ICV Capítulo 4: Insurgencias

Introducción

En este post se incluyen algunos apartes relacionados con el tema de las Insurgencias en Colombia, tomados del Informe de la Comisión de la Verdad (ICV)* en forma sintética, respetando sus textos originales, pero suprimiendo ciertos detalles que pueden consultarse directamente desde la Plataforma digital de la Comisión, como son los testimonios, las referencias bibliográficas y las notas de pie de página. También se ha simplificado la numeración, los títulos y los subtítulos, para así atraer más lectores que pueden desanimarse al ver la extensión de los textos originales. En cada párrafo se incluye el número de la página del Informe donde se encuentra.                                    

Síntesis

“Los grupos insurgentes, desde sus orígenes en los años sesenta y setenta, estuvieron ligados al campesinado y a los colonos que huían de la violencia partidista de mediados del siglo XX hacia las zonas de colonización. Luego, en los años ochenta, en el contexto de su enfrentamiento con el Estado y su persistencia en la lucha contra un régimen político al que calificaron de excluyente, se expandieron territorialmente a regiones donde el Estado no había resuelto las demandas y conflictos por la tenencia de la tierra" (p.212)

"Esa persistencia de la guerra insurgente se explica no solo por la decisión de los miembros de la guerrilla de mantener el alzamiento armado, sino también por la permanencia de los factores objetivos que han alimentado la reproducción incesante del conflicto armado, que han sido básicamente dos. De un lado, el modelo económico imperante, que ha favorecido los intereses económicos de las élites y desprotegido a los sectores más vulnerables, como los campesinos, las comunidades étnicas y los pobladores urbanos sometidos a altos niveles de pobreza, informalidad económica y carencia de bienes públicos; y de otro lado, la ausencia de consolidación de una democracia con mayor participación y representación política de importantes sectores de la población, más allá de la clase política tradicional” (p.213)

Contextos, transformaciones estratégicas e intensificación de la violencia 

“En desarrollo de sus objetivos revolucionarios en los años sesenta, las guerrillas buscaron relaciones y apoyos en distintas partes del país. Esta inserción los llevó a considerar regiones como «sus» territorios. Específicamente, las FARC se asentaron e insertaron en las zonas altas y medias de las cordilleras andinas en Sumapaz, El Pato y El Guayabero, y en el norte del Cauca, así como en el sur del Tolima, donde quedaba Marquetalia, cuyo bombardeo, ataque y ocupación por parte del Ejército en 1964 se convirtió en el hecho fundacional de las guerrillas de las FARC" (p.218)

"El EPL se insertó en las partes altas y medias de los ríos Sinú y San Jorge, en el sur de Córdoba, en el contexto de la lucha por la tierra entre el campesinado y los terratenientes. El ELN lo hizo en el Magdalena Medio santandereano, en la serranía de los Yariguíes, desde donde incursionó hacia el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar en la serranía de San Lucas. Desde mediados de los años setenta, el M-19 hizo presencia en zonas urbanas como Bogotá y Cali, y luego en el sur del piedemonte de Caquetá, en Putumayo y en el norte del Cauca, en el marco de las disputas por la tierra entre indígenas y terratenientes” (p.218)

“Durante el último año de negociación y los primeros años de implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, fue evidente el descenso de los indicadores de violencia en distintas regiones del país. Un panorama positivo que, como en el pasado con otros procesos de paz y acuerdos con las guerrillas, fue aprovechado por el movimiento social como oportunidad para tramitar sus demandas sociales represadas por la vía pacífica" (p.226)

Pronto este esfuerzo de resistencia y de valor comenzaría a ser revertido. El desarrollo de las negociaciones, sus contenidos y su implementación se enfrentaron a problemas como las fallas en la comunicación para promocionar los beneficios de la paz; la incapacidad del Estado en los niveles locales y sublocales para hacer una presencia integral; la resistencia de los poderes locales y regionales a las reformas y los diálogos; la desconfianza y el escepticismo de una parte importante de la población; y la hostilidad de algunos medios de comunicación y sectores políticos para con el acuerdo de paz con las FARC-EP” (p.227)

