ICV Capítulo 3: Violaciones de derechos humanos

Introducción

En este post se incluyen algunos apartes relacionados con las Violaciones de los derechos humanos en Colombia, tomados del Informe de la Comisión de la Verdad (ICV)* en forma sintética, respetando sus textos originales, pero suprimiendo ciertos detalles que pueden consultarse directamente desde la Plataforma digital de la Comisión, como son los testimonios, las referencias bibliográficas y las notas de pie de página. También se ha simplificado la numeración, los títulos y los subtítulos, para así atraer más lectores que pueden desanimarse al ver la extensión de los textos originales. En cada párrafo se incluye el número de la página del Informe donde se encuentra.                                    

Síntesis

"Este es un conflicto armado que durante décadas ha tenido como víctima principal a la población civil, porque se ha desarrollado en medio de ella y porque controlar a la población se convirtió en la manera de tener poder sobre el territorio y el país. Conforme se fue dando la agudización del conflicto armado, la guerra fue afectando cada vez más a la población y a los territorios. Sus consecuencias no acaban cuando se frenan los picos de la violencia o cuando los hechos dejan de ser noticia. Tienen un impacto más allá, llegan hasta nuestros días. Esta es una guerra en la que las víctimas civiles han sufrido de manera simultánea múltiples violaciones de derechos humanos que se encadenaron entre sí, marcando sus vidas y las de sus familias y comunidades"(p.134)

“Las violaciones e infracciones abordadas son: homicidios (masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos) y atentados al derecho a la vida; desaparición forzada; secuestro; torturas; detenciones arbitrarias; violencias sexuales; amenazas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; trabajo forzoso; extorsión; ataques indiscriminados; ataques a bienes protegidos; desplazamiento forzado; confinamiento; despojo y pillaje. Muchas de estas acciones se dieron de manera conjunta, a veces en distintos momentos de la vida, y marcaron las biografías y la historia de familias y comunidades" (p.135)

"La mayor parte de las veces los combatientes actuaron orientados por una lógica del exterminio físico y simbólico de quien se consideraba enemigo por razones políticas, movimientos sociales o población civil a la que se estigmatizó desde diferentes bandos y grupos. Se trató de ganar la guerra controlando el tejido social. Una reconfiguración violenta del territorio mediante el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, o el control de la política local y de las regiones. Las violaciones también se cometieron con la intención de obstruir la solución política del conflicto armado, como retaliaciones y respuesta a otros hechos, y también en los intentos de implementación de acuerdos de paz” (p.135)

“Cientos de miles de homicidios se han dado en el conflicto armado. Eliminar al otro causándole la muerte es la expresión directa de la guerra. La mayor parte de esas muertes han sido intencionales, dirigidas contra una persona o grupo; otras han sido parte de acciones indiscriminadas, como por el uso de explosivos o minas" (p.140)

Según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, cerca del 80 % de personas muertas en el conflicto fueron civiles y el 20 % combatientes, sumando homicidios, desapariciones forzadas que fueron letales, personas muertas en el cautiverio y víctimas mortales de minas. O sea, que, de cada diez personas muertas de manera violenta en el conflicto armado, ocho eran civiles. Sin embargo, esos datos del CNMH no tenían en cuenta el número de desaparecidos que se conoce actualmente de 121.000, lo que eleva la cifra a 90 % de víctimas civiles. La población civil fue la más afectada, por estar en medio del conflicto y porque fue las más involucrada y porque las violaciones e infracciones estuvieron dirigidas sobre todo contra ella” (p.140) 

“Según el estudio desarrollado por la Comisión junto con la JEP y HRDAG, los principales responsables de homicidios son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45% de la responsabilidad (205.028 víctimas), las guerrillas fueron responsables del 27% de las víctimas (122.813 víctimas) y los agentes estatales directamente del 12% (56.094 víctimas)" (p.142)

Las masacres 

“Entre 1958 y 2019, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron al menos 4.237 masacres, y entre 1998 y 2002 ocurrió el mayor número. Se presentaron en el 62% de los municipios del país y han cobrado la vida de 24.600 personas" (p.144)

Las masacres extendieron el terror por el país; han tenido un fuerte impacto en la paralización de grupos y de organizaciones y han desatado un mayor sentimiento de amenaza y de vulnerabilidad. Además, conllevaron un enorme impacto colectivo, alterando la cohesión comunitaria y aumentando el miedo y la desconfianza en las comunidades afectadas, además de la frecuencia con que se asociaron al desplazamiento forzado masivo, el despojo y las amenazas colectivas” (p.145)

Ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos 

“La eliminación del opositor a como diera lugar fue una de las motivaciones centrales por las cuales se presentó tan alto número de ejecuciones extrajudiciales y asesinatos selectivos. Ganar la guerra, a cualquier costo, favoreció el crecimiento de muertes violentas para presentar civiles como si hubiesen pertenecido a grupos armados ilegales muertos en combate, muertes violentas dentro de los propios grupos guerrilleros, muertes violentas de modo individual de civiles vinculados con los partidos políticos y movimientos sociales y muertes hasta de ciudadanos del común, cuya investigación de los motivos solo le corresponde a la justicia” (p.146)

“En algunos casos las ejecuciones se planearon con un alto grado de sofisticación, y existían aparatos criminales para perpetrarlas, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, bajo la modalidad de presentar a civiles como si fuesen miembros de grupos armados ilegales muertos en combate. Estas se llevaron a cabo con un grado de organización que implicaba la planeación cuidadosa y una distribución de funciones en una estructura de mando. Los autores se sirvieron de la complicidad de paramilitares y algunos civiles y, para ocultar los crímenes, de la colaboración de algunos funcionarios del Estado (como de la Fiscalía, de la Justicia Penal Militar y de Medicina Legal). La JEP determinó que entre 2002 y 2008 se registraron por lo menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en 31 departamentos del país, perpetradas bajo esta modalidad” (p.147)

Asesinatos selectivos 

“La eliminación de quienes han sido considerados como «enemigos» fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia. Se trata de la muerte directa, intencional, debido a la concepción del otro como un enemigo que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o, simplemente, porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado, al considerarlo sospechoso o simpatizante del bando contrario o, en otros casos, incluso, con base en estigmas por su condición de género o por la situación de exclusión o marginación social. Las acusaciones de «guerrillero» o «sapo» antecedieron a muchos de ellos" (p.148)

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde 1958 hasta 2021 se registraron 179.076 víctimas de asesinatos selectivos cometidos por grupos paramilitares, grupos guerrilleros y la fuerza pública. Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, aumentaron los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de esa organización" (p.149)

Según el informe de abril de 2022 de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 25 de marzo de 2022, 315 excombatientes de FARC-EP fueron asesinados y 27 desaparecidos forzosamente. Por otra parte, Indepaz reporta que desde la firma del Acuerdo de Paz hasta marzo de 2022 han sido asesinadas 1.327 personas que ejercen el liderazgo social o la defensa de derechos humanos” (p.150)

“De los registros existentes del CNMH sobre asesinatos selectivos, el 42 % de los asesinatos se les atribuye a grupos paramilitares, seguido de las guerrillas con 16 % y agentes del Estado con 3 %. Sin embargo, casi en cuatro de cada diez casos se desconoce la autoría (35 %), ya sea por señalar que fueron «hombres armados», a veces sin distintivos, que actuaron de noche tratando de confundir su identidad, en momentos en que actuaron a la vez dos o más grupos, o por el miedo a señalar a los culpables o por falta de confianza" (p.150)

"El análisis del caso de la UP muestra que se trató de un plan sistemático y generalizado de exterminio como ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que configuró un «genocidio de carácter político». Los hechos se produjeron como un intento de disminuir la incidencia del poder del partido que suponía una esperanza de cambio, en el contexto de un incipiente acuerdo de paz con las FARC-EP en 1985, limitando sus posibilidades de acción y participación democrática, atacando sus bases organizativas y eliminando sus liderazgos en cabeza de alcaldes, concejales, congresistas, senadores y hasta dos candidatos presidenciales, además de militantes y familiares” (p.151)

Desaparición forzada 

“La mayoría de esas personas fueron desaparecidas intencionalmente por lo que representaban para las partes en conflicto. La vinculación política o social fue uno de los motivos más determinantes que justificó esta violación. Una parte de víctimas lo fueron por ejercer liderazgos en un partido de izquierda o en un sindicato o trabajar en la defensa de los derechos humanos. Además de que, con el ocultamiento del destino y paradero de los desaparecidos, se enviaba un mensaje de terror tanto a los sectores a los que pertenecían estas víctimas como a sus familias. «A las personas las cogían, las mataban, las amarraban, las tiraban en el río. A veces les amarraban piedras o algo pesado para que las personas se fueran a las profundidades. Otros los tiraban al río y el mensaje era “el que los coja se muere” (p.152)

“La desaparición forzada de personas supone una violación del derecho a la vida que sustrae a la persona de su medio social y familiar, no se conoce qué pasó con ella, y los responsables no dan cuenta de lo sucedido, ocultan su destino, su muerte o lo que pasó. Para los familiares supone una herida abierta y el duelo permanece abierto debido a la imposibilidad de saber lo sucedido. En los casos de desapariciones forzadas donde se da la participación de agentes del Estado o de grupos con su aquiescencia, como los grupos paramilitares, al desconocimiento del destino se une el ocultamiento de la realidad o de las pruebas o la negación de información a los familiares. Otros muchos desaparecidos lo han sido tras ser reclutados, o personas secuestradas que murieron durante su cautividad, o que fueron asesinadas sobre todo por las guerrillas y de las cuales los familiares desconocen su destino" (p.153)

"La práctica de la desaparición forzada ha estado asociada en Colombia a finales de los años setenta y ochenta con la implementación del Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), cuando la desaparición forzada empezó a llevarse a cabo como una práctica contrainsurgente por parte de miembros de la institucionalidad armada” (p.153)

“Por una parte, fue usada como una forma de terror, por otra para ocultar los hechos que estaban siendo muy visibles y de conocimiento público en esa época. El silencio teje una niebla en los familiares y la búsqueda se convierte en una lucha y un sentido para poder saber qué pasó y asimilar la pérdida o buscar justicia. Las atrocidades, como realizar mutilaciones de cuerpos, tirar sus restos a ríos, o quemarlos en hornos crematorios en otros momentos del conflicto armado, muestran la extensión de la deshumanización y del horror a gran escala. Dichas prácticas eran parte de sus escuelas de formación de grupos paramilitares"(p.154)

“la desaparición forzada incluye en general la tortura como parte del modus operandi de los autores, y supone también no solo una herida permanente, sino un delito continuo, que sigue perpetrándose mientras se desconoce o no se proporciona información de los desaparecidos” (p.156)

Las detenciones arbitrarias 

“Las detenciones arbitrarias en el conflicto armado fueron llevadas a cabo por agentes del Estado bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer a un grupo armado ilegal, por sospecha de que saben algo, o con el fin de desestructurar organizaciones sociales, atemorizar a sus integrantes, u obstaculizar procesos sociales. Fueron usadas como antesala de otras violaciones como la tortura, violencias sexuales, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales" (p.157)

"Las detenciones arbitrarias han sido usadas en el contexto de la estrategia contrainsurgente que desplegó el Estado por medio de la fuerza pública, y se implementaron (con diferentes intensidades según la época) para enfrentar los conflictos sociales y políticos. Desde 1958 diversas normas, sumadas a los estados de sitio o de excepción, han facilitado las detenciones, limitando las garantías judiciales y muchas veces cobijando detenciones arbitrarias masivas. El Estatuto de Seguridad (1978-1982) o los años de inicio de la Política de Seguridad Democrática entre 2002 y 2004 se dieron de forma mucho más masiva” (p.158)

“La Comisión entiende las detenciones arbitrarias como aquellas privaciones de la libertad efectuadas por agentes estatales, por razones y/o mediante procedimientos no contemplados en la ley. La arbitrariedad se manifiesta cuando a una persona detenida no se le ofrecen las garantías para llevar a cabo un debido proceso por un tribunal competente, independiente e imparcial, o cuando no existe una orden escrita de autoridad judicial competente ni hay captura en flagrancia, o cuando es llevada a cabo por agentes del Estado que no tienen la facultad para hacerlo, entre otras circunstancias. Durante las detenciones la víctima puede ser sometida a incomunicación o detención prolongada. El poder ejecutivo, una autoridad judicial o una administrativa ordenaron detenciones arbitrarias que no contaban con acusaciones o investigaciones previas, o se hacían bajo competencias de estados de sitio o conmoción, pero sin garantías legales para las personas detenidas; y otras fueron practicadas sin fundamento legal” (p.158)

“Se registraron detenciones masivas arbitrarias en un periodo álgido del conflicto armado entre 2002 y 2008, en lugares como Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero y Huila, entre otros. Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencia, sino que fueron formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil, bajo el estigma de enemigo interno. El Estado capturó a cientos de personas sin pruebas y las sometió a interrogatorios y procesos para buscar información u obtener autoinculpaciones. En las detenciones arbitrarias la fabricación de pruebas falsas y la falta de independencia en la evaluación de los casos hacen parte del proceso, y la mayoría de personas detenidas quedan en libertad por la debilidad de las pruebas; muchas personas duran detenidas varios años hasta que los abogados demuestran la falsedad de las pruebas y consiguen su libertad. Sin embargo, la estigmatización continúa afectando a las víctimas, así se demuestre su inocencia”  (pp.158-159)

El secuestro, la extorsión y el pillaje 

El secuestro o toma de rehenes, como lo denomina el DIH, es un crimen reconocido y repudiado por la sociedad colombiana. Supone la privación de la libertad de una o más personas por parte de un actor armado bajo intimidación, amenaza u otros medios, que condiciona la liberación o la seguridad e integridad personal de las víctimas a la satisfacción de exigencias económicas, políticas, militares y de control territorial, entre otras"   (p.160)

"Según el Proyecto JEP-CEV-HRDAG, alrededor de 50.770 fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018… Los mayores responsables fueron las FARC-EP con 40% de los casos (20.223 víctimas), los grupos paramilitares con el 24% (10.538 víctimas) y el ELN con 19% (9.538). También los secuestros fueron llevados a cabo en un número considerable por otros grupos (9%). En algunos casos también fueron cometidos por agentes del Estado” (p.161)

“Al comienzo de la década de los setenta las guerrillas recurrieron al secuestro económico y político; el primero era una de sus fuentes financieras más importantes y, el segundo, buscaba lograr objetivos que favorecieran su poder de negociación, coacción o confrontación. Las pretensiones económicas y/o políticas fueron una constante, el secuestro afectó primero a empresarios y miembros de las élites económicas y políticas del país y, posteriormente, su extensión e indiscriminación afectó a amplios sectores de la población. Esta es una práctica intencional y extendida en la que el desprecio por la vida y el sufrimiento de las víctimas y sus familias revelan el grado de deshumanización del conflicto armado” (p.162)

“La mercantilización y deshumanización de la víctima por parte de los responsables la convierten en objeto de cambio, su vida se cambia por dinero o peticiones y si el objetivo no se logra, la víctima es asesinada. El pago del rescate no garantiza la vida de las personas secuestradas. Se registran casos en los que el grupo armado cobró el rescate varias veces y no entregaron a las personas ni vivas ni muertas, además de casos de personas muertas en cautiverio de los que no se entregaron sus restos. El secuestro por motivos políticos también cosificó a las víctimas, supuso una enorme presión sobre sus vidas que se convirtieron en objeto de coacción y desprecio, y que además quedaron en manos de sus captores y de situaciones políticas o económicas impredecibles, objeto de cambio, con el que esas exigencias y respuestas transan con su vida" (p.163)

"Durante las audiencias de reconocimiento de sus crímenes, los miembros del secretariado de las FARC-EP reconocieron que durante el secuestro de las víctimas también se presentaron violencias sexuales, desapariciones forzadas, asesinatos, tratos crueles y degradantes, así como la imposición de trabajos forzados contra ellas. Las víctimas continúan padeciendo consecuencias en su salud física y mental” (p.163)

Extorsión 

“La extorsión es una política de los grupos armados no solo para recaudar dinero, sino para controlar los territorios; la víctima es forzada a un pago para poder trabajar y vivir. La extorsión es la imposición de una contribución patrimonial arbitraria a una persona por parte de un actor del conflicto armado" (p.164)

"En las primeras décadas del conflicto armado fue sobre todo un cobro exclusivo para aquellos a quienes las guerrillas y paramilitares consideraban tenían un abundante patrimonio o poder, muchas veces con la amenaza de secuestro o asesinato. Con el tiempo se fue convirtiendo en una práctica impuesta a casi todos los habitantes que tuviesen una actividad económica sin importar sus ingresos, quienes fueron obligados a pagar cuotas, aportes o «vacunas»” (p.165)

“La Comisión documentó el mayor número de hechos en el año 2000, durante los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) en San Vicente del Caguán. Ese año se creó la Ley 002 en el marco del pleno del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Con dicha ley se acordó el cobro del impuesto para la paz, el cual representaba, aproximadamente, el 10% de las ganancias de las empresas" (p.165)

Con estos cobros de extorsión, tanto grupos guerrilleros como paramilitares, podían regular los precios de las mercancías, manejar instituciones de salud, escuelas y profesores, permitir el paso de víveres y la construcción de infraestructura, así como controlar diversas actividades de la comunidad. Los grupos armados ilegales impusieron diferentes castigos por el incumplimiento en estos pagos, que fueron desde el aumento del valor de las cuotas, la prohibición de entrada de productos de primera necesidad, el cierre de las escuelas, el despido de profesores, hasta el desplazamiento forzado, la persecución, la desaparición y la muerte" (p.166)

"Las extorsiones han desarticulado a las comunidades y las han involucrado forzadamente con recursos utilizados por los grupos en disputa; las han estigmatizado y convertido en objetivo militar, al ser acusadas por cada bando de ser colaboradores del contrario. Y han destruido sus proyectos de vida, al obligar a quienes no podían pagar a desistir de sus actividades productivas y económicas, cerrar sus negocios y abandonar sus tierras, a trasladarse de lugar y a cambiar sus modos de vida” (p.166)

Pillaje 

“El pillaje es la apropiación o robo de bienes muebles de propiedad de una persona, organización o institución sin su consentimiento, efectuada por algún actor del conflicto armado. El robo de animales o enseres ha sido una forma de quedarse con objetos de las víctimas y propiedades para financiamiento o mantenimiento de los combatientes. También suponen una forma de estimular la violencia por parte de la tropa de diferentes actores armados. El robo opera como un estímulo de la violencia con un beneficio personal o para el grupo" (p.166)

El pillaje se realiza bajo modalidades definidas que siguen lógicas económicas, simbólicas y militares. Se usa para financiar estructuras armadas, como un método de castigo contra simpatizantes o auxiliadores del bando contrario o como un aprovechamiento inmediato de alimentos y otras mercancías a partir de la apropiación” (p.167)

“La Comisión es una de las pocas fuentes que ha registrado el pillaje en Colombia. Aunque sea una muestra pequeña, en el ejercicio de escucha se documentaron 751 hechos de pillaje, en el que los paramilitares fueron responsables del 46% de los hechos, las guerrillas del 33% y la fuerza pública del 17%. Fue precisamente entre 1998 y 2002 –periodo en que la Comisión documentó el mayor número de actos de pillaje– cuando se incrementaron las zonas en disputa y las incursiones a territorios controlados por los bandos «enemigos»" (p.167)

"El pillaje tiene impactos en el proyecto de vida de las víctimas, afecta el patrimonio de las personas y puede eliminar el producto del trabajo de toda una vida o agotar las formas y medios de subsistencia. El pillaje ahoga economías locales y proyectos productivos, y reduce las opciones laborales de las poblaciones que en algunos casos son forzadas a hacer parte de economías ilegales, como los cultivos de uso ilícito” (p.168)

Tortura 

“La tortura se refiere a actos y omisiones que causan intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, a una persona, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, castigarla por un acto cometido o intimidar o coaccionar a esa o a otras personas, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación o con un fin ilegítimo por actores armados durante en el conflicto. La tortura utiliza métodos para anular la personalidad de la víctima o producir un quiebre en su identidad, constituyendo una grave violación de los derechos humanos y un crimen bajo el derecho penal internacional. Cuando se comete de forma sistemática o a gran escala, constituye un crimen de lesa humanidad, o un crimen de guerra cuando la practican los grupos armados” (p.168)

“Durante la década de los noventa la tortura se incrementó exponencialmente como una modalidad de violencia enmarcada en el despliegue de algunas masacres perpetradas por los grupos paramilitares. Estos grupos llevaron a cabo prácticas de sevicia como el desmembramiento, mutilación, decapitación, colgamiento, descargas eléctricas, quemaduras y heridas, violaciones y abusos sexuales, ataques con animales, entre otras. Durante las masacres era frecuente que las torturas se hicieran de manera pública y los paramilitares forzaban a las personas a presenciar las torturas de miembros de su comunidad. Estas prácticas eran enseñadas en las escuelas de entrenamiento, en donde las propias crueldades fueron parte del mismo” (pp.170-171)

“La fuerza pública fue el actor que más los usó para estigmatizar a determinados grupos sociales o a poblaciones en contextos de exterminio del opositor, represión de la protesta social o de operaciones contrainsurgentes. Las prácticas de tortura se derivaron en afectaciones psicológicas y físicas en un mismo evento violento, y tuvieron impactos individuales y colectivos” (p.172)

Violencias sexuales 

“Las violencias sexuales han sido cometidas por los distintos actores del conflicto armado, en diferente medida y patrones de victimización. Este tipo de actos se cometieron casi en su totalidad por hombres. Sobre todo, se dirigen contra las mujeres en tres tipos de situaciones: los contextos de indefensión como capturas o detenciones; en el escenario de control territorial en las comunidades; o en el contexto de operativos y masacres. Las violencias sexuales en el conflicto armado son una expresión del poder sobre la vida y el cuerpo de las mujeres; ellas son marcadas por la posesión y el sometimiento de sus cuerpos y mentes” (p.173)

“También la Comisión documentó casos de hombres que sufrieron violación sexual como parte de la tortura en esas circunstancias de detenciones. Debemos tener en cuenta que también las violencias sexuales fueron perpetradas contra mujeres y hombres en contextos de detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales en las que se registraron prácticas de mutilación de los genitales de las víctimas, como formas de castigo y humillación” (p.174)

Amenazas al derecho a la vida 

“Las amenazas al derecho a la vida y a la integridad personal son una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes, y que se relacionan con el conjunto de hechos de violencia. Con frecuencia la víctima de amenazas de muerte las recibe de manera reiterada. Las amenazas son, por lo general, la primera de una serie de violaciones; ellas se encadenan con el desplazamiento forzado, el exilio, el confinamiento, los atentados y homicidios, extorsiones, trabajos forzados, violencias sexuales y la tortura. Algunos de sus objetivos son la imposición de una relación de dominación sobre determinados sectores poblacionales, mantener el control territorial por medio del terror, fracturar organizaciones, frenar procesos y acallar denuncias” (pp.175-176)

“Las amenazas de muerte se llevan a cabo en general mediante medios que invisibilizan a los autores, lo que forma parte del contexto que las vuelve más siniestras. Pueden ser mediante llamadas telefónicas, panfletos, listas, cartas, o mensajes por correo electrónico y redes sociales que se pueden volver virales con facilidad" (p.178)

La amenaza no es una violación fortuita ni accidental, por el contrario, es un acto planeado en el cual el victimario tiene claro a quién va a dirigir la amenaza, el método y el medio a elegir, las palabras que va a usar, las exigencias que va a llevar a cabo y los resultados esperados. En general, se dirigen a la parálisis de la acción, a la expulsión del territorio o al exilio de la víctima. También tienen un componente colectivo cuando se trata de liderazgos sociales, étnicos o de grupos políticos, con impactos también colectivos” (p.179)

Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y trabajo forzoso 

“El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años es un crimen de guerra prohibido por el DIH. Esta práctica común y generalizada se ha dado desde hace décadas y persiste en la actualidad. También se presentó al interior de la fuerza pública en una época (tuvo personas menores de 18 años incorporadas al menos hasta 1996, cuando era legal) con registros de informes, denuncias y testimonios sobre acciones cívico-militares o de infiltración e inteligencia, en las que involucran en actividades militares a niños y niñas" (p.179)

"Las actividades que les impusieron fueron aquellas en las que los combatientes consideraban que podrían desempeñarse con mayor eficacia. Esto incluye combates, actividades de soporte, uso como guías, tareas de logística, abastecimiento o guardia de personas secuestradas. Algunas condiciones que propician el reclutamiento son los contextos de violencia, pobreza, miseria, exclusión social y ausencia, violencia o abandono familiar” (p.180)

“Dentro de las actividades más recurrentes están las de informante, infiltrado y mensajero; otros niños, niñas y adolescentes menores de 18 años participaron en combates y muchos murieron. El deseo de venganza por el asesinato de seres queridos también se mencionó como motivo de ingreso en el grupo. En ocasiones la imposición es ejercida con violencia, amenazando a las víctimas y a sus familiares" (pp.182-183)

Trabajo forzado 

"Se entiende por trabajo forzado y esclavitud como todos aquellos actos en que un grupo armado ejerce de facto un derecho de propiedad sobre una persona, pudiendo venderla, intercambiarla o someterla a trabajos no remunerados en contra de su voluntad” (p.185)

“Los combatientes lo imponen en ocasiones a modo de castigo ejemplarizante, como forma de reforzar el control de la población y forzar a las víctimas a realizar actividades útiles para el grupo armado o terceros beneficiarios (lavar, cocinar, cultivar, transportar materiales, mercancías o información, apoyo logístico). Muchos de esos trabajos forzados son de carácter público y se imponen a la vista de las comunidades” (p.185)

Los ataques indiscriminados 

“Los ataques indiscriminados son aquellas acciones bélicas que no están dirigidas de forma precisa contra otros actores armados o un objetivo militar y que, en consecuencia, ponen en riesgo o afectan a la población civil y a los bienes protegidos. Este tipo de ataques pueden darse porque se emplean armas o métodos de carácter masivo como explosivos; ejecutan ataques sin dirigirlos a objetivos militares concretos o los despliegan de forma indistinta contra objetivos militares, personas civiles y bienes protegidos" (p.186)

"Los grupos armados, principalmente las guerrillas, emplearon armas explosivas en espacios públicos, contra instalaciones militares o policiales en pueblos o ciudades y también contra bienes civiles, como escuelas, hospitales, iglesias, buses, empresas y negocios, ya fuera con una intencionalidad como parte de acciones de intimidación o ataques a sectores específicos o bien como ataques a instalaciones militares o convoyes que tuvieron este carácter indiscriminado" (p.186)

"Las comunidades se vieron afectadas por los ataques aéreos sobre zonas con presencia de viviendas campesinas o en inmediaciones de centros poblados; en otros casos por ataques con explosivos dentro de las poblaciones con el uso de carros, motos, bicicletas o animales cargados de explosivos ubicados en calles y parques. Con el uso de este tipo de armas, los responsables aseguran un impacto masivo en sus acciones” (p.187)

“En el caso de la fuerza pública, se registran bombardeos y ametrallamientos desde el aire que también han tenido efectos indiscriminados sobre la población civil y sus bienes. También se registran bombardeos directos de la Fuerza Aérea contra la población civil, como en el caso de Santo Domingo, en Tame, Arauca, que el 13 de diciembre de 1998 causó la muerte de 17 civiles, entre ellos seis niños, y 21 heridos, y la destrucción de las viviendas. Otros bombardeos y ametrallamientos han tenido como víctimas a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento por los grupos armados" (p.188)

Las minas antipersona causan lesiones, mutilaciones y muertes a adultos y a niños, niñas y adolescentes, principalmente en áreas rurales. De acuerdo con el Registro MAP MUSE de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) entre 1990 y 2022 se registraron 4.884 víctimas civiles, de las cuales 3.997 civiles fueron heridos y 887 murieron como consecuencia de la explosión de minas antipersona. De los heridos, 1.013 eran menores de edad, de los cuales 259 murieron. También se han registrado 7.286 víctimas de la fuerza pública con 5.832 heridos y 1.454 muertos por la explosión de minas antipersona" (p.189)

"Los sufrimientos que producen ese tipo de armas se extienden el tiempo y las vidas de los sobrevivientes al causar graves heridas y discapacidades por la pérdida de extremidades o afectaciones especialmente a los sentidos y suponen un enorme impacto además en las familias y sistemas de cuidado, necesidades de salud (operaciones posteriores, prótesis a reemplazar) e interferencias en la integración social y familiar (discapacidades, dependencia, entre otras)” (p.190)

Ataques a bienes protegidos 

“A medida que se agudizaron las confrontaciones, las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública llevaron a cabo ataques en que buscaron ventajas militares en territorios donde las comunidades fueron el espacio de disputa y enfrentamiento. Los ataques generan daños graves sobre casas, iglesias, escuelas, centros de salud y hospitales. Sumado al daño físico, los ataques transformaron modos de vida, afectan estructuras dedicadas a la educación o la religión, el trabajo municipal o la recreación. Dejan a las víctimas con sentimientos de desprotección e impotencia por la violación de los espacios colectivos o de protección comunitaria. Se registra de manera recurrente el uso deliberado de esos bienes protegidos como escudos en medio de los combates, o su ocupación para fines bélicos” (p.191)

“Entre los ataques a bienes protegidos se incluyen ataques a lugares de culto, ataques a bienes sanitarios, ataques a bienes culturales, ataques a la infraestructura energética y eléctrica, y finalmente ataques a oleoductos. Todos ellos con graves afectaciones para la vida de las comunidades afectadas y muchos de ellos con afectaciones para la naturaleza e incluso se registran víctimas que murieron en medio del fuego provocado” (p.192) 

El desplazamiento forzado, el confinamiento y el despojo 

“Expulsar, encerrar y desplazar fue la práctica más frecuente en las que se vulneraron valores más importantes del ser humano: su residencia, su territorio, su libre circulación, sus propiedades. El control del espacio y de la riqueza con propósitos vinculados con el conflicto armado, se hizo más fácil sacando a la gente de sus hogares o de sus sitios habituales de trabajo o limitando su movilidad, o simplemente quitándole sus tierras. Huir se convirtió en una fórmula denigrante de salvar la vida perdiendo cosas y valores y, a veces, quedarse inmóvil por la fuerza representó también una coerción a la libertad, uno de los derechos más preciados del ser humano" (p.193)

“El desplazamiento forzado se presenta cuando personas o grupos de personas se han visto obligadas a salir por la fuerza o intimidación de su residencia o de su sitio habitual de trabajo, como resultado de un acto realizado por los actores del conflicto armado, o por una violación de derechos humanos o una infracción al derecho humanitario o para evitar los efectos propios del conflicto armado, siempre y cuando no hayan cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida" (p.194)

"El desplazamiento forzado provoca el rompimiento del modo de vida de las víctimas, quienes deben volver a empezar y reconstruir su vida muchas veces en barrios marginales de ciudades o en zonas de conflicto armado, en condiciones de desprotección. La pérdida de modos de vida, identidades fundamentalmente campesinas, posibilidades productivas y dinámicas culturales ha sido una catástrofe que si bien ha sido conocida en el país, es silente especialmente en cuanto sus efectos sociales” (p.194)

“La población sufrió un desplazamiento igualmente masivo durante el periodo de la Violencia (1946-1958), y luego un nuevo ciclo de desplazamiento forzado masivo durante el conflicto armado de grandes proporciones, en el que a partir de 1995 y hasta 2002 tuvo su crecimiento mayor. En ese año se registra la cifra más elevada, con 730.904 víctimas. Esta situación agravó la crisis humanitaria en los territorios y ciudades. Después del aumento mencionado, hasta 2008 se mantuvo en niveles cercanos a las 400.000 víctimas anuales, para bajar y mantenerse hasta 2014 a cifras alrededor de las 250.000 víctimas y desde ahí ver una disminución sustancial que coincidió con la firma del Acuerdo de Paz en 2016” (p.195)

Confinamiento

“El confinamiento se presenta en regiones en las que los actores armados ejercen control territorial. Esta violación ha sido perpetrada por las guerrillas, los paramilitares y la fuerza pública; restringe la movilidad de personas consideradas como las bases del enemigo o como testigos tránsitos de personas y mercancías que no deben ser vistos" (p.198)

"El confinamiento es la restricción de la movilidad impuesta a una persona o personas por actores del conflicto armado que les impiden salir de su entorno, ya sea personal, familiar o comunitario. A diferencia del desplazamiento forzado, el confinamiento no tiene un impacto poblacional directo en los centros económicos y políticos del país; suele darse en zonas disputadas por los actores armados durante periodos específicos y abarca distintas prácticas de control poblacional y territorial, circunstancias que impactan en la visibilidad, el reconocimiento y la comprensión de esta violación de derechos humanos" (p.199)

Despojo de tierras 

“La tierra, territorios y recursos naturales son un botín de guerra para entramados compuestos por diversos actores armados legales e ilegales. Estos han expulsado a las comunidades rurales de sus territorios, mediante el uso de mecanismos violentos, políticos, administrativos y judiciales para facilitar el proceso de acumulación de tierra en pocas manos, agravando la desigualdad y la problemática agraria" (p.201)

"La Ley 1448 de 2011 (ley de víctimas y de restitución de tierras) definió el despojo como «la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia»” (p.201)

“El despojo es una empresa criminal mediante la cual fueron arrebatadas propiedades y territorios a personas y comunidades durante el conflicto armado, y posibilitó o condujo a su apropiación por parte de terceros que se beneficiaron de la violencia y el sufrimiento causado a las víctimas… También se llevó a cabo para asegurar y robustecer actividades empresariales en zonas de conflicto armado; controlar las economías ilícitas; concentrar y acumular la tierra en manos de pocos propietarios mediante el uso de mecanismos violentos, políticos, administrativos y judiciales y así para acrecentar sus capitales" (p.201)

"La Encuesta Nacional de Víctimas de la Contraloría de 2013 muestra que más de 537.503 familias de civiles que han sido despojadas de sus tierras o las han tenido que abandonar a la fuerza entre 1985 y 2013 y, según la misma fuente, más de ocho millones de hectáreas despojadas o abandonadas entre 1995 y 2004, equivalentes al tamaño de países como Austria o a 50 veces la superficie de Bogotá. Casi la totalidad de las víctimas queda condenada a sobrevivir en condiciones de desarraigo y pobreza, además de la pérdida de vínculos e identidad que supone para la población campesina y étnica, y la base material de su sustento” (p.202)

“Factores como la concentración de la propiedad y la especulación con la tierra, las disputas por los territorios estratégicos para el negocio del narcotráfico o para el beneficio de proyectos minero energéticos, agroindustriales, de infraestructura y de ganadería extensiva, propician estas dinámicas del despojo de tierras. En él pueden intervenir los grupos armados que desplazan forzadamente a la población, los beneficiarios que despojan a las víctimas mediante el robo, el engaño o la compra a precios irrisorios, y algunos funcionarios de instituciones como notarías y oficinas de registro de instrumentos públicos que legalizan el despojo, ayudadas por los vacíos normativos o mediante la violación de las leyes” (p.202)

“En menor proporción, pero no menos grave, otros agentes del Estado también han sido responsables de esta violación por forjar alianzas con grupos paramilitares y ser cómplices del despojo desde sus puestos de poder, o por tener comportamientos omisivos que conducen al éxodo masivo de poblaciones enteras y al despojo de sus tierras y territorios. Tal como ocurrió en la región de Urabá, donde la fuerza pública participó en la creación de las Convivir, además de tejer alianzas con empresarios, narcotraficantes y ganaderos que se apropiaron de tierras rurales y territorios étnicos para la expansión de sus proyectos productivos" (p.202)

El despojo de tierras tiene referencias inclusive anteriores a los datos conocidos y coincide con un proceso en el que se incrementa la concentración de la tierra en pocas manos: entre 1984 y 2003 las propiedades de más de 500 hectáreas pasaron de representar 32,7% (1984) al 62,6% (2003), mientras que la superficie de los predios de menos de veinte hectáreas se redujeron de 14,6% a 8,8%. Lo anterior indica que tanto el despojo como el desplazamiento forzado agravaron la inequitativa distribución de la tierra en Colombia” (p.203)

“El desplazamiento forzado y el despojo no son violaciones que golpean solo a comunidades rurales. Ambos afectan también a comunidades que habitan barrios marginales de centros poblados intermedios y cabeceras departamentales. Ciudades capitales como Medellín, Bogotá, Cúcuta, Cartagena y Quibdó, entre otras, y ciudades intermedias como Buenaventura, Tumaco, Soacha, son a la vez centros receptores y expulsores de población desplazada.” (p.204)

Responsabilidades en las violaciones de derechos humanos 

“La violencia tiene un carácter intencional en el contexto del conflicto armado, orientada a tener control, ganar fuerza, paralizar, destruir al enemigo y así conquistar objetivos políticos o militares, cambios y transformaciones, seguridad y mantenimiento del status quo. Pero las dimensiones del conflicto muestran también responsabilidades éticas, históricas y políticas, desde el punto de vista y mandato extrajudicial de la Comisión" (p.205)

"Un aspecto crucial relacionado con la violencia ocurrida en el contexto del conflicto armado son las responsabilidades de los diferentes actores que han participado en él. Agentes e instituciones estatales, grupos paramilitares y grupos guerrilleros, así como otros civiles o grupos que tuvieron diferentes tipos y grados de responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos y de graves infracciones al DIH" (p.205)

"Son múltiples las responsabilidades en el conflicto armado y no se refieren solo a los autores materiales o la relación directa de responsable-víctima. Además, el esclarecimiento de las dinámicas del conflicto armado muestra que no solo se trata de “actores” o grupos armados, o personas que participaron directamente en las hostilidades. De diferentes maneras, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros, las entidades estatales y terceros civiles del sector económico, político y élites regionales, han tejido y actuado mediante alianzas, en redes en donde confluyen mayores y menores niveles de responsabilidad” (p.206)

“El enfrentamiento inicial entre la fuerza pública y las guerrillas, posteriormente agravada con la participación paulatina de los grupos paramilitares y también de otros agentes del Estado y sectores civiles, hace que estos actores sean responsables de ese universo de víctimas que, según el resultado final de la integración de bases de datos del proyecto JEP- CEV-HRDAG, corresponde a 450.666 muertos, 121.768 desaparecidos de manera forzada, 50.770 secuestrados, 16.238 niños, niñas y adolescentes reclutados y alrededor de 8 millones de desplazados. Asimismo, de acuerdo con los registros oficiales y el estudio realizado por la Comisión junto con el Acnur para el periodo entre 1982 a 2020, más de un millón de personas que tuvieron que salir del país, buscar protección internacional con diferentes estatus o reconocimiento a diferentes países” (p.206)

“La responsabilidad del Estado en el conflicto armado, que debe respetar y garantizar los derechos de los colombianos y colombianas y de cualquier persona sujeta a su jurisdicción, se configura tanto por su participación directa en violaciones graves de derechos humanos e infracciones al DIH por miembros de las instituciones, como por su falta de prevención, investigación y sanción de dichas violaciones e infracciones" (p.207)

"La impunidad ha favorecido, entre otros efectos, la persistencia de violaciones de derechos humanos, así como de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Fiscalía General de la Nación en no pocas ocasiones ha sido omisiva en la investigación y acusación de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH de los que se han beneficiado actores armados, algunas empresas nacionales, multinacionales, actores políticos y terceros” (p.207)

“El Estado colombiano también compromete su responsabilidad por la existencia del paramilitarismo y por el accionar de estos grupos. Aunque hasta finales de la década de los ochenta los grupos paramilitares actuaron como agentes del Estado, en razón de las autorizaciones legales existentes para su conformación y funcionamiento, así como contaron con cobertura legal entre 1995-1997 con el funcionamiento de las Convivir” (p.208)

“El paramilitarismo no se trató de simples grupos armados ilegales o ejércitos privados. Fue un entramado de relaciones estrechas entre diversos sectores del narcotráfico, la economía legal e ilegal, el Estado y sectores políticos y empresariales de la sociedad civil, desde el orden regional y nacional, que contribuyeron en su creación, funcionamiento y expansión, con diferentes propósitos como la lucha antisubversiva y el control de economías lícitas e ilícitas. Los vínculos entre los grupos paramilitares y la fuerza pública fueron más evidentes de lo que se sabía, y nunca fueron reconocidos. La relación de sectores de las Fuerzas Militares con las autodefensas y paramilitares fue determinante tanto para la creación de estas, como para su expansión y consolidación. Las Fuerzas Militares y los gobiernos tienen una corresponsabilidad con el paramilitarismo en lo que ello ha supuesto para las víctimas y el país” (p.208)

“El paramilitarismo empleó formas de violencia cada vez más crueles y de forma más masiva, no solo para combatir a las guerrillas y atacar a quienes consideraba sus bases sociales, sino que controló el narcotráfico para beneficio propio y de muchas personas, incluyendo políticos, empresarios y agentes del Estado. Los narcotraficantes se han introducido en la política al acceder incluso a cargos públicos de elección popular. La «parapolítica» dio a entender que fueron los políticos quienes buscaron a los paramilitares, con el aliciente del narcotráfico de por medio. No solo los recursos del narcotráfico han servido para financiar numerosas campañas electorales, sino que han beneficiado a muchos políticos en el ámbito local, departamental y nacional. La economía del país no se explica sin el narcotráfico y esto involucra una responsabilidad colectiva e institucional. La gravedad de esta alianza explica en buena parte la persistencia del conflicto armado” (p.209)

“Las diferentes organizaciones guerrilleras cometieron graves infracciones del DIH y abusos de derechos humanos de forma extensiva. Las guerrillas son responsables, en primer lugar, por haber tomado decisiones de orden político y estratégico que llevaron a un crecimiento y expansión de su violencia en el territorio nacional con un gran impacto en la población civil" (p.209)

“En los años de mayor confrontación armada, las guerrillas, pero especialmente las FARC-EP y el ELN, usaron métodos y medios prohibidos como minas antipersonales o los llamados cilindros bomba que terminaron afectando indistintamente a civiles y combatientes con muertes de pobladores de todas las edades. Por otra parte, las guerrillas fueron responsables también de extorsiones y la captura de rentas del Estado y el control del poder político en las zonas en que han tenido una presencia durante décadas, atacando incluso a los responsables políticos elegidos, lo que supone un ataque a la democracia” (p.210)

“Tener tantas violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH, durante tantos años, en casi todos los rincones del país, realizadas por los diferentes actores del conflicto, contra millones de personas, hizo que Colombia fuese reconocida como una de las democracias más violentas del mundo. Qué paradoja que un país que se jacta de tener una de las democracias más antiguas del continente americano sea una sociedad que se haya atacado a sí misma con semejantes niveles de violencia. Y no fue una violencia cualquiera. Fueron miles y miles de hechos que afectaron durante décadas sobre todo a civiles, en la gran mayoría de los casos en absoluta indefensión, que no eran partícipes directos en las hostilidades” (p.211)Comisión 

Análisis

En el conflicto armado en Colombia predominaron el uso de métodos condenados por la civilización mediante el derecho internacional humanitario, que condujeron a los bandos en conflicto a cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. De tal manera que no existió propiamente una guerra entre ejércitos, sino asesinatos selectivos  e indiscriminados, contra población indefensa.

Conclusión

La Comisión de la Verdad llegó a contabilizar cerca de 450,000 homicidios, más de 100,000 desapariciones y 50,000 secuestros, cifras espeluznantes que producen rechazo a esa espiral de violencia, especialmente cuando se pudo establecer que el 80 por ciento de personas asesinadas eran personas civiles no combatientes.

Referencia

(*) "Hay futuro si hay verdad", Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Primera edición, Bogotá, Colombia, Comisión de la Verdad, 2022. ISBN: 978-958-53874-5-4

Nota aclaratoria: La Comisión de la Verdad fue creada en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dicha Comisión fue integrada por once comisionados, los cuales fueron seleccionados en noviembre de 2017 y comenzaron a funcionar oficialmente en mayo de 2018.