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40% de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24% (10.538 víctimas) y el ELN con 19% (9.538). También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9%). En algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado” (p.233)

“la Comisión de Verdad puede afirmar que el secuestro de civiles por parte de las organizaciones guerrilleras constituyó un crimen de guerra. La privación de libertad de una persona dentro del marco del conflicto armado, seguida de la formulación de una exigencia para garantizar su libertad o seguridad, es una toma de rehenes, según el derecho internacional humanitario. Pero, además, las condiciones infrahumanas en que se dieron dichas detenciones, así como los tratos inhumanos que sufrieron muchas personas, deben ser calificados como torturas” (p.234)

El crecimiento militar y el agravamiento de la crisis humanitaria 

“Los ataques a infraestructuras militares, policiales y civiles llevaron a una violencia que afectó de forma masiva a la población civil. Un ejemplo ocurrió el 7 de febrero de 2003 con el atentado al Club El Nogal, en Bogotá, un lugar de esparcimiento, encuentros y deporte de numerosas personas de alto estatus económico, atacado por las FARC-EP al ser considerado como un espacio de contactos y reuniones de miembros del Gobierno con líderes paramilitares" (p.235)

Reclutamiento forzado de menores 

“Las FARC-EP, especialmente, pero también el ELN, pasaron a considerar el reclutamiento de menores en sus filas como una forma de fortalecimiento militar extensiva. Niños y niñas sin la capacidad de decidir por su edad y condiciones sociales, sin posibilidades de salir de la guerra, utilizando la propia desprotección del Estado como un mecanismo para facilitar su reclutamiento, o estimulando la participación de menores que a su vez habían sido víctimas o habían perdido familiares a manos del Ejército o los grupos paramilitares, sin tener en cuenta los impactos que todo ello iba a suponer" (p.237)

Órdenes violentos guerrilleros y relaciones con la población civil 

"Por su parte, los respectivos Gobiernos del Frente Nacional, las Fuerzas Militares y las élites políticas y económicas llevaron la lógica y la doctrina del enemigo interno y del «peligro comunista» hasta sus últimas consecuencias. En ese contexto, se les dio el tratamiento de «zonas rojas» a las regiones en las que se asentaron los grupos guerrilleros, considerando a la población civil como enemigo” (243)

“En cuanto al EPL, siguiendo sus principios maoístas ligados a la guerra popular y prolongada, decidió insertarse en el sur de Córdoba, donde las disputas por la tierra generaban inconformidad en los campesinos, que facilitaban su trabajo político y social" (p.244) 

Orden violento en la zona de despeje del Caguán 

“Los diálogos del Caguán terminaron por imponer drásticos cambios en la presencia y relación de las FARC-EP con la población y los territorios. La creación de la zona de despeje –San Vicente del Caguán en Caquetá, y La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa en Meta – en 1998 implicó el retiro de la presencia judicial y militar en los municipios allí ubicados para brindar garantías y condiciones para el diálogo y facilitar la negociación con las FARC- EP" (p.250)

“Pero la decisión de impedir cualquier presencia o actuación de las autoridades estatales, incluidas las locales y regionales, implicó el aumento de las tensiones con los pobladores, ya que para los habitantes de esas zonas una de sus reivindicaciones centrales era la presencia más efectiva del Estado y su incorporación en igualdad de derechos a la vida política y económica del país. Estas reivindicaciones chocaban con la idea de las FARC-EP, que ahora enfatizaban en un control más militar de los territorios, donde la presencia de programas o autoridades estatales no era pertinente para su relacionamiento con la población y su control del territorio. Por ejemplo, en municipios como Vistahermosa, en donde no había hegemonía de la guerrilla ni del orden estatal inicialmente, el vacío dejado por las instituciones del Estado facilitó el afianzamiento del control insurgente. En numerosos testimonios se muestra la relación entre el orden impuesto y los castigos severos, incluso la muerte, para quienes violaran las reglas” (p.251)

La presencia histórica del ELN en el Sarare 

“Este poder social, más el descubrimiento del petróleo y la elección popular de alcaldes en los años ochenta de la mano de algunas redes políticas liberales, le permitieron al ELN tener la hegemonía en el Sarare y configurar un entramado de alianzas que se reforzó entre sí: su relación con las comunidades se vio potencializada con el poder político (redes liberales) y económico (petróleo), y, a su vez, estos dos últimos ámbitos reforzaban su papel, al irrigar y beneficiar a las comunidades con las rentas petroleras «como cualquier otra maquinaria política del bipartidismo tradicional» (p.254)

“Algo parecido hizo esta guerrilla en otras zonas del país. En el Bajo Cauca influenciaron y regularon las explotaciones y organizaciones de campesinos y colonos mineros. En Cauca trabajaron de la mano del campesinado andino que se fue asentando en el piedemonte y que estaba en tensión con las comunidades negras e indígenas. En el Cesar y La Guajira buscaron incidir en los pliegos de peticiones de los trabajadores palmeros, de los campesinos expropiados por El Cerrejón y sobre las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En Catatumbo buscaron tener incidencia en las demandas de las familias colonas, de los obreros petroleros y de la gente que huyó del mundo andino por la Violencia. Las demandas eran por la formalización de las propiedades, un trato menos militarizado y la provisión de una mejor infraestructura y servicios básicos. Finalmente, en el caso del sur del Bolívar, tuvo un papel relevante organizando el proceso colonizador y la explotación aurífera” (pp.254-255)

“En conclusión, la inserción de los grupos guerrilleros en los territorios a que se ha hecho mención y la posibilidad que tuvieron de mantener su presencia y posteriormente configurar órdenes violentos se debió, además de su propia capacidad organizativa y control armado, sobre todo a la incapacidad del Estado para ganarse la confianza de los pobladores y ser considerado legítimo, para tramitar por la vía pacífica los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales de esas comunidades. Esta situación de escasa legitimidad y capacidad de regulación ha sido un factor de persistencia del conflicto que explica la posibilidad de que grupos armados distintos al Estado hayan podido suplir sus funciones en algunos territorios” (p.255)

Entramados guerrilleros, partidos políticos y movimientos sociales 

“Las guerrillas han intentado cooptar organizaciones para tener apoyo, recursos o influir en sus demandas para ganar poder político. Estas dinámicas han sido distintas en diferentes momentos históricos o grupos armados y han estado sometidas a múltiples contradicciones políticas o étnicas. Mientras algunas guerrillas intentaron a través de su actuación militar tener legitimidad social con golpes de efecto audaces o ataques contra sectores económicos importantes en áreas urbanas, como el M-19 en los años setenta y ochenta –que también fue autor del asalto armado al Palacio de Justicia en 1985–, otras como las FARC-EP, el ELN o el EPL desarrollaron sus bases de trabajo en áreas rurales más desprotegidas, donde mantuvieron durante años una relación estrecha con la población y el territorio, justamente debido a su presencia cotidiana” (p.257)

“La negación de la autonomía de movimientos y luchas sociales y los intentos de control por parte de guerrillas han sido en parte utilizados para justificar los ataques por parte de agentes del Estado o de los paramilitares, y también estas respuestas utilizadas para reforzar el intento de control de las guerrillas. La Comisión insiste en que las afinidades políticas y simpatías ideológicas no significan pertenencia ni subordinación a las estructuras guerrilleras, y que no hay justificación alguna para la estigmatización, la persecución o la eliminación de los miembros de movimientos políticos y sociales. El Estado de derecho funciona investigando las posibles conductas delictivas, según estándares internacionales, la propia Constitución y las leyes y jurisprudencia de las altas cortes, por lo que es el derecho y no los actores de la guerra quien tiene el deber de investigar acusaciones o señalamientos. La restauración de la confianza y la convivencia en los territorios todavía pasa por estas premisas en la actualidad” (p.258)

“Del lado de las guerrillas, la persistente intención de infiltrar, influir o instrumentalizar la movilización social y la protesta ciudadana para ponerla en función de sus objetivos políticos y militares fue parte de su modus operandi, pero también volvió vulnerables los procesos sociales y aumentó los desafíos que tuvo que enfrentar el movimiento social para exigir sus derechos en medio del conflicto armado. La Comisión hace un llamado a este reconocimiento y a que se respete por parte de los diferentes grupos insurgentes aún activos esta independencia, así como las demandas y propuestas desde las víctimas, las comunidades afectadas y los movimientos sociales" (p.259)

Izquierda política y guerrillas 

“En su gobierno, el presidente Belisario Betancur (1982-1986) puso en marcha un proceso de paz que reconoció las causas objetivas de la violencia, impulsó el diálogo con las guerrillas y admitió la necesidad de importantes reformas políticas como la elección popular de alcaldes. Sin embargo, enfrentó la más fuerte resistencia y oposición de los poderes locales y regionales, los gremios, los mandos militares y sectores de la clase política" (p.262)

"La Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz (JEP) determinaron 8.300 víctimas de todas las violaciones, incluyendo atentados, torturas, desplazamiento forzado, amenazas o violencia sexual, entre otras, que tuvieron la intención de destruir a la UP. De ellas, 5.733 fueron muertos y desaparecidos, es decir, el 60% de las violaciones cometidas contra miembros o simpatizantes de dicho partido, lo que muestra una proporción de violencia letal orientada a acabar con el grupo político. No hay en la historia de Colombia ni en el mundo otro partido que haya sufrido un nivel de victimización similar. La violencia perpetrada contra los miembros de la Unión Patriótica fue un genocidio político y fue determinante para el regreso de las FARC-EP a la lucha armada y el refuerzo de la guerra durante las siguientes décadas” (p.263)

“Mientras, para el Partido Comunista y las FARC-EP, la combinación de todas las formas de lucha, que implicaba el desarrollo simultáneo de la acción política legal del partido y la lucha armada de las FARC-EP, fue la adecuación de los postulados ideológicos y doctrinales del marxismo-leninismo a las condiciones particulares de Colombia; por eso, afirmaban que fue una respuesta a la violencia estatal, paraestatal y de las clases dirigentes que se han opuesto históricamente a cualquier posibilidad de cambio del régimen político y del modelo económico" (p.264)

“Para finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, la experiencia del genocidio de la UP, que contrastaba con el proceso de desmovilización y participación del M-19 y el EPL en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1991, implicó varias rupturas al interior de la tendencia comunista. De un lado, inclinó la balanza y, según su opinión, llenó de razones a quienes enfatizaban en la lucha armada como respuesta a la violencia paramilitar y al fracaso de los diálogos. Incluso, propusieron como única opción la clandestinidad y llamaban al resto a unirse a las FARC-EP, tal como lo sugirieron Jacobo Arenas y Manuel Marulanda. De otro lado, produjo que un sector de los dirigentes de la UP, liderado entre otros por Bernardo Jaramillo Ossa, Angelino Garzón y Diego Montaña Cuéllar, insistiera en la definitiva ruptura con la lucha armada y el total deslinde con las FARC-EP, y llamaba a esta guerrilla a desmovilizarse y a participar activamente en la lucha política, legal y electoral, al igual que lo estaban haciendo el M-19 y el EPL" (p.265)

“En ese momento, el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) rechazó la propuesta realizada por la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB) de que algunos de sus miembros participaran en la Constituyente como parte del proceso de negociación. La negativa no pudo ser más contundente y cargada de simbolismos: el 9 de diciembre, día en que se elegiría a los representantes de la ANC, se realizó el bombardeo del campamento de Casa Verde contra la dirigencia de las FARC-EP. De manera retrospectiva, Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante de las FARC-EP, manifestó lo siguiente sobre ese momento: «Llega Gaviria y, desafortunadamente, no sé quién lo convenció de que se la jugara por la salida militar, después de que manda una comisión a explorar allá. Ahí está el comunicado público, establece que sí hay voluntad, además en unas circunstancias mucho más favorables para el país y para todo. Entonces, desafortunadamente, Gaviria no recoge ese sentir de la posibilidad de avanzar en el diálogo y se la juega por la solución militar, solución militar que ¿qué produjo en nosotros?, pues que nos hubiéramos dedicado mucho a ese plan estratégico, y que, a raíz de eso, pues toda la gente que estaba concentrada en la región que llamaban Casa Verde se despliega por toda la región del Llano, y comienza a sentirse ya más accionar militar que antes no se conocía»” (pp.269-270)

“La experiencia de la UP y el papel inicial que jugaron los miembros de las FARC-EP implicaron el comienzo de dos transformaciones centrales en su relación con el campo político en los años noventa: en primer lugar, ese encuentro con la política local permitió a los comandantes y a los mandos medios tomar conciencia de la importancia del juego político regional para sus objetivos. En segundo lugar, fue el escenario donde las FARC-EP aprendieron, de manera concreta y práctica, que podían participar e influir en las arenas políticas sin la tutela del Partido Comunista. Para las víctimas del genocidio de la UP y las comunidades y bases sociales del partido, supuso el exterminio físico, la persecución permanente, la ausencia de protección del Estado y el fin de una esperanza de transformación y participación política” (p. 270)

“De otro lado, la relación del ELN con la izquierda política legal y los movimientos sociales tuvo una trayectoria distinta. En la primera etapa (1964-1977), marcada por el inicio fundacional del proyecto armado, esta guerrilla tuvo dos vasos comunicantes con el mundo social, bastante diferenciados. Uno en sus zonas de presencia en los espacios rurales y otro con procesos organizativos en el mundo urbano. Más adelante, en la segunda etapa (1978-1990), en pleno proceso de recomposición y expansión del proyecto armado, el ELN estuvo marcado por matices: en algunos lugares estableció fuertes articulaciones con la movilización social, en otros hubo una relación mucho más pragmática y finalmente formas más caracterizadas por un trato militarizado. Esta coyuntura estuvo marcada por una política estatal de represión y la emergencia de la denominada guerra sucia que empezaron a desatar agentes del Estado y los paramilitares, hecho que enmarca la decisión de ciertos líderes sociales de ingresar a la lucha armada” (pp.270-271)  

“En la tercera etapa (1991-2002) se produjo una ruptura del ELN con la movilización social, resultado de sus estrategias políticas y armadas para fortalecerse militarmente, lo cual implicó una militarización de las relaciones con la población y un mayor intento de control de las agendas y formas de reivindicación que llevaron a un quiebre entre insurgencias y movimientos sociales en sus zonas de influencia, situación que se vio agravada por la estrategia de guerra sucia del proyecto paramilitar. Estos dos factores enmarcan la caída en la movilización y la protesta social” (pp.271-272)

Disputas por el poder político regional 

“La reforma política y la descentralización desde finales de los años ochenta y, posteriormente, con la Constitución de 1991, pretendían promover la democracia y la autonomía local, pero determinaron el reforzamiento y la mayor imbricación del conflicto armado y las disputas por los poderes locales y regionales. En este contexto, los grupos armados, tanto guerrillas como paramilitares, aumentaron su injerencia en el sistema político. En 1988 se llevó a cabo la primera elección popular de alcaldes, y en las elecciones subsiguientes, en un intento de frenar la democracia y el fortalecimiento de la UP especialmente, el patrón de violencia contra los actores institucionales y no institucionales estuvo fuertemente ligado al desarrollo de elecciones de mandatarios en el ámbito local. A mediados de los años noventa, principalmente, tanto grupos paramilitares como grupos guerrilleros intentaron influir en los procesos políticos y electorales, bien fuera afectando su desarrollo o estableciendo un control sobre los actores políticos locales” (p.272)

“En las regiones donde hacían presencia, las FARC-EP trataron de controlar la figura legal de participación comunitaria de las juntas de acción comunal (JAC), en desarrollo de su política de organización de masas. Los excomandantes del Secretariado indicaron en entrevista colectiva que utilizaban la figura de las JAC para impulsar el trabajo de construcción de carreteras, escuelas, centros de salud, entre otros: «Las FARC éramos una guerrilla muy institucionalista, porque donde llegábamos lo primero que hacíamos era constituir una junta de acción comunal, porque ¿cómo se hacía el camino?, ¿cómo se hacía la escuela?, ¿cómo se construía el centro de salud?, ¿cómo se construían después las carreteras?, todas las carreteras de Colombia han sido construidas en la ilegalidad, investiguen eso, todas... las inversiones... no hay ninguna inversión que diga para carretera, dice para mejoramiento de camino, y eso todavía, porque la mayoría de los territorios están ley segunda, o sea no pueden... [...] ni la autoridad ambiental lo deja hacer o cae en un problema legal»” (pp.277-278)

“El caso del departamento de Arauca muestra la estrecha relación que hubo entre grupos armados y redes políticas, particularmente entre el ELN y las redes políticas liberales. En el Sarare, tanto insurgencia como redes políticas se vieron beneficiadas de estas conexiones activas, dinámicas y cambiantes" (p.281)

Después de Arauca, el sur de Bolívar fue otra de las regiones donde el ELN construyó un fuerte entramado social, político y económico. Sin embargo, la forma como militarizó las relaciones con algunos sectores de la población, su campaña de extracción de recursos y la manera como buscó fiscalizar mediante el control violento la vida política explican el retroceso de esta guerrilla” (p.281)

“Como agravante, el ELN no solo aumentó la extracción de recursos, también interfirió en las elecciones locales (1997) para crear un vacío de poder en sus regiones de influencia. Esto lo lograron ordenando la renuncia de todos los jurados de votación y de todos los candidatos locales para las alcaldías y concejos, profundizando con ello mucho más las diferencias entre estos dos actores, a tal punto que la población y los poderes locales terminaron por inclinarse a favor de la entrada paramilitar" (p.282)

“Con la prolongación del conflicto armado, los grupos guerrilleros reforzaron varias de las características más negativas de la vida política nacional: la incesante combinación entre armas política y votos, ya que en algunas regiones las FARC-EP, por ejemplo, se convirtieron en árbitro violento de las disputas por el poder local y regional; o en otras regiones se transformaron en intermediarios entre el Estado, los territorios y sus pobladores, a través de los mismos mecanismos y prácticas clientelistas que le criticaban a la clase política tradicional, como fue el caso del ELN en Arauca” (p.283)

Diplomacias y apoyos insurgentes 

“Con la Revolución cubana y un apoyo más decidido desde este país, se da paso a un segundo momento de conexión de las guerrillas colombianas con el extranjero. En particular, Cuba brinda apoyo al ELN, al M-19 y en menor medida a las FARC. En el caso de los países que lideraban las luchas del tercer mundo por la liberación nacional, como Libia, Vietnam y Cuba, no solo hubo apoyo político, en los años setenta también brindaron asistencia logística, es decir, entrenamientos militares y entrega de armas. Estos apoyos fueron también vistos como parte de la misma Guerra Fría reforzando el Estado su idea del enemigo interno y el apoyo de los Estados Unidos que se desarrollaba desde los años 60 en la lucha contrainsurgente. El resultado, fue la escalada del conflicto y, sobre todo, la victimización de la población civil” (p.284)

“La caída del Muro de Berlín, la internacionalización del conflicto armado colombiano y la convergencia entre narcotráfico y guerra contrainsurgente, marcan el tercer momento de conexión, caracterizada por la intensificación del conflicto armado en el marco de la guerra contra las drogas y contra el terrorismo. De esta forma, los ojos de la comunidad internacional miraron con detenimiento a Colombia, pues desde inicios de los años 90 se hicieron los primeros llamados de atención frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y los grupos paramilitares" (p.285)

“En el contexto de la ruptura de esos diálogos, el Estado utilizó el discurso de las «narcoguerrillas» y a responsabilizarlas de la crisis humanitaria que vivía el país, para obtener apoyo político y militar para la guerra, lo que se materializó primero en el Plan Colombia, que había nacido como un plan de desarrollo hacia el apoyo militar, y posteriormente el Plan Patriota. Por su parte, la guerrilla, en medio de la agudización de la guerra, en su punto más alto de su iniciativa militar, las FARC-EP recurrieron al interés y la preocupación internacional porque el DIH rigiera en Colombia y, por tanto, con un trabajo internacional concentrado en la búsqueda de reconocimiento del estatus de beligerancia. Sin embargo, la ruptura de los diálogos de El Caguán llevó a un mayor aislamiento internacional y a convertir su trabajo político en más clandestino. Tras el atentado de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, las FARC-EP fueron incluidas en el listado de organizaciones terroristas por EE.UU. y la UE” (p.285)

Dinámicas del conflicto armado posacuerdo de paz con las FARC-EP 

“En el presente, las disputas por el control de los territorios y la población civil, y la imposición de órdenes violentos se mantienen a pesar de los acuerdos de La Habana. Esto es un indicador del abandono estatal y de la imposibilidad de recuperar las zonas que estuvieron bajo el dominio fariano, que a su vez se expresan en las dificultades que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz” (p.286)

“Arauca es el polo opuesto del Caquetá. Las disidencias de los frentes 10 y 28 de las FARC- EP se han mostrado menos interesadas en regular la vida social y más en promover actividades económicas que les brinden los medios suficientes para su subsistencia… En el Pacífico nariñense, las disidencias que han hecho presencia han sido del Frente Oliver Sinisterra (FOS) y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) en 2017. Han impuesto un tipo de control del territorio y la población abocado a la economía cocalera y otras actividades económicas susceptibles de regulación. El Catatumbo muestra una trayectoria similar al Pacífico nariñense" (p.287)

“Estos hechos demuestran por qué en poco tiempo el país ha pasado de la esperanza que despertaron los acuerdos de La Habana a la pesadumbre que produce la inminencia de un nuevo ciclo de violencia. Ante la persistencia del conflicto y la reconfiguración de los grupos armados en determinadas regiones, surgen las preguntas: ¿qué tanto tiene el nuevo escenario de ruptura o de continuidad con las etapas anteriores?, ¿se puede afirmar que sigue existiendo un conflicto armado con características políticas o definitivamente son estructuras criminales de gran escala? Con todo, el mayor reto de la nación está pendiente: sacar definitivamente la violencia de las relaciones sociales y dejar de usarla como un medio para dirimir los diversos intereses políticos y económicos o para resolver por esa vía las diferentes conflictividades sociales, económicas y ambientales derivadas de un modelo de desarrollo desigual y excluyente"  (p.290)

Hay que insistir en que la persistencia y focalización de la violencia y el conflicto armado en determinadas regiones es un problema que no se agota con la salida militar o con los procesos de negociación y diálogo, entendidos solamente como la desmovilización de las estructuras armadas. Sin duda, se trata de un problema estructural, que puede sintetizarse en la siguiente formulación final: en Colombia pasamos de una lucha por la tierra y por la apertura del sistema político en los años sesenta y setenta, a una disputa territorial por las economías de la guerra en condiciones de una permanente crisis de representación del orden político” (p.290)

Análisis

Las guerrillas en Colombia tuvieron su origen en la desigualdad de la sociedad, las injusticias del sistema, la pobreza extrema de amplios sectores, y el olvido del Estado hacia el medio rural, inspiradas obviamente por los movimientos políticos internacionales que buscaban cambiar el sistema mediante las armas y la violencia.

En el camino se presentó la lucha de clases entre los ricos y poderosos, que buscaban  mantener sus beneficios y proteger sus intereses, mientras los marginados y empobrecidos buscaban su supervivencia, un futuro con mejores estándares de vida y oportunidades de desarrollo para sus familias, auspiciados desafortunadamente por flujos de dinero procedentes del crimen y fuentes ilícitas.

Conclusión

El uso de la violencia, tanto de parte de los grupos insurgentes como del Estado, condujeron a la lucha interminable que se mantuvo por décadas, en la que predominaron la venganza, el odio y el uso de métodos ilegales, sin principios, sin ética ni moral, olvidando la dignidad del ser humano.

Referencia

(*) "Hay futuro si hay verdad", Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Primera edición, Bogotá, Colombia, Comisión de la Verdad, 2022. ISBN: 978-958-53874-5-4

Nota aclaratoria: La Comisión de la Verdad fue creada en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dicha Comisión fue integrada por once comisionados, los cuales fueron seleccionados en noviembre de 2017 y comenzaron a funcionar oficialmente en mayo de 2018. 

ICV Capítulo 3: Violaciones de derechos humanos

Introducción

En este post se incluyen algunos apartes relacionados con las Violaciones de los derechos humanos en Colombia, tomados del Informe de la Comisión de la Verdad (ICV)* en forma sintética, respetando sus textos originales, pero suprimiendo ciertos detalles que pueden consultarse directamente desde la Plataforma digital de la Comisión, como son los testimonios, las referencias bibliográficas y las notas de pie de página. También se ha simplificado la numeración, los títulos y los subtítulos, para así atraer más lectores que pueden desanimarse al ver la extensión de los textos originales. En cada párrafo se incluye el número de la página del Informe donde se encuentra.                                    

Síntesis

"Este es un conflicto armado que durante décadas ha tenido como víctima principal a la población civil, porque se ha desarrollado en medio de ella y porque controlar a la población se convirtió en la manera de tener poder sobre el territorio y el país. Conforme se fue dando la agudización del conflicto armado, la guerra fue afectando cada vez más a la población y a los territorios. Sus consecuencias no acaban cuando se frenan los picos de la violencia o cuando los hechos dejan de ser noticia. Tienen un impacto más allá, llegan hasta nuestros días. Esta es una guerra en la que las víctimas civiles han sufrido de manera simultánea múltiples violaciones de derechos humanos que se encadenaron entre sí, marcando sus vidas y las de sus familias y comunidades"(p.134)

“Las violaciones e infracciones abordadas son: homicidios (masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos) y atentados al derecho a la vida; desaparición forzada; secuestro; torturas; detenciones arbitrarias; violencias sexuales; amenazas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; trabajo forzoso; extorsión; ataques indiscriminados; ataques a bienes protegidos; desplazamiento forzado; confinamiento; despojo y pillaje. Muchas de estas acciones se dieron de manera conjunta, a veces en distintos momentos de la vida, y marcaron las biografías y la historia de familias y comunidades" (p.135)

"La mayor parte de las veces los combatientes actuaron orientados por una lógica del exterminio físico y simbólico de quien se consideraba enemigo por razones políticas, movimientos sociales o población civil a la que se estigmatizó desde diferentes bandos y grupos. Se trató de ganar la guerra controlando el tejido social. Una reconfiguración violenta del territorio mediante el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, o el control de la política local y de las regiones. Las violaciones también se cometieron con la intención de obstruir la solución política del conflicto armado, como retaliaciones y respuesta a otros hechos, y también en los intentos de implementación de acuerdos de paz” (p.135)

“Cientos de miles de homicidios se han dado en el conflicto armado. Eliminar al otro causándole la muerte es la expresión directa de la guerra. La mayor parte de esas muertes han sido intencionales, dirigidas contra una persona o grupo; otras han sido parte de acciones indiscriminadas, como por el uso de explosivos o minas" (p.140)

Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, cerca del 80 % de personas muertas en el conflicto fueron civiles y el 20 % combatientes, sumando homicidios, desapariciones forzadas que fueron letales, personas muertas en el cautiverio y víctimas mortales de minas. O sea, que, de cada diez personas muertas de manera violenta en el conflicto armado, ocho eran civiles. Sin embargo, esos datos del CNMH no tenían en cuenta el número de desaparecidos que se conoce actualmente de 121.000, lo que eleva la cifra a 90 % de víctimas civiles. La población civil fue la más afectada, por estar en medio del conflicto y porque fue las más involucrada y porque las violaciones e infracciones estuvieron dirigidas sobre todo contra ella” (p.140) 

“Según el estudio desarrollado por la Comisión junto con la JEP y HRDAG, los principales responsables de homicidios son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45% de la responsabilidad (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables del 27% de las víctimas (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12% (56.094 víctimas)" (p.142)

Las masacres 

“Entre 1958 y 2019, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron al menos 4.237 masacres, y entre 1998 y 2002 ocurrió el mayor número. Se presentaron en el 62% de los municipios del país y han cobrado la vida de 24.600 personas" (p.144)

Las masacres extendieron el terror por el país; han tenido un fuerte impacto en la paralización de grupos y de organizaciones y han desatado un mayor sentimiento de amenaza y de vulnerabilidad. Además, conllevaron un enorme impacto colectivo, alterando la cohesión comunitaria y aumentando el miedo y la desconfianza en las comunidades afectadas, además de la frecuencia con que se asociaron al desplazamiento forzado masivo, el despojo y las amenazas colectivas” (p.145)

Ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos 

“La eliminación del opositor a como diera lugar fue una de las motivaciones centrales por las cuales se presentó tan alto número de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos. Ganar la guerra, a cualquier costo, favoreció el crecimiento de muertes violentas para presentar civiles como si hubiesen pertenecido a grupos armados ilegales muertos en combate, muertes violentas dentro de los propios grupos guerrilleros, muertes violentas de modo individual de civiles vinculados con los partidos políticos y movimientos sociales y muertes hasta de ciudadanos del común, cuya investigación de los motivos solo le corresponde a la justicia” (p.146)

“En algunos casos las ejecuciones se planearon con un alto grado de sofisticación, y existían aparatos criminales para perpetrarlas, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, bajo la modalidad de presentar a civiles como si fuesen miembros de grupos armados ilegales muertos en combate. Estas se llevaron a cabo con un grado de organización que implicaba la planeación cuidadosa y una distribución de funciones en una estructura de mando. Los autores se sirvieron de la complicidad de paramilitares y algunos civiles y, para ocultar los crímenes, de la colaboración de algunos funcionarios del Estado (como de la Fiscalía, de la Justicia Penal Militar y de Medicina Legal). La JEP determinó que entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país, perpetradas bajo esta modalidad” (p.147)

Asesinatos selectivos 

“La eliminación de quienes han sido considerados como «enemigos» fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia. Se trata de la muerte directa, intencional, debido a la concepción del otro como un enemigo que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o, simplemente, porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado, al considerarlo sospechoso o simpatizante del bando contrario o, en otros casos, incluso, con base en estigmas por su condición de género o por la situación de exclusión o marginación social. Las acusaciones de «guerrillero» o «sapo» antecedieron a muchos de ellos" (p.148)

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1958 hasta 2021 se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares, grupos guerrilleros y la fuerza pública. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, aumentaron los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de esa organización" (p.149)

Según el informe de abril de 2022 de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 25 de marzo de 2022, 315 excombatientes de FARC-EP fueron asesinados y 27 desaparecidos forzosamente. Por otra parte, Indepaz reporta que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta marzo de 2022 han sido asesinadas 1.327 personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de derechos humanos” (p.150)

“De los registros existentes del CNMH sobre asesinatos selectivos, el 42 % de los asesinatos se les atribuye a grupos paramilitares, seguido de las guerrillas con 16 % y agentes del Estado con 3 %. Sin embargo, casi en cuatro de cada diez casos se desconoce la autoría (35 %), ya sea por señalar que fueron «hombres armados», a veces sin distintivos, que actuaron de noche tratando de confundir su identidad, en momentos en que actuaron a la vez dos o más grupos, o por el miedo a señalar a los culpables o por falta de confianza" (p.150)

"El análisis del caso de la UP muestra que se trató de un plan sistemático y generalizado de exterminio como ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que configuró un «genocidio de carácter político». Los hechos se produjeron como un intento de disminuir la incidencia del poder del partido que suponía una esperanza de cambio, en el contexto de un incipiente acuerdo de paz con las FARC-EP en 1985, limitando sus posibilidades de acción y participación democrática, atacando sus bases organizativas y eliminando sus liderazgos en cabeza de alcaldes, concejales, congresistas, senadores y hasta dos candidatos presidenciales, además de militantes y familiares” (p.151)

Desaparición forzada 

“La mayoría de esas personas fueron desaparecidas intencionalmente por lo que representaban para las partes en conflicto. La vinculación política o social fue uno de los motivos más determinantes que justificó esta violación. Una parte de víctimas lo fueron por ejercer liderazgos en un partido de izquierda o en un sindicato o trabajar en la defensa de los derechos humanos. Además de que, con el ocultamiento del destino y paradero de los desaparecidos, se enviaba un mensaje de terror tanto a los sectores a los que pertenecían estas víctimas como a sus familias. «A las personas las cogían, las mataban, las amarraban, las tiraban en el río. A veces les amarraban piedras o algo pesado para que las personas se fueran a las profundidades. Otros los tiraban al río y el mensaje era “el que los coja se muere” (p.152)

“La desaparición forzada de personas supone una violación del derecho a la vida que sustrae a la persona de su medio social y familiar, no se conoce qué pasó con ella, y los responsables no dan cuenta de lo sucedido, ocultan su destino, su muerte o lo que pasó. Para los familiares supone una herida abierta y el duelo permanece abierto debido a la imposibilidad de saber lo sucedido. En los casos de desapariciones forzadas donde se da la participación de agentes del Estado o de grupos con su aquiescencia, como los grupos paramilitares, al desconocimiento del destino se une el ocultamiento de la realidad o de las pruebas o la negación de información a los familiares. Otros muchos desaparecidos lo han sido tras ser reclutados, o personas secuestradas que murieron durante su cautividad, o que fueron asesinadas sobre todo por las guerrillas y de las cuales los familiares desconocen su destino" (p.153)

"La práctica de la desaparición forzada ha estado asociada en Colombia a finales de los años setenta y ochenta con la implementación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), cuando la desaparición forzada empezó a llevarse a cabo como una práctica contrainsurgente por parte de miembros de la institucionalidad armada” (p.153)

“Por una parte, fue usada como una forma de terror, por otra para ocultar los hechos que estaban siendo muy visibles y de conocimiento público en esa época. El silencio teje una niebla en los familiares y la búsqueda se convierte en una lucha y un sentido para poder saber qué pasó y asimilar la pérdida o buscar justicia. Las atrocidades, como realizar mutilaciones de cuerpos, tirar sus restos a ríos, o quemarlos en hornos crematorios en otros momentos del conflicto armado, muestran la extensión de la deshumanización y del horror a gran escala. Dichas prácticas eran parte de sus escuelas de formación de grupos paramilitares"(p.154)

“la desaparición forzada incluye en general la tortura como parte del modus operandi de los autores, y supone también no solo una herida permanente, sino un delito continuo, que sigue perpetrándose mientras se desconoce o no se proporciona información de los desaparecidos” (p.156)

Las detenciones arbitrarias 

“Las detenciones arbitrarias en el conflicto armado fueron llevadas a cabo por agentes del Estado bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a un grupo armado ilegal, por sospecha de que saben algo, o con el fin de desestructurar organizaciones sociales, atemorizar a sus integrantes, u obstaculizar procesos sociales. Fueron usadas como antesala de otras violaciones como la tortura, violencias sexuales, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales" (p.157)

"Las detenciones arbitrarias han sido usadas en el contexto de la estrategia contrainsurgente que desplegó el Estado por medio de la fuerza pública, y se implementaron (con diferentes intensidades según la época) para enfrentar los conflictos sociales y políticos. Desde 1958 diversas normas, sumadas a los estados de sitio o de excepción, han facilitado las detenciones, limitando las garantías judiciales y muchas veces cobijando detenciones arbitrarias masivas. El Estatuto de Seguridad (1978-1982) o los años de inicio de la Política de Seguridad Democrática entre 2002 y 2004 se dieron de forma mucho más masiva” (p.158)

“La Comisión entiende las detenciones arbitrarias como aquellas privaciones de la libertad efectuadas por agentes estatales, por razones y/o mediante procedimientos no contemplados en la ley. La arbitrariedad se manifiesta cuando a una persona detenida no se le ofrecen las garantías para llevar a cabo un debido proceso por un tribunal competente, independiente e imparcial, o cuando no existe una orden escrita de autoridad judicial competente ni hay captura en flagrancia, o cuando es llevada a cabo por agentes del Estado que no tienen la facultad para hacerlo, entre otras circunstancias. Durante las detenciones la víctima puede ser sometida a incomunicación o detención prolongada. El poder ejecutivo, una autoridad judicial o una administrativa ordenaron detenciones arbitrarias que no contaban con acusaciones o investigaciones previas, o se hacían bajo competencias de estados de sitio o conmoción, pero sin garantías legales para las personas detenidas; y otras fueron practicadas sin fundamento legal” (p.158)

“Se registraron detenciones masivas arbitrarias en un periodo álgido del conflicto armado entre 2002 y 2008, en lugares como Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero y Huila, entre otros. Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencia, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil, bajo el estigma de enemigo interno. El Estado capturó a cientos de personas sin pruebas y las sometió a interrogatorios y procesos para buscar información u obtener autoinculpaciones. En las detenciones arbitrarias la fabricación de pruebas falsas y la falta de independencia en la evaluación de los casos hacen parte del proceso, y la mayoría de personas detenidas quedan en libertad por la debilidad de las pruebas; muchas personas duran detenidas varios años hasta que los abogados demuestran la falsedad de las pruebas y consiguen su libertad. Sin embargo, la estigmatización continúa afectando a las víctimas, así se demuestre su inocencia”  (pp.158-159)

El secuestro, la extorsión y el pillaje 

El secuestro o toma de rehenes, como lo denomina el DIH, es un crimen reconocido y repudiado por la sociedad colombiana. Supone la privación de la libertad de una o más personas por parte de un actor armado bajo intimidación, amenaza u otros medios, que condiciona la liberación o la seguridad e integridad personal de las víctimas a la satisfacción de exigencias económicas, políticas, militares y de control territorial, entre otras"   (p.160)

"Según el Proyecto JEP-CEV-HRDAG, alrededor de 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018… Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40% de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24% (10.538 víctimas) y el ELN con 19% (9.538). También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9%). En algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado” (p.161)

“Al comienzo de la década de los setenta las guerrillas recurrieron al secuestro económico y político; el primero era una de sus fuentes financieras más importantes y, el segundo, buscaba lograr objetivos que favorecieran su poder de negociación, coacción o confrontación. Las pretensiones económicas y/o políticas fueron una constante, el secuestro afectó primero a empresarios y miembros de las élites económicas y políticas del país y, posteriormente, su extensión e indiscriminación afectó a amplios sectores de la población. Esta es una práctica intencional y extendida en la que el desprecio por la vida y el sufrimiento de las víctimas y sus familias revelan el grado de deshumanización del conflicto armado” (p.162)

“La mercantilización y deshumanización de la víctima por parte de los responsables la convierten en objeto de cambio, su vida se cambia por dinero o peticiones y si el objetivo no se logra, la víctima es asesinada. El pago del rescate no garantiza la vida de las personas secuestradas. Se registran casos en los que el grupo armado cobró el rescate varias veces y no entregaron a las personas ni vivas ni muertas, además de casos de personas muertas en cautiverio de los que no se entregaron sus restos. El secuestro por motivos políticos también cosificó a las víctimas, supuso una enorme presión sobre sus vidas que se convirtieron en objeto de coacción y desprecio, y que además quedaron en manos de sus captores y de situaciones políticas o económicas impredecibles, objeto de cambio, con el que esas exigencias y respuestas transan con su vida" (p.163)

"Durante las audiencias de reconocimiento de sus crímenes, los miembros del secretariado de las FARC-EP reconocieron que durante el secuestro de las víctimas también se presentaron violencias sexuales, desapariciones forzadas, asesinatos, tratos crueles y degradantes, así como la imposición de trabajos forzados contra ellas. Las víctimas continúan padeciendo consecuencias en su salud física y mental” (p.163)

Extorsión 

“La extorsión es una política de los grupos armados no solo para recaudar dinero, sino para controlar los territorios; la víctima es forzada a un pago para poder trabajar y vivir. La extorsión es la imposición de una contribución patrimonial arbitraria a una persona por parte de un actor del conflicto armado" (p.164)

"En las primeras décadas del conflicto armado fue sobre todo un cobro exclusivo para aquellos a quienes las guerrillas y paramilitares consideraban tenían un abundante patrimonio o poder, muchas veces con la amenaza de secuestro o asesinato. Con el tiempo se fue convirtiendo en una práctica impuesta a casi todos los habitantes que tuviesen una actividad económica sin importar sus ingresos, quienes fueron obligados a pagar cuotas, aportes o «vacunas»” (p.165)

“La Comisión documentó el mayor número de hechos en el año 2000, durante los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) en San Vicente del Caguán. Ese año se creó la Ley 002 en el marco del pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Con dicha ley se acordó el cobro del impuesto para la paz, el cual representaba, aproximadamente, el 10% de las ganancias de las empresas" (p.165)

Con estos cobros de extorsión, tanto grupos guerrilleros como paramilitares, podían regular los precios de las mercancías, manejar instituciones de salud, escuelas y profesores, permitir el paso de víveres y la construcción de infraestructura, así como controlar diversas actividades de la comunidad. Los grupos armados ilegales impusieron diferentes castigos por el incumplimiento en estos pagos, que fueron desde el aumento del valor de las cuotas, la prohibición de entrada de productos de primera necesidad, el cierre de las escuelas, el despido de profesores, hasta el desplazamiento forzado, la persecución, la desaparición y la muerte" (p.166)

"Las extorsiones han desarticulado a las comunidades y las han involucrado forzadamente con recursos utilizados por los grupos en disputa; las han estigmatizado y convertido en objetivo militar, al ser acusadas por cada bando de ser colaboradores del contrario. Y han destruido sus proyectos de vida, al obligar a quienes no podían pagar a desistir de sus actividades productivas y económicas, cerrar sus negocios y abandonar sus tierras, a trasladarse de lugar y a cambiar sus modos de vida” (p.166)

Pillaje 

“El pillaje es la apropiación o robo de bienes muebles de propiedad de una persona, organización o institución sin su consentimiento, efectuada por algún actor del conflicto armado. El robo de animales o enseres ha sido una forma de quedarse con objetos de las víctimas y propiedades para financiamiento o mantenimiento de los combatientes. También suponen una forma de estimular la violencia por parte de la tropa de diferentes actores armados. El robo opera como un estímulo de la violencia con un beneficio personal o para el grupo" (p.166)

El pillaje se realiza bajo modalidades definidas que siguen lógicas económicas, simbólicas y militares. Se usa para financiar estructuras armadas, como un método de castigo contra simpatizantes o auxiliadores del bando contrario o como un aprovechamiento inmediato de alimentos y otras mercancías a partir de la apropiación” (p.167)

“La Comisión es una de las pocas fuentes que ha registrado el pillaje en Colombia. Aunque sea una muestra pequeña, en el ejercicio de escucha se documentaron 751 hechos de pillaje, en el que los paramilitares fueron responsables del 46% de los hechos, las guerrillas del 33% y la fuerza pública del 17%. Fue precisamente entre 1998 y 2002 –periodo en que la Comisión documentó el mayor número de actos de pillaje– cuando se incrementaron las zonas en disputa y las incursiones a territorios controlados por los bandos «enemigos»" (p.167)

"El pillaje tiene impactos en el proyecto de vida de las víctimas, afecta el patrimonio de las personas y puede eliminar el producto del trabajo de toda una vida o agotar las formas y medios de subsistencia. El pillaje ahoga economías locales y proyectos productivos, y reduce las opciones laborales de las poblaciones que en algunos casos son forzadas a hacer parte de economías ilegales, como los cultivos de uso ilícito” (p.168)

Tortura 

“La tortura se refiere a actos y omisiones que causan intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, a una persona, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, castigarla por un acto cometido o intimidar o coaccionar a esa o a otras personas, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación o con un fin ilegítimo por actores armados durante en el conflicto. La tortura utiliza métodos para anular la personalidad de la víctima o producir un quiebre en su identidad, constituyendo una grave violación de los derechos humanos y un crimen bajo el derecho penal internacional. Cuando se comete de forma sistemática o a gran escala, constituye un crimen de lesa humanidad, o un crimen de guerra cuando la practican los grupos armados” (p.168)

“Durante la década de los noventa la tortura se incrementó exponencialmente como una modalidad de violencia enmarcada en el despliegue de algunas masacres perpetradas por los grupos paramilitares. Estos grupos llevaron a cabo prácticas de sevicia como el desmembramiento, mutilación, decapitación, colgamiento, descargas eléctricas, quemaduras y heridas, violaciones y abusos sexuales, ataques con animales, entre otras. Durante las masacres era frecuente que las torturas se hicieran de manera pública y los paramilitares forzaban a las personas a presenciar las torturas de miembros de su comunidad. Estas prácticas eran enseñadas en las escuelas de entrenamiento, en donde las propias crueldades fueron parte del mismo” (pp.170-171)

“La fuerza pública fue el actor que más los usó para estigmatizar a determinados grupos sociales o a poblaciones en contextos de exterminio del opositor, represión de la protesta social o de operaciones contrainsurgentes. Las prácticas de tortura se derivaron en afectaciones psicológicas y físicas en un mismo evento violento, y tuvieron impactos individuales y colectivos” (p.172)

Violencias sexuales 

“Las violencias sexuales han sido cometidas por los distintos actores del conflicto armado, en diferente medida y patrones de victimización. Este tipo de actos se cometieron casi en su totalidad por hombres. Sobre todo, se dirigen contra las mujeres en tres tipos de situaciones: los contextos de indefensión como capturas o detenciones; en el escenario de control territorial en las comunidades; o en el contexto de operativos y masacres. Las violencias sexuales en el conflicto armado son una expresión del poder sobre la vida y el cuerpo de las mujeres; ellas son marcadas por la posesión y el sometimiento de sus cuerpos y mentes” (p.173)

“También la Comisión documentó casos de hombres que sufrieron violación sexual como parte de la tortura en esas circunstancias de detenciones. Debemos tener en cuenta que también las violencias sexuales fueron perpetradas contra mujeres y hombres en contextos de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales en las que se registraron prácticas de mutilación de los genitales de las víctimas, como formas de castigo y humillación” (p.174)

Amenazas al derecho a la vida 

“Las amenazas al derecho a la vida y a la integridad personal son una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes, y que se relacionan con el conjunto de hechos de violencia. Con frecuencia la víctima de amenazas de muerte las recibe de manera reiterada. Las amenazas son, por lo general, la primera de una serie de violaciones; ellas se encadenan con el desplazamiento forzado, el exilio, el confinamiento, los atentados y homicidios, extorsiones, trabajos forzados, violencias sexuales y la tortura. Algunos de sus objetivos son la imposición de una relación de dominación sobre determinados sectores poblacionales, mantener el control territorial por medio del terror, fracturar organizaciones, frenar procesos y acallar denuncias” (pp.175-176)

“Las amenazas de muerte se llevan a cabo en general mediante medios que invisibilizan a los autores, lo que forma parte del contexto que las vuelve más siniestras. Pueden ser mediante llamadas telefónicas, panfletos, listas, cartas, o mensajes por correo electrónico y redes sociales que se pueden volver virales con facilidad" (p.178)

La amenaza no es una violación fortuita ni accidental, por el contrario, es un acto planeado en el cual el victimario tiene claro a quién va a dirigir la amenaza, el método y el medio a elegir, las palabras que va a usar, las exigencias que va a llevar a cabo y los resultados esperados. En general, se dirigen a la parálisis de la acción, a la expulsión del territorio o al exilio de la víctima. También tienen un componente colectivo cuando se trata de liderazgos sociales, étnicos o de grupos políticos, con impactos también colectivos” (p.179)

Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y trabajo forzoso 

“El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años es un crimen de guerra prohibido por el DIH. Esta práctica común y generalizada se ha dado desde hace décadas y persiste en la actualidad. También se presentó al interior de la fuerza pública en una época (tuvo personas menores de 18 años incorporadas al menos hasta 1996, cuando era legal) con registros de informes, denuncias y testimonios sobre acciones cívico-militares o de infiltración e inteligencia, en las que involucran en actividades militares a niños y niñas" (p.179)

"Las actividades que les impusieron fueron aquellas en las que los combatientes consideraban que podrían desempeñarse con mayor eficacia. Esto incluye combates, actividades de soporte, uso como guías, tareas de logística, abastecimiento o guardia de personas secuestradas. Algunas condiciones que propician el reclutamiento son los contextos de violencia, pobreza, miseria, exclusión social y ausencia, violencia o abandono familiar” (p.180)

“Dentro de las actividades más recurrentes están las de informante, infiltrado y mensajero; otros niños, niñas y adolescentes menores de 18 años participaron en combates y muchos murieron. El deseo de venganza por el asesinato de seres queridos también se mencionó como motivo de ingreso en el grupo. En ocasiones la imposición es ejercida con violencia, amenazando a las víctimas y a sus familiares" (pp.182-183)

Trabajo forzado 

"Se entiende por trabajo forzado y esclavitud como todos aquellos actos en que un grupo armado ejerce de facto un derecho de propiedad sobre una persona, pudiendo venderla, intercambiarla o someterla a trabajos no remunerados en contra de su voluntad” (p.185)

“Los combatientes lo imponen en ocasiones a modo de castigo ejemplarizante, como forma de reforzar el control de la población y forzar a las víctimas a realizar actividades útiles para el grupo armado o terceros beneficiarios (lavar, cocinar, cultivar, transportar materiales, mercancías o información, apoyo logístico). Muchos de esos trabajos forzados son de carácter público y se imponen a la vista de las comunidades” (p.185)

Los ataques indiscriminados 

“Los ataques indiscriminados son aquellas acciones bélicas que no están dirigidas de forma precisa contra otros actores armados o un objetivo militar y que, en consecuencia, ponen en riesgo o afectan a la población civil y a los bienes protegidos. Este tipo de ataques pueden darse porque se emplean armas o métodos de carácter masivo como explosivos; ejecutan ataques sin dirigirlos a objetivos militares concretos o los despliegan de forma indistinta contra objetivos militares, personas civiles y bienes protegidos" (p.186)

"Los grupos armados, principalmente las guerrillas, emplearon armas explosivas en espacios públicos, contra instalaciones militares o policiales en pueblos o ciudades y también contra bienes civiles, como escuelas, hospitales, iglesias, buses, empresas y negocios, ya fuera con una intencionalidad como parte de acciones de intimidación o ataques a sectores específicos o bien como ataques a instalaciones militares o convoyes que tuvieron este carácter indiscriminado" (p.186)

"Las comunidades se vieron afectadas por los ataques aéreos sobre zonas con presencia de viviendas campesinas o en inmediaciones de centros poblados; en otros casos por ataques con explosivos dentro de las poblaciones con el uso de carros, motos, bicicletas o animales cargados de explosivos ubicados en calles y parques. Con el uso de este tipo de armas, los responsables aseguran un impacto masivo en sus acciones” (p.187)

“En el caso de la fuerza pública, se registran bombardeos y ametrallamientos desde el aire que también han tenido efectos indiscriminados sobre la población civil y sus bienes. También se registran bombardeos directos de la Fuerza Aérea contra la población civil, como en el caso de Santo Domingo, en Tame, Arauca, que el 13 de diciembre de 1998 causó la muerte de 17 civiles, entre ellos seis niños, y 21 heridos, y la destrucción de las viviendas. Otros bombardeos y ametrallamientos han tenido como víctimas a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento por los grupos armados" (p.188)

Las minas antipersona causan lesiones, mutilaciones y muertes a adultos y a niños, niñas y adolescentes, principalmente en áreas rurales. De acuerdo con el Registro MAP MUSE de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) entre 1990 y 2022 se registraron 4.884 víctimas civiles, de las cuales 3.997 civiles fueron heridos y 887 murieron como consecuencia de la explosión de minas antipersona. De los heridos, 1.013 eran menores de edad, de los cuales 259 murieron. También se han registrado 7.286 víctimas de la fuerza pública con 5.832 heridos y 1.454 muertos por la explosión de minas antipersona" (p.189)

"Los sufrimientos que producen ese tipo de armas se extienden el tiempo y las vidas de los sobrevivientes al causar graves heridas y discapacidades por la pérdida de extremidades o afectaciones especialmente a los sentidos y suponen un enorme impacto además en las familias y sistemas de cuidado, necesidades de salud (operaciones posteriores, prótesis a reemplazar) e interferencias en la integración social y familiar (discapacidades, dependencia, entre otras)” (p.190)

Ataques a bienes protegidos 

“A medida que se agudizaron las confrontaciones, las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública llevaron a cabo ataques en que buscaron ventajas militares en territorios donde las comunidades fueron el espacio de disputa y enfrentamiento. Los ataques generan daños graves sobre casas, iglesias, escuelas, centros de salud y hospitales. Sumado al daño físico, los ataques transformaron modos de vida, afectan estructuras dedicadas a la educación o la religión, el trabajo municipal o la recreación. Dejan a las víctimas con sentimientos de desprotección e impotencia por la violación de los espacios colectivos o de protección comunitaria. Se registra de manera recurrente el uso deliberado de esos bienes protegidos como escudos en medio de los combates, o su ocupación para fines bélicos” (p.191)

“Entre los ataques a bienes protegidos se incluyen ataques a lugares de culto, ataques a bienes sanitarios, ataques a bienes culturales, ataques a la infraestructura energética y eléctrica, y finalmente ataques a oleoductos. Todos ellos con graves afectaciones para la vida de las comunidades afectadas y muchos de ellos con afectaciones para la naturaleza e incluso se registran víctimas que murieron en medio del fuego provocado” (p.192) 

El desplazamiento forzado, el confinamiento y el despojo 

“Expulsar, encerrar y desplazar fue la práctica más frecuente en las que se vulneraron valores más importantes del ser humano: su residencia, su territorio, su libre circulación, sus propiedades. El control del espacio y de la riqueza con propósitos vinculados con el conflicto armado, se hizo más fácil sacando a la gente de sus hogares o de sus sitios habituales de trabajo o limitando su movilidad, o simplemente quitándole sus tierras. Huir se convirtió en una fórmula denigrante de salvar la vida perdiendo cosas y valores y, a veces, quedarse inmóvil por la fuerza representó también una coerción a la libertad, uno de los derechos más preciados del ser humano" (p.193)

“El desplazamiento forzado se presenta cuando personas o grupos de personas se han visto obligadas a salir por la fuerza o intimidación de su residencia o de su sitio habitual de trabajo, como resultado de un acto realizado por los actores del conflicto armado, o por una violación de derechos humanos o una infracción al derecho humanitario o para evitar los efectos propios del conflicto armado, siempre y cuando no hayan cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida" (p.194)

"El desplazamiento forzado provoca el rompimiento del modo de vida de las víctimas, quienes deben volver a empezar y reconstruir su vida muchas veces en barrios marginales de ciudades o en zonas de conflicto armado, en condiciones de desprotección. La pérdida de modos de vida, identidades fundamentalmente campesinas, posibilidades productivas y dinámicas culturales ha sido una catástrofe que si bien ha sido conocida en el país, es silente especialmente en cuanto sus efectos sociales” (p.194)

“La población sufrió un desplazamiento igualmente masivo durante el periodo de la Violencia (1946-1958), y luego un nuevo ciclo de desplazamiento forzado masivo durante el conflicto armado de grandes proporciones, en el que a partir de 1995 y hasta 2002 tuvo su crecimiento mayor. En ese año se registra la cifra más elevada, con 730.904 víctimas. Esta situación agravó la crisis humanitaria en los territorios y ciudades. Después del aumento mencionado, hasta 2008 se mantuvo en niveles cercanos a las 400.000 víctimas anuales, para bajar y mantenerse hasta 2014 a cifras alrededor de las 250.000 víctimas y desde ahí ver una disminución sustancial que coincidió con la firma del Acuerdo de Paz en 2016” (p.195)

Confinamiento

“El confinamiento se presenta en regiones en las que los actores armados ejercen control territorial. Esta violación ha sido perpetrada por las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública; restringe la movilidad de personas consideradas como las bases del enemigo o como testigos tránsitos de personas y mercancías que no deben ser vistos" (p.198)

"El confinamiento es la restricción de la movilidad impuesta a una persona o personas por actores del conflicto armado que les impiden salir de su entorno, ya sea personal, familiar o comunitario. A diferencia del desplazamiento forzado, el confinamiento no tiene un impacto poblacional directo en los centros económicos y políticos del país; suele darse en zonas disputadas por los actores armados durante periodos específicos y abarca distintas prácticas de control poblacional y territorial, circunstancias que impactan en la visibilidad, el reconocimiento y la comprensión de esta violación de derechos humanos" (p.199)

Despojo de tierras 

“La tierra, territorios y recursos naturales son un botín de guerra para entramados compuestos por diversos actores armados legales e ilegales. Estos han expulsado a las comunidades rurales de sus territorios, mediante el uso de mecanismos violentos, políticos, administrativos y judiciales para facilitar el proceso de acumulación de tierra en pocas manos, agravando la desigualdad y la problemática agraria" (p.201)

"La Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas y de restitución de tierras) definió el despojo como «la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia»” (p.201)

“El despojo es una empresa criminal mediante la cual fueron arrebatadas propiedades y territorios a personas y comunidades durante el conflicto armado, y posibilitó o condujo a su apropiación por parte de terceros que se beneficiaron de la violencia y el sufrimiento causado a las víctimas… También se llevó a cabo para asegurar y robustecer actividades empresariales en zonas de conflicto armado; controlar las economías ilícitas; concentrar y acumular la tierra en manos de pocos propietarios mediante el uso de mecanismos violentos, políticos, administrativos y judiciales y así para acrecentar sus capitales" (p.201)

"La Encuesta Nacional de Víctimas de la Contraloría de 2013 muestra que más de 537.503 familias de civiles que han sido despojadas de sus tierras o las han tenido que abandonar a la fuerza entre 1985 y 2013 y, según la misma fuente, más de ocho millones de hectáreas despojadas o abandonadas entre 1995 y 2004, equivalentes al tamaño de países como Austria o a 50 veces la superficie de Bogotá. Casi la totalidad de las víctimas queda condenada a sobrevivir en condiciones de desarraigo y pobreza, además de la pérdida de vínculos e identidad que supone para la población campesina y étnica, y la base material de su sustento” (p.202)

“Factores como la concentración de la propiedad y la especulación con la tierra, las disputas por los territorios estratégicos para el negocio del narcotráfico o para el beneficio de proyectos minero energéticos, agroindustriales, de infraestructura y de ganadería extensiva, propician estas dinámicas del despojo de tierras. En él pueden intervenir los grupos armados que desplazan forzadamente a la población, los beneficiarios que despojan a las víctimas mediante el robo, el engaño o la compra a precios irrisorios, y algunos funcionarios de instituciones como notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos que legalizan el despojo, ayudadas por los vacíos normativos o mediante la violación de las leyes” (p.202)

“En menor proporción, pero no menos grave, otros agentes del Estado también han sido responsables de esta violación por forjar alianzas con grupos paramilitares y ser cómplices del despojo desde sus puestos de poder, o por tener comportamientos omisivos que conducen al éxodo masivo de poblaciones enteras y al despojo de sus tierras y territorios. Tal como ocurrió en la región de Urabá, donde la fuerza pública participó en la creación de las Convivir, además de tejer alianzas con empresarios, narcotraficantes y ganaderos que se apropiaron de tierras rurales y territorios étnicos para la expansión de sus proyectos productivos" (p.202)

El despojo de tierras tiene referencias inclusive anteriores a los datos conocidos y coincide con un proceso en el que se incrementa la concentración de la tierra en pocas manos: entre 1984 y 2003 las propiedades de más de 500 hectáreas pasaron de representar 32,7% (1984) al 62,6% (2003), mientras que la superficie de los predios de menos de veinte hectáreas se redujeron de 14,6% a 8,8%. Lo anterior indica que tanto el despojo como el desplazamiento forzado agravaron la inequitativa distribución de la tierra en Colombia” (p.203)

“El desplazamiento forzado y el despojo no son violaciones que golpean solo a comunidades rurales. Ambos afectan también a comunidades que habitan barrios marginales de centros poblados intermedios y cabeceras departamentales. Ciudades capitales como Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cartagena y Quibdó, entre otras, y ciudades intermedias como Buenaventura, Tumaco, Soacha, son a la vez centros receptores y expulsores de población desplazada.” (p.204)

Responsabilidades en las violaciones de derechos humanos 

“La violencia tiene un carácter intencional en el contexto del conflicto armado, orientada a tener control, ganar fuerza, paralizar, destruir al enemigo y así conquistar objetivos políticos o militares, cambios y transformaciones, seguridad y mantenimiento del status quo. Pero las dimensiones del conflicto muestran también responsabilidades éticas, históricas y políticas, desde el punto de vista y mandato extrajudicial de la Comisión" (p.205)

"Un aspecto crucial relacionado con la violencia ocurrida en el contexto del conflicto armado son las responsabilidades de los diferentes actores que han participado en él. Agentes e instituciones estatales, grupos paramilitares y grupos guerrilleros, así como otros civiles o grupos que tuvieron diferentes tipos y grados de responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos y de graves infracciones al DIH" (p.205)

"Son múltiples las responsabilidades en el conflicto armado y no se refieren solo a los autores materiales o la relación directa de responsable-víctima. Además, el esclarecimiento de las dinámicas del conflicto armado muestra que no solo se trata de “actores” o grupos armados, o personas que participaron directamente en las hostilidades. De diferentes maneras, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros, las entidades estatales y terceros civiles del sector económico, político y élites regionales, han tejido y actuado mediante alianzas, en redes en donde confluyen mayores y menores niveles de responsabilidad” (p.206)

“El enfrentamiento inicial entre la fuerza pública y las guerrillas, posteriormente agravada con la participación paulatina de los grupos paramilitares y también de otros agentes del Estado y sectores civiles, hace que estos actores sean responsables de ese universo de víctimas que, según el resultado final de la integración de bases de datos del proyecto JEP- CEV-HRDAG, corresponde a 450.666 muertos, 121.768 desaparecidos de manera forzada, 50.770 secuestrados, 16.238 niños, niñas y adolescentes reclutados y alrededor de 8 millones de desplazados. Asimismo, de acuerdo con los registros oficiales y el estudio realizado por la Comisión junto con el Acnur para el periodo entre 1982 a 2020, más de un millón de personas que tuvieron que salir del país, buscar protección internacional con diferentes estatus o reconocimiento a diferentes países” (p.206)

“La responsabilidad del Estado en el conflicto armado, que debe respetar y garantizar los derechos de los colombianos y colombianas y de cualquier persona sujeta a su jurisdicción, se configura tanto por su participación directa en violaciones graves de derechos humanos e infracciones al DIH por miembros de las instituciones, como por su falta de prevención, investigación y sanción de dichas violaciones e infracciones" (p.207)

"La impunidad ha favorecido, entre otros efectos, la persistencia de violaciones de derechos humanos, así como de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Fiscalía General de la Nación en no pocas ocasiones ha sido omisiva en la investigación y acusación de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH de los que se han beneficiado actores armados, algunas empresas nacionales, multinacionales, actores políticos y terceros” (p.207)

“El Estado colombiano también compromete su responsabilidad por la existencia del paramilitarismo y por el accionar de estos grupos. Aunque hasta finales de la década de los ochenta los grupos paramilitares actuaron como agentes del Estado, en razón de las autorizaciones legales existentes para su conformación y funcionamiento, así como contaron con cobertura legal entre 1995-1997 con el funcionamiento de las Convivir” (p.208)

“El paramilitarismo no se trató de simples grupos armados ilegales o ejércitos privados. Fue un entramado de relaciones estrechas entre diversos sectores del narcotráfico, la economía legal e ilegal, el Estado y sectores políticos y empresariales de la sociedad civil, desde el orden regional y nacional, que contribuyeron en su creación, funcionamiento y expansión, con diferentes propósitos como la lucha antisubversiva y el control de economías lícitas e ilícitas. Los vínculos entre los grupos paramilitares y la fuerza pública fueron más evidentes de lo que se sabía, y nunca fueron reconocidos. La relación de sectores de las Fuerzas Militares con las autodefensas y paramilitares fue determinante tanto para la creación de estas, como para su expansión y consolidación. Las Fuerzas Militares y los gobiernos tienen una corresponsabilidad con el paramilitarismo en lo que ello ha supuesto para las víctimas y el país” (p.208)

“El paramilitarismo empleó formas de violencia cada vez más crueles y de forma más masiva, no solo para combatir a las guerrillas y atacar a quienes consideraba sus bases sociales, sino que controló el narcotráfico para beneficio propio y de muchas personas, incluyendo políticos, empresarios y agentes del Estado. Los narcotraficantes se han introducido en la política al acceder incluso a cargos públicos de elección popular. La «parapolítica» dio a entender que fueron los políticos quienes buscaron a los paramilitares, con el aliciente del narcotráfico de por medio. No solo los recursos del narcotráfico han servido para financiar numerosas campañas electorales, sino que han beneficiado a muchos políticos en el ámbito local, departamental y nacional. La economía del país no se explica sin el narcotráfico y esto involucra una responsabilidad colectiva e institucional. La gravedad de esta alianza explica en buena parte la persistencia del conflicto armado” (p.209)

“Las diferentes organizaciones guerrilleras cometieron graves infracciones del DIH y abusos de derechos humanos de forma extensiva. Las guerrillas son responsables, en primer lugar, por haber tomado decisiones de orden político y estratégico que llevaron a un crecimiento y expansión de su violencia en el territorio nacional con un gran impacto en la población civil" (p.209)

“En los años de mayor confrontación armada, las guerrillas, pero especialmente las FARC-EP y el ELN, usaron métodos y medios prohibidos como minas antipersonales o los llamados cilindros bomba que terminaron afectando indistintamente a civiles y combatientes con muertes de pobladores de todas las edades. Por otra parte, las guerrillas fueron responsables también de extorsiones y la captura de rentas del Estado y el control del poder político en las zonas en que han tenido una presencia durante décadas, atacando incluso a los responsables políticos elegidos, lo que supone un ataque a la democracia” (p.210)

“Tener tantas violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, durante tantos años, en casi todos los rincones del país, realizadas por los diferentes actores del conflicto, contra millones de personas, hizo que Colombia fuese reconocida como una de las democracias más violentas del mundo. Qué paradoja que un país que se jacta de tener una de las democracias más antiguas del continente americano sea una sociedad que se haya atacado a sí misma con semejantes niveles de violencia. Y no fue una violencia cualquiera. Fueron miles y miles de hechos que afectaron durante décadas sobre todo a civiles, en la gran mayoría de los casos en absoluta indefensión, que no eran partícipes directos en las hostilidades” (p.211)Comisión 

Análisis

En el conflicto armado en Colombia predominaron el uso de métodos condenados por la civilización mediante el derecho internacional humanitario, que condujeron a los bandos en conflicto a cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. De tal manera que no existió propiamente una guerra entre ejércitos, sino asesinatos selectivos  e indiscriminados, contra población indefensa.

Conclusión

La Comisión de la Verdad llegó a contabilizar cerca de 450,000 homicidios, más de 100,000 desapariciones y 50,000 secuestros, cifras espeluznantes que producen rechazo a esa espiral de violencia, especialmente cuando se pudo establecer que el 80 por ciento de personas asesinadas eran personas civiles no combatientes.

Referencia

(*) "Hay futuro si hay verdad", Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Primera edición, Bogotá, Colombia, Comisión de la Verdad, 2022. ISBN: 978-958-53874-5-4

Nota aclaratoria: La Comisión de la Verdad fue creada en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dicha Comisión fue integrada por once comisionados, los cuales fueron seleccionados en noviembre de 2017 y comenzaron a funcionar oficialmente en mayo de 2018.