“El triunfo del «No», por una diferencia de 60.000 votos y con una abstención del 62% en la refrendación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto en Colombia, facilitó el escenario de polarización y deslegitimación de lo pactado en La Habana y determinó los límites en la implementación de dicho acuerdo, favoreciendo con ello la persistencia del conflicto armado. Ese resultado minó la confianza, alimentó la estigmatización y condicionó el proceso de reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC-EP, situación agravada por la división interna de las FARC-EP y la emergencia de disidencias que se han convertido en un factor directo de inseguridad para los excombatientes" (p.227)

El punto de no retorno 

“La avidez por la consecución de recursos para desarrollar sus objetivos militares y estratégicos de los años noventa y dos mil llevó a las FARC-EP, en varias de las zonas productoras de coca en el suroriente, a dar el paso a progresivamente controlar el mercado, es decir, imponer precios a la pasta básica de cocaína e intermediar con los carteles para su salida. Investigaciones previas señalan que el narcotráfico representaba cerca del 41 % de los ingresos de la organización guerrillera para este periodo, que a su vez coincide con el pico de secuestros. Esto les permitió la obtención de mayores recursos y posibilitó el crecimiento de efectivos, armamento y la mejora sustancial de su infraestructura militar (p.229)

“En el caso tanto del ELN como de las FARC-EP, la priorización de los objetivos militares y un mayor involucramiento en la regulación de los mercados derivados de las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal implicaron un quiebre definitivo de las relaciones iniciales con la población civil, en las que anteriormente fue central lo que los grupos guerrilleros denominaron el trabajo político y de organización de los pobladores en los territorios donde hicieron presencia” (p.231)

Responsabilidad de las insurgencias en la crisis humanitaria 

“Los grupos guerrilleros, en desarrollo de sus objetivos militares y de control del territorio y la población, victimizaron a la población civil, en particular a determinados sectores políticos y económicos a los que declararon objetivo militar. Si bien en todo conflicto armado es consustancial al mismo la consideración del otro bando como enemigo, en el caso de las guerrillas la extensión de la noción de enemigo incluyó la consideración de los sectores económicos o políticos dominantes como parte del «enemigo de clase», interpretación extendida a los políticos, a la élite y, en general, a cualquier persona adinerada o detentadora de poder público" (p.232)

La muerte suspendida del secuestro 

“Los secuestros y la toma de rehenes han sido sobre todo llevados a cabo por las organizaciones guerrilleras y muchas veces durante muchos meses o años. Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40% de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24% (10.538 víctimas) y el ELN con 19% (9.538). También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9%). En algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado” (p.233)

“la Comisión de Verdad puede afirmar que el secuestro de civiles por parte de las organizaciones guerrilleras constituyó un crimen de guerra. La privación de libertad de una persona dentro del marco del conflicto armado, seguida de la formulación de una exigencia para garantizar su libertad o seguridad, es una toma de rehenes, según el derecho internacional humanitario. Pero, además, las condiciones infrahumanas en que se dieron dichas detenciones, así como los tratos inhumanos que sufrieron muchas personas, deben ser calificados como torturas” (p.234)

El crecimiento militar y el agravamiento de la crisis humanitaria 

“Los ataques a infraestructuras militares, policiales y civiles llevaron a una violencia que afectó de forma masiva a la población civil. Un ejemplo ocurrió el 7 de febrero de 2003 con el atentado al Club El Nogal, en Bogotá, un lugar de esparcimiento, encuentros y deporte de numerosas personas de alto estatus económico, atacado por las FARC-EP al ser considerado como un espacio de contactos y reuniones de miembros del Gobierno con líderes paramilitares" (p.235)

Reclutamiento forzado de menores 

“Las FARC-EP, especialmente, pero también el ELN, pasaron a considerar el reclutamiento de menores en sus filas como una forma de fortalecimiento militar extensiva. Niños y niñas sin la capacidad de decidir por su edad y condiciones sociales, sin posibilidades de salir de la guerra, utilizando la propia desprotección del Estado como un mecanismo para facilitar su reclutamiento, o estimulando la participación de menores que a su vez habían sido víctimas o habían perdido familiares a manos del Ejército o los grupos paramilitares, sin tener en cuenta los impactos que todo ello iba a suponer" (p.237)

Órdenes violentos guerrilleros y relaciones con la población civil 

"Por su parte, los respectivos Gobiernos del Frente Nacional, las Fuerzas Militares y las élites políticas y económicas llevaron la lógica y la doctrina del enemigo interno y del «peligro comunista» hasta sus últimas consecuencias. En ese contexto, se les dio el tratamiento de «zonas rojas» a las regiones en las que se asentaron los grupos guerrilleros, considerando a la población civil como enemigo” (243)

“En cuanto al EPL, siguiendo sus principios maoístas ligados a la guerra popular y prolongada, decidió insertarse en el sur de Córdoba, donde las disputas por la tierra generaban inconformidad en los campesinos, que facilitaban su trabajo político y social" (p.244) 

Orden violento en la zona de despeje del Caguán 

“Los diálogos del Caguán terminaron por imponer drásticos cambios en la presencia y relación de las FARC-EP con la población y los territorios. La creación de la zona de despeje –San Vicente del Caguán en Caquetá, y La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vistahermosa en Meta – en 1998 implicó el retiro de la presencia judicial y militar en los municipios allí ubicados para brindar garantías y condiciones para el diálogo y facilitar la negociación con las FARC- EP" (p.250)

“Pero la decisión de impedir cualquier presencia o actuación de las autoridades estatales, incluidas las locales y regionales, implicó el aumento de las tensiones con los pobladores, ya que para los habitantes de esas zonas una de sus reivindicaciones centrales era la presencia más efectiva del Estado y su incorporación en igualdad de derechos a la vida política y económica del país. Estas reivindicaciones chocaban con la idea de las FARC-EP, que ahora enfatizaban en un control más militar de los territorios, donde la presencia de programas o autoridades estatales no era pertinente para su relacionamiento con la población y su control del territorio. Por ejemplo, en municipios como Vistahermosa, en donde no había hegemonía de la guerrilla ni del orden estatal inicialmente, el vacío dejado por las instituciones del Estado facilitó el afianzamiento del control insurgente. En numerosos testimonios se muestra la relación entre el orden impuesto y los castigos severos, incluso la muerte, para quienes violaran las reglas” (p.251)

La presencia histórica del ELN en el Sarare 

“Este poder social, más el descubrimiento del petróleo y la elección popular de alcaldes en los años ochenta de la mano de algunas redes políticas liberales, le permitieron al ELN tener la hegemonía en el Sarare y configurar un entramado de alianzas que se reforzó entre sí: su relación con las comunidades se vio potencializada con el poder político (redes liberales) y económico (petróleo), y, a su vez, estos dos últimos ámbitos reforzaban su papel, al irrigar y beneficiar a las comunidades con las rentas petroleras «como cualquier otra maquinaria política del bipartidismo tradicional» (p.254)

“Algo parecido hizo esta guerrilla en otras zonas del país. En el Bajo Cauca influenciaron y regularon las explotaciones y organizaciones de campesinos y colonos mineros. En Cauca trabajaron de la mano del campesinado andino que se fue asentando en el piedemonte y que estaba en tensión con las comunidades negras e indígenas. En el Cesar y La Guajira buscaron incidir en los pliegos de peticiones de los trabajadores palmeros, de los campesinos expropiados por El Cerrejón y sobre las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. En Catatumbo buscaron tener incidencia en las demandas de las familias colonas, de los obreros petroleros y de la gente que huyó del mundo andino por la Violencia. Las demandas eran por la formalización de las propiedades, un trato menos militarizado y la provisión de una mejor infraestructura y servicios básicos. Finalmente, en el caso del sur del Bolívar, tuvo un papel relevante organizando el proceso colonizador y la explotación aurífera” (pp.254-255)

“En conclusión, la inserción de los grupos guerrilleros en los territorios a que se ha hecho mención y la posibilidad que tuvieron de mantener su presencia y posteriormente configurar órdenes violentos se debió, además de su propia capacidad organizativa y control armado, sobre todo a la incapacidad del Estado para ganarse la confianza de los pobladores y ser considerado legítimo, para tramitar por la vía pacífica los conflictos sociales, políticos, económicos y ambientales de esas comunidades. Esta situación de escasa legitimidad y capacidad de regulación ha sido un factor de persistencia del conflicto que explica la posibilidad de que grupos armados distintos al Estado hayan podido suplir sus funciones en algunos territorios” (p.255)

Entramados guerrilleros, partidos políticos y movimientos sociales 

“Las guerrillas han intentado cooptar organizaciones para tener apoyo, recursos o influir en sus demandas para ganar poder político. Estas dinámicas han sido distintas en diferentes momentos históricos o grupos armados y han estado sometidas a múltiples contradicciones políticas o étnicas. Mientras algunas guerrillas intentaron a través de su actuación militar tener legitimidad social con golpes de efecto audaces o ataques contra sectores económicos importantes en áreas urbanas, como el M-19 en los años setenta y ochenta –que también fue autor del asalto armado al Palacio de Justicia en 1985–, otras como las FARC-EP, el ELN o el EPL desarrollaron sus bases de trabajo en áreas rurales más desprotegidas, donde mantuvieron durante años una relación estrecha con la población y el territorio, justamente debido a su presencia cotidiana” (p.257)

“La negación de la autonomía de movimientos y luchas sociales y los intentos de control por parte de guerrillas han sido en parte utilizados para justificar los ataques por parte de agentes del Estado o de los paramilitares, y también estas respuestas utilizadas para reforzar el intento de control de las guerrillas. La Comisión insiste en que las afinidades políticas y simpatías ideológicas no significan pertenencia ni subordinación a las estructuras guerrilleras, y que no hay justificación alguna para la estigmatización, la persecución o la eliminación de los miembros de movimientos políticos y sociales. El Estado de derecho funciona investigando las posibles conductas delictivas, según estándares internacionales, la propia Constitución y las leyes y jurisprudencia de las altas cortes, por lo que es el derecho y no los actores de la guerra quien tiene el deber de investigar acusaciones o señalamientos. La restauración de la confianza y la convivencia en los territorios todavía pasa por estas premisas en la actualidad” (p.258)

“Del lado de las guerrillas, la persistente intención de infiltrar, influir o instrumentalizar la movilización social y la protesta ciudadana para ponerla en función de sus objetivos políticos y militares fue parte de su modus operandi, pero también volvió vulnerables los procesos sociales y aumentó los desafíos que tuvo que enfrentar el movimiento social para exigir sus derechos en medio del conflicto armado. La Comisión hace un llamado a este reconocimiento y a que se respete por parte de los diferentes grupos insurgentes aún activos esta independencia, así como las demandas y propuestas desde las víctimas, las comunidades afectadas y los movimientos sociales" (p.259)

Izquierda política y guerrillas 

“En su gobierno, el presidente Belisario Betancur (1982-1986) puso en marcha un proceso de paz que reconoció las causas objetivas de la violencia, impulsó el diálogo con las guerrillas y admitió la necesidad de importantes reformas políticas como la elección popular de alcaldes. Sin embargo, enfrentó la más fuerte resistencia y oposición de los poderes locales y regionales, los gremios, los mandos militares y sectores de la clase política" (p.262)

"La Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz (JEP) determinaron 8.300 víctimas de todas las violaciones, incluyendo atentados, torturas, desplazamiento forzado, amenazas o violencia sexual, entre otras, que tuvieron la intención de destruir a la UP. De ellas, 5.733 fueron muertos y desaparecidos, es decir, el 60% de las violaciones cometidas contra miembros o simpatizantes de dicho partido, lo que muestra una proporción de violencia letal orientada a acabar con el grupo político. No hay en la historia de Colombia ni en el mundo otro partido que haya sufrido un nivel de victimización similar. La violencia perpetrada contra los miembros de la Unión Patriótica fue un genocidio político y fue determinante para el regreso de las FARC-EP a la lucha armada y el refuerzo de la guerra durante las siguientes décadas” (p.263)

“Mientras, para el Partido Comunista y las FARC-EP, la combinación de todas las formas de lucha, que implicaba el desarrollo simultáneo de la acción política legal del partido y la lucha armada de las FARC-EP, fue la adecuación de los postulados ideológicos y doctrinales del marxismo-leninismo a las condiciones particulares de Colombia; por eso, afirmaban que fue una respuesta a la violencia estatal, paraestatal y de las clases dirigentes que se han opuesto históricamente a cualquier posibilidad de cambio del régimen político y del modelo económico" (p.264)

“Para finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, la experiencia del genocidio de la UP, que contrastaba con el proceso de desmovilización y participación del M-19 y el EPL en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1991, implicó varias rupturas al interior de la tendencia comunista. De un lado, inclinó la balanza y, según su opinión, llenó de razones a quienes enfatizaban en la lucha armada como respuesta a la violencia paramilitar y al fracaso de los diálogos. Incluso, propusieron como única opción la clandestinidad y llamaban al resto a unirse a las FARC-EP, tal como lo sugirieron Jacobo Arenas y Manuel Marulanda. De otro lado, produjo que un sector de los dirigentes de la UP, liderado entre otros por Bernardo Jaramillo Ossa, Angelino Garzón y Diego Montaña Cuéllar, insistiera en la definitiva ruptura con la lucha armada y el total deslinde con las FARC-EP, y llamaba a esta guerrilla a desmovilizarse y a participar activamente en la lucha política, legal y electoral, al igual que lo estaban haciendo el M-19 y el EPL" (p.265)

“En ese momento, el Gobierno de César Gaviria (1990-1994) rechazó la propuesta realizada por la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB) de que algunos de sus miembros participaran en la Constituyente como parte del proceso de negociación. La negativa no pudo ser más contundente y cargada de simbolismos: el 9 de diciembre, día en que se elegiría a los representantes de la ANC, se realizó el bombardeo del campamento de Casa Verde contra la dirigencia de las FARC-EP. De manera retrospectiva, Rodrigo Londoño Echeverri, excomandante de las FARC-EP, manifestó lo siguiente sobre ese momento: «Llega Gaviria y, desafortunadamente, no sé quién lo convenció de que se la jugara por la salida militar, después de que manda una comisión a explorar allá. Ahí está el comunicado público, establece que sí hay voluntad, además en unas circunstancias mucho más favorables para el país y para todo. Entonces, desafortunadamente, Gaviria no recoge ese sentir de la posibilidad de avanzar en el diálogo y se la juega por la solución militar, solución militar que ¿qué produjo en nosotros?, pues que nos hubiéramos dedicado mucho a ese plan estratégico, y que, a raíz de eso, pues toda la gente que estaba concentrada en la región que llamaban Casa Verde se despliega por toda la región del Llano, y comienza a sentirse ya más accionar militar que antes no se conocía»” (pp.269-270)

“La experiencia de la UP y el papel inicial que jugaron los miembros de las FARC-EP implicaron el comienzo de dos transformaciones centrales en su relación con el campo político en los años noventa: en primer lugar, ese encuentro con la política local permitió a los comandantes y a los mandos medios tomar conciencia de la importancia del juego político regional para sus objetivos. En segundo lugar, fue el escenario donde las FARC-EP aprendieron, de manera concreta y práctica, que podían participar e influir en las arenas políticas sin la tutela del Partido Comunista. Para las víctimas del genocidio de la UP y las comunidades y bases sociales del partido, supuso el exterminio físico, la persecución permanente, la ausencia de protección del Estado y el fin de una esperanza de transformación y participación política” (p. 270)

“De otro lado, la relación del ELN con la izquierda política legal y los movimientos sociales tuvo una trayectoria distinta. En la primera etapa (1964-1977), marcada por el inicio fundacional del proyecto armado, esta guerrilla tuvo dos vasos comunicantes con el mundo social, bastante diferenciados. Uno en sus zonas de presencia en los espacios rurales y otro con procesos organizativos en el mundo urbano. Más adelante, en la segunda etapa (1978-1990), en pleno proceso de recomposición y expansión del proyecto armado, el ELN estuvo marcado por matices: en algunos lugares estableció fuertes articulaciones con la movilización social, en otros hubo una relación mucho más pragmática y finalmente formas más caracterizadas por un trato militarizado. Esta coyuntura estuvo marcada por una política estatal de represión y la emergencia de la denominada guerra sucia que empezaron a desatar agentes del Estado y los paramilitares, hecho que enmarca la decisión de ciertos líderes sociales de ingresar a la lucha armada” (pp.270-271)  

“En la tercera etapa (1991-2002) se produjo una ruptura del ELN con la movilización social, resultado de sus estrategias políticas y armadas para fortalecerse militarmente, lo cual implicó una militarización de las relaciones con la población y un mayor intento de control de las agendas y formas de reivindicación que llevaron a un quiebre entre insurgencias y movimientos sociales en sus zonas de influencia, situación que se vio agravada por la estrategia de guerra sucia del proyecto paramilitar. Estos dos factores enmarcan la caída en la movilización y la protesta social” (pp.271-272)

Disputas por el poder político regional 

“La reforma política y la descentralización desde finales de los años ochenta y, posteriormente, con la Constitución de 1991, pretendían promover la democracia y la autonomía local, pero determinaron el reforzamiento y la mayor imbricación del conflicto armado y las disputas por los poderes locales y regionales. En este contexto, los grupos armados, tanto guerrillas como paramilitares, aumentaron su injerencia en el sistema político. En 1988 se llevó a cabo la primera elección popular de alcaldes, y en las elecciones subsiguientes, en un intento de frenar la democracia y el fortalecimiento de la UP especialmente, el patrón de violencia contra los actores institucionales y no institucionales estuvo fuertemente ligado al desarrollo de elecciones de mandatarios en el ámbito local. A mediados de los años noventa, principalmente, tanto grupos paramilitares como grupos guerrilleros intentaron influir en los procesos políticos y electorales, bien fuera afectando su desarrollo o estableciendo un control sobre los actores políticos locales” (p.272)

“En las regiones donde hacían presencia, las FARC-EP trataron de controlar la figura legal de participación comunitaria de las juntas de acción comunal (JAC), en desarrollo de su política de organización de masas. Los excomandantes del Secretariado indicaron en entrevista colectiva que utilizaban la figura de las JAC para impulsar el trabajo de construcción de carreteras, escuelas, centros de salud, entre otros: «Las FARC éramos una guerrilla muy institucionalista, porque donde llegábamos lo primero que hacíamos era constituir una junta de acción comunal, porque ¿cómo se hacía el camino?, ¿cómo se hacía la escuela?, ¿cómo se construía el centro de salud?, ¿cómo se construían después las carreteras?, todas las carreteras de Colombia han sido construidas en la ilegalidad, investiguen eso, todas... las inversiones... no hay ninguna inversión que diga para carretera, dice para mejoramiento de camino, y eso todavía, porque la mayoría de los territorios están ley segunda, o sea no pueden... [...] ni la autoridad ambiental lo deja hacer o cae en un problema legal»” (pp.277-278)

“El caso del departamento de Arauca muestra la estrecha relación que hubo entre grupos armados y redes políticas, particularmente entre el ELN y las redes políticas liberales. En el Sarare, tanto insurgencia como redes políticas se vieron beneficiadas de estas conexiones activas, dinámicas y cambiantes" (p.281)

Después de Arauca, el sur de Bolívar fue otra de las regiones donde el ELN construyó un fuerte entramado social, político y económico. Sin embargo, la forma como militarizó las relaciones con algunos sectores de la población, su campaña de extracción de recursos y la manera como buscó fiscalizar mediante el control violento la vida política explican el retroceso de esta guerrilla” (p.281)

“Como agravante, el ELN no solo aumentó la extracción de recursos, también interfirió en las elecciones locales (1997) para crear un vacío de poder en sus regiones de influencia. Esto lo lograron ordenando la renuncia de todos los jurados de votación y de todos los candidatos locales para las alcaldías y concejos, profundizando con ello mucho más las diferencias entre estos dos actores, a tal punto que la población y los poderes locales terminaron por inclinarse a favor de la entrada paramilitar" (p.282)

“Con la prolongación del conflicto armado, los grupos guerrilleros reforzaron varias de las características más negativas de la vida política nacional: la incesante combinación entre armas política y votos, ya que en algunas regiones las FARC-EP, por ejemplo, se convirtieron en árbitro violento de las disputas por el poder local y regional; o en otras regiones se transformaron en intermediarios entre el Estado, los territorios y sus pobladores, a través de los mismos mecanismos y prácticas clientelistas que le criticaban a la clase política tradicional, como fue el caso del ELN en Arauca” (p.283)

Diplomacias y apoyos insurgentes 

“Con la Revolución cubana y un apoyo más decidido desde este país, se da paso a un segundo momento de conexión de las guerrillas colombianas con el extranjero. En particular, Cuba brinda apoyo al ELN, al M-19 y en menor medida a las FARC. En el caso de los países que lideraban las luchas del tercer mundo por la liberación nacional, como Libia, Vietnam y Cuba, no solo hubo apoyo político, en los años setenta también brindaron asistencia logística, es decir, entrenamientos militares y entrega de armas. Estos apoyos fueron también vistos como parte de la misma Guerra Fría reforzando el Estado su idea del enemigo interno y el apoyo de los Estados Unidos que se desarrollaba desde los años 60 en la lucha contrainsurgente. El resultado, fue la escalada del conflicto y, sobre todo, la victimización de la población civil” (p.284)

“La caída del Muro de Berlín, la internacionalización del conflicto armado colombiano y la convergencia entre narcotráfico y guerra contrainsurgente, marcan el tercer momento de conexión, caracterizada por la intensificación del conflicto armado en el marco de la guerra contra las drogas y contra el terrorismo. De esta forma, los ojos de la comunidad internacional miraron con detenimiento a Colombia, pues desde inicios de los años 90 se hicieron los primeros llamados de atención frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado y los grupos paramilitares" (p.285)

“En el contexto de la ruptura de esos diálogos, el Estado utilizó el discurso de las «narcoguerrillas» y a responsabilizarlas de la crisis humanitaria que vivía el país, para obtener apoyo político y militar para la guerra, lo que se materializó primero en el Plan Colombia, que había nacido como un plan de desarrollo hacia el apoyo militar, y posteriormente el Plan Patriota. Por su parte, la guerrilla, en medio de la agudización de la guerra, en su punto más alto de su iniciativa militar, las FARC-EP recurrieron al interés y la preocupación internacional porque el DIH rigiera en Colombia y, por tanto, con un trabajo internacional concentrado en la búsqueda de reconocimiento del estatus de beligerancia. Sin embargo, la ruptura de los diálogos de El Caguán llevó a un mayor aislamiento internacional y a convertir su trabajo político en más clandestino. Tras el atentado de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, las FARC-EP fueron incluidas en el listado de organizaciones terroristas por EE.UU. y la UE” (p.285)

Dinámicas del conflicto armado posacuerdo de paz con las FARC-EP 

“En el presente, las disputas por el control de los territorios y la población civil, y la imposición de órdenes violentos se mantienen a pesar de los acuerdos de La Habana. Esto es un indicador del abandono estatal y de la imposibilidad de recuperar las zonas que estuvieron bajo el dominio fariano, que a su vez se expresan en las dificultades que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz” (p.286)

“Arauca es el polo opuesto del Caquetá. Las disidencias de los frentes 10 y 28 de las FARC- EP se han mostrado menos interesadas en regular la vida social y más en promover actividades económicas que les brinden los medios suficientes para su subsistencia… En el Pacífico nariñense, las disidencias que han hecho presencia han sido del Frente Oliver Sinisterra (FOS) y las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) en 2017. Han impuesto un tipo de control del territorio y la población abocado a la economía cocalera y otras actividades económicas susceptibles de regulación. El Catatumbo muestra una trayectoria similar al Pacífico nariñense" (p.287)

“Estos hechos demuestran por qué en poco tiempo el país ha pasado de la esperanza que despertaron los acuerdos de La Habana a la pesadumbre que produce la inminencia de un nuevo ciclo de violencia. Ante la persistencia del conflicto y la reconfiguración de los grupos armados en determinadas regiones, surgen las preguntas: ¿qué tanto tiene el nuevo escenario de ruptura o de continuidad con las etapas anteriores?, ¿se puede afirmar que sigue existiendo un conflicto armado con características políticas o definitivamente son estructuras criminales de gran escala? Con todo, el mayor reto de la nación está pendiente: sacar definitivamente la violencia de las relaciones sociales y dejar de usarla como un medio para dirimir los diversos intereses políticos y económicos o para resolver por esa vía las diferentes conflictividades sociales, económicas y ambientales derivadas de un modelo de desarrollo desigual y excluyente"  (p.290)

Hay que insistir en que la persistencia y focalización de la violencia y el conflicto armado en determinadas regiones es un problema que no se agota con la salida militar o con los procesos de negociación y diálogo, entendidos solamente como la desmovilización de las estructuras armadas. Sin duda, se trata de un problema estructural, que puede sintetizarse en la siguiente formulación final: en Colombia pasamos de una lucha por la tierra y por la apertura del sistema político en los años sesenta y setenta, a una disputa territorial por las economías de la guerra en condiciones de una permanente crisis de representación del orden político” (p.290)

Análisis

Las guerrillas en Colombia tuvieron su origen en la desigualdad de la sociedad, las injusticias del sistema, la pobreza extrema de amplios sectores, y el olvido del Estado hacia el medio rural, inspiradas obviamente por los movimientos políticos internacionales que buscaban cambiar el sistema mediante las armas y la violencia.

En el camino se presentó la lucha de clases entre los ricos y poderosos, que buscaban  mantener sus beneficios y proteger sus intereses, mientras los marginados y empobrecidos buscaban su supervivencia, un futuro con mejores estándares de vida y oportunidades de desarrollo para sus familias, auspiciados desafortunadamente por flujos de dinero procedentes del crimen y fuentes ilícitas.

Conclusión

El uso de la violencia, tanto de parte de los grupos insurgentes como del Estado, condujeron a la lucha interminable que se mantuvo por décadas, en la que predominaron la venganza, el odio y el uso de métodos ilegales, sin principios, sin ética ni moral, olvidando la dignidad del ser humano.

Referencia

(*) "Hay futuro si hay verdad", Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Primera edición, Bogotá, Colombia, Comisión de la Verdad, 2022. ISBN: 978-958-53874-5-4

Nota aclaratoria: La Comisión de la Verdad fue creada en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dicha Comisión fue integrada por once comisionados, los cuales fueron seleccionados en noviembre de 2017 y comenzaron a funcionar oficialmente en mayo de 2018.