viernes, 14 de octubre de 2022

ICV Capítulo 1: Colombia herida


Introducción


En este post se incluyen los aspectos relacionados con la experiencia de las víctimas y el impacto que tuvo en ellos la degradación de la guerra, tomados del Informe de la Comisión de la Verdad (ICV)* en forma sintética, respetando sus textos originales, pero suprimiendo ciertos detalles que pueden consultarse directamente desde la Plataforma digital de la Comisión, como son los testimonios, las referencias bibliográficas y las notas de pie de página. También se ha simplificado la numeración, los títulos y los subtítulos, para así atraer más lectores que pueden desanimarse al ver la extensión de los textos originales. En cada párrafo se incluye el número de la página del Informe donde se encuentra.                                    

Síntesis

“Durante décadas se han acumulado hechos de violencia, estados de sitio, torturas, secuestros y masacres que inundaron de sangre los campos y la conciencia colectiva. Todo ello conforma una historia fragmentada que buena parte de la sociedad ha vivido como si fuera de otros, o en la que el otro se convirtió en un enemigo para eliminar, no en un adversario con el cual dialogar o negociar” (p.19)

“En las últimas décadas, mientras la guerra se agudizó, la desprotección de millones de personas aumentó, la desigualdad, la exclusión y la discriminación se convirtieron cada vez más en un abismo, pero buena parte de la sociedad y la economía del país siguieron adelante como si nada pasara” (p.19)

“El sufrimiento emocional, la rabia por el atentado o la tortura, la vergüenza por la violencia sexual o la tristeza profunda, que incluso ha llevado a ideas suicidas y al uso de sustancias psicoactivas para tratar de olvidar son capítulos de una historia ya vivida. La rabia y el enojo social, la naturalización de la violencia o la desconfianza. El impacto no solo en los hechos, sino también en las creencias y en la cultura que penetró en la forma de ser y reaccionar de buena parte de la población. Las divisiones políticas y las actitudes ante la violencia han llevado a la sociedad a una visión dualista, en lugar de una Colombia incluyente” (p.20) 

“Muchas familias y comunidades han vivido durante décadas en medio del miedo: a hablar, a sufrir más violencia por denunciar, al señalamiento como guerrilleros o a la criminalización, a no tener respuestas sociales o del Estado, a ser señalados como «sapos» o «colaboradores». El negacionismo de la violencia ejercida ha hecho que esta se mantenga. Colombia ha construido memorias defensivas en las que las personas tienden a valorar o reconocer las violaciones de derechos humanos del grupo con el que se identifican y no de los que consideran contrarios, del otro lado, opositores" (p.20)

"El nivel de terror vivido en la guerra fue posible por la deshumanización, las víctimas fueron convertidas en objeto de desprecio. Las acciones de sevicia y crueldad indiscriminadas o selectivas contra la población civil, que se dieron desde la época de La Violencia y se agudizaron en el conflicto armado, han tenido un objetivo instrumental de eliminar al otro, pero también simbólico, al paralizar las actividades y movimientos colectivos. A ellas cabría añadir una de especial alcance: la desconexión moral respecto a las víctimas que se consideran y se perciben como ajenas; la falta de empatía con ese dolor es parte de lo que Colombia necesita transformar, como una energía para la construcción de la paz” (p.21)

“Desde hace décadas, la sociedad civil se ha movilizado para lograr la paz y superar las condiciones de exclusión social y violencia. Esos esfuerzos han pasado por la participación en movimientos sociales, la lucha por la tierra del movimiento campesino, los reclamos de comunidades afrodescendientes e indígenas por su cultura y territorio, la lucha de las mujeres por una salida política al conflicto, la papeleta por la paz de los jóvenes repartida por las calles o impresa en periódicos para votar pidiendo una nueva constitución en 1990" (p.22)

Un impacto masivo e intolerable 

El impacto acumulado de la violencia y sus profundas consecuencias en la sociedad colombiana durante décadas no frenaron la guerra. Durante mucho tiempo las víctimas fueron negadas o justificadas como consecuencia inevitable de los enfrentamientos armados entre grupos opuestos. Mientras tanto, la presencia del Estado brilló por su ausencia en muchos de los territorios en conflicto, y la sociedad civil, sobre todo la que habitaba en los núcleos urbanos, parecía mantenerse al margen de algo que sucedía fuera de sus fronteras" (p.22)

"En los comienzos de los años sesenta, se trataba de salir de un régimen excluyente dominado por las élites tradicionales, en una enconada lucha por el poder político y la propiedad de la tierra que tuvieron un papel decisivo en el estallido del conflicto” (p.23)

“Esta guerra no ha sido solo entre grupos armados, sino de entramados y aparatos políticos y económicos, donde se incluyen actores no armados, como civiles, sectores de la sociedad y grupos que participaron en la guerra, dinámicas del poder y en la disputa por la tierra… El despojo de tierras asociado al desplazamiento forzado ha llevado a la pérdida de modos de vida, procesos organizativos y producción agraria tradicional con el consiguiente aumento de la desigualdad y la precarización. Se calcula que, en el contexto del conflicto armado, 8 millones de hectáreas han sido despojadas de forma violenta” (pp.23-24)

“El conflicto tapó todo, fue utilizado para ocultar esos problemas o convirtió la conflictividad social subyacente, las luchas por los derechos económicos, sociales y ambientales o la propia construcción de paz, en actividades sospechosas, sometiendo a sus protagonistas a las lógicas del enemigo" (pp.24-25)

“El cansancio del conflicto armado, de los procesos de paz fragmentados o frustrados, de la repetición de ciclos de violencia que volvían como un mal sueño de promesas incumplidas o de discursos que ampararon la continuación de la guerra originó un estado de apatía e indiferencia en un sector de la sociedad… Frente a esa Colombia que cuenta social y políticamente, la más excluida –la Colombia rural y empobrecida, la de los pueblos étnicos y el mundo campesino–, ha sido vista solo como una fuente de recursos que se pueden explotar o de tierra que acumular, sin ser tenida en cuenta en un proyecto incluyente de país” (p.26)

La dignidad y la centralidad de las víctimas 

“Los valores como sociedad se fueron debilitando como consecuencia de una violencia persistente que lastimó lo más profundo de la dignidad y de la humanidad de las víctimas" (p.27)

"La guerra tiene una causa social y política, pero hay pocos espacios sociales de reconstrucción, porque, a veces, hablar resulta peligroso, porque se necesita un marco de sentido, porque a veces no se han dado las circunstancias para hacerlo de manera abierta o, en otros casos, porque no hay claridad respecto a su utilidad de cara a la no repetición. En muchos de los primeros encuentros organizados por la Comisión, escuchamos una demanda común de bastantes víctimas: «No queremos una verdad que cuente casos solamente, queremos, sobre todo, una verdad que explique por qué»” (pp.28-29)

“La Comisión no solo ha escuchado más de 14.000 testimonios de víctimas, testigos y responsables, también activó un gran diálogo con cerca de 30.000 personas que participaron en reuniones, talleres, actos de reconocimiento, encuentros privados y numerosas actividades públicas, como Encuentros por la Verdad, en la convicción de que los traumas se pueden empezar a curar con la palabra y otras formas de expresión que puedan ocupar el espacio del silencio impuesto o cruzar las barreras al otro lado del dolor y el sufrimiento” (p.30)

“Enfrentar los impactos del conflicto armado reivindica la memoria para dignificar su legado. Con ello, las víctimas y sus familiares han podido exigir saber la verdad de lo sucedido para buscar en colectivo un indicio, alguna respuesta sobre los porqués de lo acontecido; esto impulsa a los familiares a salir en cada jornada de conmemoración o fechas emblemáticas para las víctimas. Es la necesidad de reivindicar a las personas que ya no están físicamente, pero que siguen vivas en el corazón, como una forma de restablecer el buen nombre y las historias de vida que fueron truncadas. Negarse a olvidar es el primer acto de resistencia que ha concebido construir en la memoria una apuesta política personal y colectiva para las víctimas” (p.34)

Traumas colectivos: huellas de dolor en la identidad del país 

“Los traumas colectivos son acontecimientos violentos que dejan marcas indelebles en la conciencia y en la memoria colectiva, en la historia de un pueblo, en su identidad y sentimiento de pertenencia común, hasta llegar a modificar su manera de ser y estar en el mundo y decidir su destino, por lo que se hace necesario actuar desde distintos puntos de vista sobre esas extremas experiencias y superar las fracturas a las que han dado lugar” (p.36)

“El pacto del Frente Nacional fue un acuerdo de las élites políticas, desde arriba, que trajo la pacificación, pero también la exclusión de otros sectores. Las consecuencias se mantuvieron y profundizaron heridas colectivas durante mucho tiempo. La paz no se hace en esos casos solo con acuerdos políticos entre las partes enfrentadas, sino también desde abajo, abriendo espacios para la reconstrucción de procesos locales o de lazos colectivos" (p.37)

Durante el periodo del Estatuto de Seguridad (1978-1982), miles de personas fueron detenidas y torturadas de forma arbitraria. El asalto al Palacio de Justicia en 1985 supuso un ataque a las altas cortes y al propio sentido de la justicia. El asesinato de candidatos presidenciales en los magnicidios de Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro en el periodo 1989-1990 conllevó el cierre de las posibilidades políticas de la alternancia democrática por parte de grupos de oposición” (p.37)

“Las masacres paramilitares, los años de extensión del secuestro de las FARC-EP, las tomas guerrilleras o los bombardeos de comunidades, marcaron la historia colectiva de Colombia hasta hoy, muchas veces de forma segmentada en función de las distintas sensibilidades políticas. En otros casos, los intentos de salidas negociadas al conflicto, como el Acuerdo de La Uribe que dio lugar al nacimiento de la UP (1985) y su posterior genocidio político, y el fracaso de los diálogos del Caguán en 2001, marcaron un quiebre en la esperanza de la construcción de la paz y la democratización del país” (p.37)

“El secuestro es una muerte suspendida en el tiempo que afectó a decenas de miles de personas y sus familias. Los asesinatos de sindicalistas y la desaparición de sindicatos como consecuencia del violento ensañamiento contra ellos han dejado miles de familias afectadas, así como una herida en el propio movimiento sindical y social” (p.38)

“La Comisión de la Verdad llevó adelante una extensa conversación colectiva con todos los sectores sociales, con centralidad de las víctimas, no solo para mirar hacia ese pasado, sino para transformar el presente con el convencimiento de que el futuro les pertenece a las nuevas generaciones que necesitan dejar atrás un pasado violento y dar pasos hacia un país capaz de afrontar las transformaciones necesarias y tantas veces postergadas por la guerra” (p.39)

“El trabajo de la Comisión de la Verdad se ha dirigido a un ejercicio de escucha amplio para generar una visión compartida del impacto y de lo intolerable de lo vivido y para ser conscientes de las consecuencias que todo ha tenido en la cultura, en los modelos de relación interpersonal e intergrupal, en los modos de hacer política o de afrontar los procesos colectivos. La herida en lo individual, lo familiar y lo colectivo que deja el conflicto armado trasciende el cuerpo y perfora el alma colectiva” (p.40)

Las consecuencias del dolor atraviesan generaciones

“El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes ha supuesto un ciclo repetido de la guerra en muchos territorios, donde la identificación también de adolescentes con el poder de las armas o la falta de respeto por los modelos positivos, como los liderazgos sociales o las juntas de acción comunal, y la falta de condiciones para la educación, la ausencia de trabajo o perspectivas de futuro los ha llevado muchas veces a las puertas de la guerra” (p.41)

El impacto en la salud mental 

“Parte de estas emociones que son «normales» ante las experiencias vividas, han quedado fijadas en el cuerpo, la mente y el corazón de las víctimas, y en ocasiones vuelven a experimentarse con intensidad al escuchar ruidos o ante el estrés y la zozobra que existe en sus territorios por la presencia de actores armados. Es decir, la guerra sufrida y la persistencia del riesgo latente tienen un efecto acumulativo, en especial entre aquellas víctimas que han vivido una y otra vez ciclos repetitivos de violencia o no han contado con reconocimiento ni apoyo social"  (p.43)

"Víctimas que sufrieron torturas durante el Estatuto de Seguridad hace 40 años todavía hoy sienten muchas veces el ahogo o la angustia de los ojos vendados, la repetición de ideas desesperantes asociadas a la vivencia traumática, combinados con momentos caóticos o con el estigma de haber sido señalados de crímenes atroces. Víctimas de secuestro de varias maneras vuelven a sentir con el tiempo detalles o humillaciones que los marcaron profundamente. Familiares de desaparecidos recuerdan con dolor el lugar de los hechos, y no encuentran explicación o respuestas. Muchas de ellas reexperimentan, aun después de muchos años, angustia, ansiedad y miedo, porque el tiempo puede ayudar a encontrar maneras de enfrentar el dolor, pero otras veces lo cronifica o, como señaló un campesino que fue víctima de tortura hablando de su propia experiencia, «el tiempo cura las heridas, pero no borra cicatrices»” (p.43)

Impacto en el comportamiento colectivo 

“Durante décadas, las víctimas sufrieron esa situación sin reconocimiento ni apoyo, lo que llevó a una vivencia de desamparo frente al Estado, de no tener a quién acudir, quedar sin salida ante crímenes que nunca tuvieron reconocimiento. Todo esto incrementó el impacto. Hoy persevera un reclamo a la justicia y al Estado. Reclamo materializado por el incesante trabajo de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, quienes, por ejemplo, a través del litigio ante las altas cortes o el sistema interamericano de justicia, han creado espacios decisivos para garantizar la protección de los derechos humanos, visibilizar las violaciones y colaborar en la construcción de normatividad que garantice la vigencia de la justicia para las víctimas, o incluso el reconocimiento del daño sufrido” (pp.44-45)

“La violencia contra el movimiento campesino llevó al despojo de tierras, de su identidad organizativa en el caso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), de sus formas de subsistencia con cambios en sus dinámicas productivas o búsqueda de alternativas en los cultivos de coca, con consecuencias no solo para ese sector social, sino para toda la sociedad” (p.45)

“Los medios de comunicación también fueron actores fundamentales en la narrativa del conflicto armado. A veces, las violencias nutrieron las páginas rojas, noticias de terror que aparecieron de manera fugaz en los medios, pero en muchos casos hicieron visible el horror y sirvieron como amplificador de la situación de las comunidades” (p.46)

“El fortalecimiento de estos movimientos sociales y las instancias de participación propiciadas por las diferentes leyes han dado lugar a que las víctimas organizadas se apropien de estos mecanismos para la continua exigencia de sus derechos. El apoyo de otras organizaciones y de la cooperación internacional han sido fundamentales para sostener estas iniciativas, que no tuvieron en general el apoyo del Estado, y en muchos casos fueron perseguidas o criminalizadas, como en el caso de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y organizaciones de familiares o grupos que se declararon en resistencia, como las Comunidades de Paz” (47)

Impacto en las comunidades afectadas 

“El miedo ha sido en Colombia un poderoso agente de control de movimientos y reivindicaciones sociales, a la vez que ha contribuido a la invisibilización de las violaciones de derechos humanos y de las infracciones al DIH, a pesar del enorme valor de muchas víctimas y organizaciones para, aun sin condiciones de protección, hacer esas denuncias como una forma de reivindicar sus derechos y luchas por la injusticia sufrida” (p.48)

“Momentos vividos tras la firma del acuerdo de paz, como el asesinato de líderes o el cuestionamiento por algunos sectores políticos o del gobierno colombiano, así como de excombatientes de las FARC-EP que firmaron el acuerdo, han llevado a que estos temores se extiendan. Para la Comisión, todo esto es un llamado a la importancia que reviste consolidar y extender el proceso de paz, para poder abordar todas estas verdades en un contexto en el que hablar no sea vivido como un peligro. También son una demanda para los grupos armados aún activos y de acuerdos humanitarios que respeten la vida de la gente, así como para el conjunto de las instituciones del Estado sobre la necesaria coherencia con los compromisos adquiridos, la garantía de seguridad y el respeto con las víctimas" (p.49)

“Ante los ojos de los colombianos, los hechos violentos no fueron percibidos de la misma manera. Las crueles acciones ejecutadas por las FARC-EP tuvieron impacto en el relato y en las imágenes de las personas secuestradas, los ataques a comunidades y los atentados con bombas pusieron en evidencia la inhumanidad de las situaciones vividas. Las masacres y atrocidades perpetradas por grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como parte de una estrategia de terror en todo el país, en muchos casos no provocaron una indignación social o una movilización de las conciencias frente a lo intolerable. La relación del paramilitarismo con el Estado fue negada durante décadas, lo que prolongó la falta de respuesta y quitó a esas víctimas la posibilidad de que sus experiencias fueran reconocidas" (p.50)

"Los miles de casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos» solo se empezaron a ver en 2008, cuando las madres de Soacha hicieron públicas las denuncias de que sus hijos habían sido reclutados por miembros del Ejército o engañados con una promesa de trabajo, y aparecieron luego como supuestos guerrilleros muertos en combate” (p.50)

“Llama la atención que en Colombia las masivas violaciones de derechos humanos sucedieron en un país democrático, con elecciones libres, una estructura del Estado con división de poderes, leyes garantistas y medios de comunicación independientes. Si bien el esfuerzo del periodismo de investigación y las organizaciones de derechos humanos hicieron una contribución clave para visibilizar las atrocidades, no se dio una crisis política por la magnitud de la violencia ni una movilización colectiva más allá de las propias víctimas y de sectores cercanos y de la investigación judicial. Debido en parte al miedo y, por otro lado, a la falta de sensibilidad, el ocultamiento de las violaciones sistemáticas y la enorme crisis humanitaria, estos hechos no fueron vistos como un problema masivo de violaciones de derechos humanos en los que estaba gravemente comprometida la responsabilidad del Estado, sino como un problema representado como la «lucha contra el terrorismo»” (p.51)  

“La desconfianza es un duro legado de décadas de conflicto y muchas veces criminalización de quienes trataron de luchar pacíficamente por un cambio social. En Colombia, durante generaciones se ha aprendido a no hablar, a no expresar lo que se piensa porque no se sabe cuál será la reacción del otro debido al frecuente riesgo de estigmatización por el hecho de pensar diferente o tener otras posiciones políticas. Este impacto en las subjetividades y relaciones interpersonales se muestra en que del desacuerdo se pasa fácilmente a la descalificación, y esta es la antesala del desprecio por el otro. En un contexto en el que las armas y la política se han mezclado durante décadas, los señalamientos son el anticipo de la violencia y forman parte de las amenazas que han seguido condicionando y tratando de limitar las expectativas de paz y cambio social" (p.51)

"Estas actitudes y comportamientos son parte de lo que se necesita cambiar. La política y la transformación necesaria de Colombia pasan por un cambio cultural que promueva otros modelos de relación interpersonal e intergrupal, en los cuales se rescaten el respeto, el diálogo y la solidaridad, herramientas que han salvado muchas vidas, también en este país, y suponen el sustrato de relaciones de la democracia” (p.52)

Polarización social y uso político del sufrimiento 

“Personas con poder económico y político, gobiernos y sectores e instituciones del propio Estado no se implicaron en ello. Por el contrario, siguieron insistiendo en aumentar la fuerza militar del Estado para destruir al enemigo, llegando incluso a justificar o minimizar ese sufrimiento. Algunos sectores de las insurgencias también se encargaron de obstaculizar la concreción de las negociaciones de paz" (p.52)

"Por su parte, también algunos sectores contraestatales han invisibilizado las víctimas producidas por las guerrillas y las han justificado como daño colateral de la propia guerra, restando importancia a su sufrimiento por el hecho de pertenecer a los estratos socioeconómicos más acaudalados de la sociedad, o justificando esos ataques, muertes o secuestros como respuesta a situaciones de injusticia social” (p.53)

“Todo ello muestra que el desprecio por la vida llegó en Colombia a los límites de la vergüenza y el sinsentido. Mucha gente que participó en esos encuentros ha sentido horror por lo sucedido y rabia por la falta de respuesta durante décadas y por el desprecio hacia la vida que esas acciones conllevaron, pero también ha reconocido que el camino para la reconstrucción del tejido social pasa por acciones sostenidas a lo largo del tiempo de ese reconocimiento cruzado y conjunto que ponga la dignidad de las víctimas en el centro del proceso" (p.53)

"El reconocimiento de la violencia y de las atrocidades cometidas tiene que separarse en Colombia de las identidades políticas. La adscripción a determinada ideología o liderazgo político no puede seguir siendo el criterio moral para juzgar la bondad o perversidad de un hecho. A lo largo de la historia del país, estas consideraciones han servido como excusa para minimizar hechos gravísimos, justificarlos o simplemente restarles la importancia que merecen. La ética subyacente a estos planteamientos hace que lo «bueno» o «malo» no sea la crítica a las violaciones de derechos humanos o del DIH, o la defensa de la dignidad humana, sino si se considera útil para la política” (p.54)

“Reconocerse como víctimas ha sido una forma de reivindicar la injusticia de lo vivido, el derecho a la verdad y reparación. Las víctimas son a veces ese testigo incómodo que muestra el impacto del conflicto armado que debemos mirar a los ojos, y han abierto el camino para ser escuchadas y también para convocar el grito colectivo de parar la guerra y construir la paz" (p.54)

De las memorias defensivas a una verdad incluyente 

“La victimización que han sufrido millones de personas en Colombia no les concede una especial clarividencia política ni supone un aval de racionalidad en el análisis de los problemas, pero es innegable que cargan con el peso de una herida que debe ser asumida colectivamente como país, y sus derechos deben ser tenidos en cuenta como parte de la agenda de transformación que Colombia requiere. Pero sí les da una legitimidad frente al Estado, los grupos armados y la sociedad: la de quien ha puesto todo el dolor y sufrimiento en el coste de la guerra y por ello reclama el respeto a los derechos humanos y del DIH y la superación del conflicto armado. Así lo mostraron las víctimas en el proceso de negociación de La Habana, hablándoles a las dos partes del conflicto y señalando el camino para la construcción de la paz" (p.55)

“En los contextos de fuerte polarización social, como los que caracterizan a Colombia, la pregunta o consideración sobre de «qué lado estás» ha sustituido muchas veces a la de «qué dices». Las respuestas han estado marcadas por una fuerte reacción emocional de aceptación o rechazo que se dirige contra todo un grupo al que se identifica con los responsables. De esa forma, incluso instituciones sociales o comunitarias, como iglesias, familias, escuelas o comunidades, se han visto obligadas a posicionarse en un polo del conflicto en lugar de abrir espacios para el diálogo y la búsqueda compartida de salidas" (p.56)

"Esta polarización es parte de los impactos de la guerra en la sociedad y hace difícil hablar de lo sucedido, abordar las consecuencias sufridas o simplemente hablar de política, porque frecuentemente se pasa a la disputa o la descalificación del otro, de las posiciones que defiende, del grupo o los grupos a los que pertenece y, por extensión, del resto de sus miembros. Las relaciones sociales o familiares se ven así afectadas por el conflicto. El lenguaje, los estereotipos del otro o los posicionamientos de líderes políticos terminan condicionando el diálogo y hacen que muchas familias o amigos se refugien en el silencio” (p.57)

Una representación política de la rabia y el enojo social 

“La rabia es parte de las respuestas emocionales normales frente a las experiencias anormales sufridas. Pero, a veces, el deseo de venganza reactiva por lo sufrido se ha convertido en Colombia en odio al otro, al grupo al que pertenece o a las ideas que representa” (p.58)

“En una perspectiva transgeneracional, hay que tener en cuenta que estas imágenes del enemigo fueron en otras épocas impulsadas incluso por sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica que en la década de 1950 manipulaban las conciencias de los fieles en el púlpito, para empujarlos a odiar a los liberales y, en casos extremos, a matarlos. Esta herencia del odio a muerte ha permeado también actitudes sociales" (p.59)

"Por último, la rabia y el enojo social son también la expresión de muchos sectores en los cuales se ha dado una exclusión permanente a lo largo de la historia. El enojo en esos casos se expresa en luchas en la calle que tratan de conquistar un espacio social que les es negado, y es una puja por querer pertenecer, una demanda de inclusión social que muchas veces en Colombia ha sido respondida con criminal lización de la protesta, en lugar de diálogo y negociación que escuche las demandas como lo que son y que no las vuelva a señalar como vandalismo o guerrillas, como sucedió en las movilizaciones de mayo de 2021” (p.60)  

Naturalización para adaptarse al desastre de la guerra 

“El refugio en la familia ha sido frecuentemente una manera de proteger lo que más se quiere, pero también muchas veces una forma de no reaccionar o no tener sensibilidad frente a lo que les pasa a otros; incluso ha servido para justificar la agresión” (p.60)

“«Es normal uno escuchar que mataron a tres personas, que hubo una masacre, y si observamos las condiciones, en municipios como estos no hay una oficina de la Fiscalía, entonces impera la injusticia, existe una cultura de la ilegalidad, es normal mirar el contrabando, es normal ver gente armada porque hay una ausencia total del Estado, no existen instituciones para garantizar el más mínimo de los derechos fundamentales»” (p.61)

“La impunidad mantenida en el tiempo en Colombia también tiene un impacto no solo en las víctimas del conflicto armado, sino en las actitudes sociales frente al poder o la justicia” (p.62)

Deshumanización y reconocimiento 

“la violencia guerrillera se fue extendiendo cada vez más hacia el control del tejido social: atentados que produjeron muchas víctimas civiles, asesinatos de personas consideradas informantes o que se oponían a sus proyectos, ataques con cilindros bomba contra instalaciones militares en medio de poblaciones, en una forma de desprecio por la vida de las comunidades afectadas en la cual no importaba si morían niños, personas por fuera del enfrentamiento o se atacaban infraestructuras clave, como un hospital o una escuela” (p.63)

“Por parte de grupos paramilitares la práctica de atrocidades desde el inicio de su accionar marcó el uso del terror contra la población civil, señalada por estos grupos, y en su alianza y coordinación con la fuerza pública, como base social de la guerrilla. El terror fue un método para controlar a las comunidades, desarrollar el negocio del narcotráfico y llevar a cabo una violencia contrainsurgente masiva en el país” (p.64)

“Como señaló a la Comisión un líder afrodescendiente: «Cuando estás en la guerra o creces y dejas los valores éticos y morales a un lado, ya los medios no importan, hay que alcanzar el objetivo y mi objetivo era quitarle territorio a la guerrilla. Como yo soy consciente de eso, hoy por hoy digo: la guerra deshumaniza, porque cuando para un combatiente la vida no vale nada, es porque está deshumanizado. Hoy, después de lo que me ha tocado vivir con los procesos de paz, lo entiendo, pero en ese momento uno está totalmente metido en lo que es la guerra y no piensa en nada más; estaba convencido de que era la solución al problema: o mi enemigo se muere o yo me muero, todo el que sea sospechoso es un enemigo para mí»” (p.65)

“Así mismo, los ataques al liderazgo indígena y negro han conllevado un fuerte impacto colectivo donde el racismo en la guerra ha supuesto la exacerbación de condiciones de marginación y explotación estructurales que han estado en la base de la violencia contra esos pueblos, además de los intereses por el control de sus territorios o el desprecio por sus identidades” (p.67)

“El involucramiento en violaciones de derechos humanos masivas se basa tanto en elementos ideológicos (la consideración del otro como un enemigo al que se debe eliminar, con base en una justificación ideológica compartida por la institución, la sociedad o el grupo de referencia), como en mecanismos psicológicos que permiten la disociación y la justificación de la propia conducta, basándose en la obediencia de órdenes, el uso del lenguaje para minimizar los hechos” (p.67)

El impacto de la afectación en la naturaleza

“La guerra también ha afectado a la naturaleza y su relación con las comunidades. Ríos que fueron convertidos en fosas comunes o escenarios de terror, donde los armados prohibieron recoger los cuerpos que fueron arrojados a ellos, por ejemplo, el Sumapaz, el canal del Dique, el Arauca o el Magdalena, no solamente fueron maneras de llevar a cabo desapariciones, sino que cambiaron la relación de la gente con la naturaleza" (p.69)

“Los ecosistemas se han visto afectados por economías como la de la coca y por acciones de violencia contra infraestructuras, por artefactos explosivos o por economías extractivas que no cuidan la naturaleza… En los suelos se crearon piscinas con residuos tóxicos de la actividad petrolera sin protección, bancos de arena y relaves mineros que contienen mezclas muy contaminantes” (p.71)

"Todas estas afectaciones, más la siembra de minas antipersona que ha convertido vastos territorios en lugares del miedo y de trampas escondidas para matar, han estado relacionadas de una u otra forma con el conflicto armado. El despojo ha sido un mecanismo para facilitar la concentración masiva de terrenos para la explotación ganadera, la acumulación de capital o el blanqueo de dinero del narcotráfico, con profunda afectación también de la naturaleza” (pp.72-73)

Políticas de reconstrucción y atención a víctimas 

“Los procesos para la reconstrucción de los lazos comunitarios y del tejido social por décadas fracturado requieren grandes esfuerzos del conjunto de la sociedad. Quizá uno de los más necesarios sea la ética de una escucha activa hacia las víctimas, de la sociedad a sí misma y de la propia conciencia colectiva que clama contra la desvalorización humana colectiva. La sociedad ha destituido en sí misma el lugar de la dignidad hasta arrasar con lo que podía merecer valor, reconocimiento o sentido para vivir” (p.75)

“Es fundamental un enfoque comunitario y de fortalecimiento de capacidades en el marco territorial. