ICV Capítulo 5: Entramados del paramilitarismo

Introducción

En este post se incluyen algunos apartes relacionados con el tema del Paramilitarismo en Colombia, tomados del Informe de la Comisión de la Verdad (ICV)* en forma sintética, respetando sus textos originales, pero suprimiendo ciertos detalles que pueden consultarse directamente desde la Plataforma digital de la Comisión, como son los testimonios, las referencias bibliográficas y las notas de pie de página. También se ha simplificado la numeración, los títulos y los subtítulos, para así atraer más lectores que pueden desanimarse al ver la extensión de los textos originales. En cada párrafo se incluye el número de la página del Informe donde se encuentra.                                    

Síntesis

“En la década del dos mil, los grupos paramilitares alcanzaron dimensiones sin precedentes: estructuras con múltiples frentes y facciones armadas, más de 35.000 integrantes y efectos directos en la escalada de violencia que vivió el país: son el principal responsable, con el 47 % de las víctimas letales y desaparecidos del conflicto armado en Colombia, constituyendo en el actor armado más violento” (p.295)

“La Comisión de la Verdad ha encontrado aspectos de la dinámica paramilitar que, por un lado, trascienden la dimensión más visible del fenómeno (los aparatos armados) y visibilizan el telón de fondo del paramilitarismo: aquello que lo sustenta y permite su permanencia” (p.296)

“La investigación de la Comisión muestra que el paramilitarismo ha estado vinculado históricamente con decisiones de gobierno e instituciones del Estado ancladas a la tendencia estatal a la delegación de la seguridad pública, la coerción y las armas en grupos de civiles armados y agencias encargadas de proporcionar seguridad de manera privada bajo el objetivo de la seguridad y la defensa nacionales” (p.297)

“El actuar de los grupos paramilitares, lejos de desarrollarse en un campo de batalla dedicado a la confrontación armada entre ejércitos, ha estado definido por acciones contra la población civil desarmada, que fue el objetivo estratégico y el centro del enfrentamiento bajo la justificación contrainsurgente de «quitarle el agua al pez»” (p.298)

“Pero, además del brazo armado, que ha sido la parte más visible, el fenómeno paramilitar ha mantenido una participación de componentes del Estado como la fuerza pública, entidades de seguridad y de inteligencia, órganos estatales colegiados (Congreso, asambleas y concejos), instituciones judiciales y organismos de control, así como sectores económicos agroindustriales, extractivos y de infraestructura y empleados públicos y candidatos a cargos de elección popular. Además, se ha permeado a sectores de la Iglesia y de los medios de comunicación” (p.299)

“Las motivaciones de los actores que han confluido en el paramilitarismo han sido cambiantes: van desde la voluntad de participación hasta la coacción para tener apoyo, y desde la protección de sus propiedades hasta la acumulación de nuevos intereses como tierras o poder. Sin embargo, los siguientes intereses han sido claros impulsos al paramilitarismo: la defensa del statu quo a través del mantenimiento de privilegios económicos, políticos y sociales; la protección del patrimonio y la ampliación de la propiedad privada y de la renta mediante el acaparamiento de tierras; la consolidación del control territorial por medio del exterminio de grupos armados rivales y la imposición de formas de control social violento; la usurpación de recursos económicos de la contratación pública, o la obtención de estos mediante economías extractivas, tierras y narcotráfico; el exterminio de rivales políticos; y la cooptación de instituciones estatales y del sistema político y electoral” (p.299)

Transformaciones y mantenimiento del paramilitarismo 

“Las unidades civiles de autodefensa fueron creadas por el Ejército Nacional con un objetivo defensivo interno ante la persistencia del «bandolerismo», a comienzos de los sesenta y ante las dificultades de cubrir de manera eficiente el territorio para garantizar la seguridad de la población. Estos fueron grupos creados por las Fuerzas Militares y se encontraban bajo su orientación y tutela” (p.300)

“Otro factor de continuidad del paramilitarismo ha sido la propensión a institucionalizar grupos que ofrecen seguridad privada, al servicio de sectores de las élites políticas y económicas regionales y locales” (p.301)

“De fondo, la delegación de la seguridad pública al conformar grupos de civiles y dotarlos con armas de uso privativo para apoyar las labores de defensa y seguridad pública que corresponden a las fuerzas estatales implica al menos los siguientes aspectos que profundizan, prolongan y degradan la guerra: imposibilita cualquier regulación y control de su accionar; rompe con la distinción entre civiles y combatientes y aumenta el riesgo de la población civil a sufrir violaciones de sus derechos; legaliza y legitima los órdenes armados alternos al Estado, el clientelismo y la exclusión; y, por último, impide la identificación de las responsabilidades asociadas a las comisión de crímenes y violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario y aumenta la impunidad, pues crea una zona difusa que en el terreno hace difícil determinar cuándo el militar o policía operó en nombre de un grupo estatal o como parte de las acciones de grupos paramilitares” (p.302)

El marco de la doctrina del enemigo interno 

“Las recomendaciones de misiones estadounidenses que visitaron el país en el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) derivaron en el Decreto 1381 de 1963, el Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968 de Defensa Nacional, a través de los cuales se institucionalizó la vinculación de civiles al conflicto armado. Estas normas fueron el sustento legal que amparó la proliferación de grupos paramilitares en el marco de las estrategias de seguridad y defensa del Estado” (p.303)

El paramilitarismo fue legalizado en diferentes momentos 

“La aprobación de normas ha sido una de las vías para otorgar estatus legal a grupos armados en el ámbito de la defensa privada y la contrainsurgencia” (p.304)

“En el caso de las Convivir, creadas en 1994, se da la legitimación del uso privado de armas por parte de civiles bajo los argumentos de la legítima defensa y el apoyo a la seguridad y la defensa nacionales, se vinculan con la fuerza pública dado que, por un lado, se les entregan armas y otros elementos de uso militar y, por el otro, se habilita la realización de operaciones conjuntas, el cumplimiento de funciones de inteligencia y la operación militar por parte de civiles” (p.305)

“Este marco de desarrollo permitió, además, el encubrimiento de violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas en articulación con la fuerza pública y grupos paramilitares. De acuerdo con sentencias de Justicia y Paz, las Convivir «fueron una fuente o cantera de los grupos paramilitares y un mecanismo para encubrir su actividad [...], [donde] participaron amplios sectores del Estado y la sociedad civil, con la complacencia o tolerancia de los demás sectores del Gobierno nacional». Eso mismo concluye la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señalando la responsabilidad del Estado colombiano en las violaciones de derechos humanos cometidas por las Convivir” (p.307)

Diferentes expresiones de un mismo paramilitarismo 

“A principios de los años ochenta, el municipio de Puerto Boyacá fue conocido como «la capital antisubversiva de Colombia». Con este municipio como epicentro, se comenzaron a tejer alianzas paramilitares con el narcotráfico y se puso en marcha la profesionalización de los ejércitos privados por medio de las escuelas de entrenamiento, grupos que luego serían exportados al resto del país a través de las ACCU y posteriormente las AUC” (p.309)

“Pero en el periodo de 1991-1994, a pesar de la desmovilización de las Autodefensas de Puerto Boyacá en 1991, el paramilitarismo entró en una dinámica de crecimiento que llegó a escala nacional en una vorágine de violencia que usó el terror a gran escala. Esto fue posible gracias a que la experiencia de Puerto Boyacá creció y marcó un modelo replicable en otras regiones del país, construyendo sus escuelas de entrenamiento y enviando avanzadas paramilitares a diferentes territorios, que terminaron influyendo en la conformación de grupos locales o el entrenamiento de los existentes, en un crecimiento paralelo al de las FARC-EP y el ELN” (p.313)

“La red de colaboración que significó el grupo Los Pepes y especialmente tras el asesinato de Pablo Escobar en 1993, donde participaron los hermanos Castaño aliados con el Cartel de Cali, el Bloque de Búsqueda de la Policía y el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, generó un escalamiento de esas alianzas en todo el país” (p.314)

“Las AUC se constituyeron en la máxima expresión de articulación del paramilitarismo, un proyecto federado de estructuras y entramados anclados territorialmente bajo la apología de ser un movimiento político-militar de carácter nacional, antisubversivo y civil (p.318)

Relación con el narcotráfico

“El entramado no podría haber alcanzado las dimensiones que ha tenido sin la participación de los dineros del narcotráfico. En los años ochenta el paramilitarismo dio un giro fundamental para convertirse en un ejército impulsado por las economías de la droga, que estuvo en múltiples ocasiones al servicio del narcotráfico” (p.318)

La desmovilización colectiva 

“El proceso de desmovilización colectiva adelantado entre 2003 y 2006, entre el Gobierno nacional y las AUC, logró desescalar la violencia paramilitar y desarmar parte importante del control territorial y de la legitimación social que tenían esta organización y sus líderes. Sin embargo, se caracterizó por falta de transparencia y de participación ciudadana y de las víctimas” (p.322)

“Los grupos sucesores del paramilitarismo conformaron una compleja constelación de estructuras que ha tenido distintos momentos de alianzas y guerras, reflejados en un incremento de la violencia en las zonas en las que han operado y en un repunte del conflicto en varias regiones del país” (p.323)

El terror como estrategia 

“En esta guerra, el paramilitarismo dejó el mayor saldo de víctimas, con impactos profundos en la población y en los territorios donde actuó. La marca del terror paramilitar fue signada a través de modalidades de violencia que se caracterizaron por el uso de la crueldad y la sevicia, como masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, así como la imposición de órdenes sociales violentos y las estrategias de legitimación en las comunidades donde han tenido presencia” (p.324)

“Este actor, de la mano del Estado, tiene una responsabilidad central en el agravamiento de la crisis humanitaria y en la escalada de violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas durante este periodo” (p.325)

“La obsesión paramilitar de eliminar a quienes consideraban enemigos –en su lógica de la doctrina contrainsurgente–, los intereses superpuestos de los actores del entramado paramilitar y la violación del principio de distinción entre combatientes y población civil llevaron a una guerra de exterminio” (p.327)  

“La forma más visible de perpetración paramilitar fue la masacre. Esto no fue accidental. Con las AUC, las masacres se convirtieron en un patrón generalizado en medio de la disputa por el control del territorio. A ese despliegue máximo de terror y sevicia se llegó por la concurrencia de dos factores: la mentalidad de la guerra total contra la guerrilla, proveniente de las Fuerzas Armadas, y las prácticas atroces de deshumanización de las víctimas, generalizadas a lo largo de las décadas de conflicto armado y por las escuelas de entrenamiento paramilitary” (p.328)

“Esta convivencia de control paramilitar en zonas donde funciona una institucionalidad aparentemente normal, con presencia de instituciones del Estado, entre ellas la fuerza pública, es un desafío actual para la construcción de la democracia en Colombia porque aún hoy estos fenómenos siguen dándose” (p.332)

Las profundas alianzas de los entramados paramilitares 

“A pesar de la desmovilización colectiva de las AUC (2003-2006), en la que distintas estructuras paramilitares entregaron armas e iniciaron un proceso de reintegración a la vida civil, el paramilitarismo no es un problema del pasado. Al contrario, es un fenómeno que sigue vigente y que, alimentado por una multitud de factores, se constituye en uno de los obstáculos centrales para avanzar hacia un proyecto nacional de paz” (p.333)

“El entramado paramilitar ha incluido actores del Estado, sectores de las Fuerzas Militares y la Policía, organismos de seguridad e inteligencia (como el DAS), órganos estatales colegiados (Congreso, asambleas y concejos), instituciones judiciales (como la Fiscalía General de la Nación), organismos de control, entidades como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y notarías” (p.334)

La relación con la fuerza pública 

“El origen y la expansión paramilitar contó con el apoyo directo de directivos de la fuerza pública colombiana, entre los que se encuentran altos cargos del Ejército, aunque solo algunos de ellos han sido investigados y condenados por sus alianzas con el paramilitarismo” (p.337)

“La colaboración entre fuerza pública y grupos paramilitares se dio, igualmente, en el desarrollo de operaciones conjuntas en las cuales se cometieron violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH” (p.339)

La parapolítica y la incursión paramilitar en las instituciones del Estado 

“Políticos y funcionarios públicos fueron otro de los sectores ampliamente implicados dentro del plan paramilitar de «penetrar todo el poder político: alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, congresistas de las zonas que manejábamos [...] en últimas, poderes regionales que en suma garantizarían para las autodefensas un poder nacional»” (p.345)

“Hasta el 2021, el análisis de la Comisión de la Verdad –a partir de 87 sentencias condenatorias hacia senadores, representantes a la Cámara y gobernadores condenados por estas relaciones y por pactos con las AUC– muestra la implicación comprobada y juzgada de 35 senadores y 37 representantes a la Cámara, así como 15 gobernadores en 18 de los 32 departamentos del país” (p.348)

El entramado con poderes económicos y la financiación de la guerra 

“Los políticos no fueron los únicos actores involucrados en las alianzas con el paramilitarismo. En su testimonio a la Comisión, un exparamilitar del Bloque Centauros describió la implicación de distintos sectores del empresariado como parte determinante de dicho entramado: «El paramilitarismo no nació del narcotráfico, nació de la clase empresarial en Colombia. Es decir, son las personas que tienen sus propiedades en las distintas zonas del país, que se veían acosados por la guerrilla, con recursos y tenían, además, poder. Porque es que en Colombia la riqueza está paralela a la política” (p.350)

“Desde el inicio, las alianzas dentro de los entramados paramilitares tuvieron como una de sus motivaciones la protección de la propiedad privada, y ha sido constante el uso de los aparatos armados con fines de acumulación y expansión de la riqueza por medios violentos, desposesión y despeje de territorios estratégicos. Por esto, algunos miembros del sector económico con participación en el paramilitarismo han sido parte integral del fenómeno y fueron más allá de ser «terceros» involucrados, pues se beneficiaron de la limitación de derechos de los trabajadores y de las poblaciones donde estaban ubicadas sus empresas, del ataque a los sindicatos, del acceso privilegiado a recursos, de la amenaza a su competencia o eliminación de esta y de la degradación de la violencia asociada al conflicto que, en distintas ocasiones, les permitió pescar en río revuelto para hacer crecer sus negocios” (p.351)

El papel de la negación, los silencios y la impunidad 

“La expansión del paramilitarismo y la consolidación de las alianzas que lo sostuvieron ocurrieron ante la mirada de los organismos de control del Estado, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, instituciones que por distintos motivos no garantizaron un control dentro de sus áreas: estaban controladas o infiltradas, no tenían los medios para hacer efectivas sus responsabilidades o sus denuncias; fueron blanco de amenazas o sus denuncias no fueron tomadas en cuenta. La Comisión de la Verdad recibió diversos testimonios de personas en el exilio que muestran la dimensión de las afectaciones a la justicia por parte del entramado paramilitar” (p.355)

“El impacto de la parapolítica no llevó a ninguna acción del gobierno que abordara esa realidad, ni se cuestionó la legitimidad de estas instituciones. Esa realidad permaneció en los juzgados y, en ocasiones, en el periodismo, pero su impacto fue tratado de controlar por las autoridades gubernamentales e instituciones como el DAS, que sometieron a los jueces de la Corte Suprema, a numerosos defensores de derechos humanos y a algunos políticos a un proceso de espionaje y presiones para que renunciaran a la búsqueda de justicia” (p.356)

“Así mismo, en sucesivos gobiernos las relaciones de la fuerza pública con el paramilitarismo han sido oficialmente negadas, minimizadas y derivadas exclusivamente a algunos agentes del Estado, lo que ha contribuido a su fortalecimiento, a un marco de impunidad y a su persistencia. Al menos en tres aspectos se hace evidente el negacionismo transversal al paramilitarismo: en las denominaciones del fenómeno; en la clandestinidad y falta de rostro de quienes lo integran; y en las decisiones institucionales, legales y de legitimación de los grupos paramilitares” (p.358)

“Estas reacciones no solo escondieron la naturaleza de entramado de alianzas del narcotráfico con el paramilitarismo y la participación de miembros de la fuerza pública, sino que contribuyeron a la impunidad y a tratar de difuminar las responsabilidades del apoyo estatal al paramilitarismo que eran evidentes” (p.359)

“Más adelante, los intentos de llevar a cabo investigaciones sobre el entramado paramilitar fueron socavados en distintas ocasiones, a través de acciones violentas contra investigadores judiciales, fiscales y jueces que fueron amenazados, sufrieron atentados contra su vida o las de sus familiares y tuvieron que exiliarse” (p.359)

¿Por qué el paramilitarismo persiste? 

“Un factor clave de persistencia del paramilitarismo ha sido el negacionismo de su relación con las Fuerzas Armadas y todo un entramado de alianzas con sectores políticos y económicos en Colombia. Sin un reconocimiento estatal y social de la verdad sobre el paramilitarismo, que rompa con esa negación, no es posible la puesta en marcha de los mecanismos institucionales, económicos y políticos eficaces para su desmantelamiento. Sin acciones contundentes al respecto, el paramilitarismo seguirá siendo un factor fundamental de violencia y, por lo tanto, la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, principalmente en las encargadas de impartir justicia y de representar políticamente a la población, estará socavada. Igualmente, es una deuda con las víctimas a quienes no se les ha ofrecido un reconocimiento de esta verdad” (pp.362-363)

Análisis

Un primer aspecto que resalta del ICV es el hecho de que la acción paramilitar no se orientaba propiamente a combatir a los guerrilleros, como era su objetivo inicial,  sino más bien a atemorizar, perseguir y desplazar a todos aquellas personas que los paramilitares consideraban simpatizantes, informantes o que apoyaban a los guerrilleros, y en ocasiones cometieron actos de barbarie, masacres y acciones criminales de despojo, tortura y abuso de todo tipo, en violación de principios elementales de derechos humanos, contra población civil desarmada.

De otra parte sobresale el origen, la motivación y el impulso a dichas fuerzas para proteger a gente privilegiada y sus propiedades, sus empresas o sus actividades económicas o políticas, así como también se desviaron de su propósito original incurriendo en acciones de despojo de tierras o robo del erario público, mediante maniobras de corrupción en la contratación pública, la administración de justicia, violentando el ejercicio democrático, comprando o forzando el voto, o simplemente eliminando a sus oponentes politicos.

Conclusión

Han pasado ya más de cinco años desde la firma del Acuerdo de Paz, el cual no ha tenido mayor avance en su implementación en los últimos cuatro años, especialmente en cuanto al desarme por parte de fuerzas privadas de seguridad que siguen atemorizando a la población, instigándola a desplazarse para usurpar sus tierras. 

Es de esperarse que bajo la política de “Paz Total” el nuevo gobierno logre controlar y desarmar estas fuerzas de seguridad neutralizando o eliminando su intervención, así como también llegue a un acuerdo de paz definitivo con el ELN y otras guerrillas aún activas.

Referencia

(*) "Hay futuro si hay verdad", Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Primera edición, Bogotá, Colombia, Comisión de la Verdad, 2022. ISBN: 978-958-53874-5-4

Nota aclaratoria: La Comisión de la Verdad fue creada en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dicha Comisión fue integrada por once comisionados, los cuales fueron seleccionados en noviembre de 2017 y comenzaron a funcionar oficialmente en mayo de 2018.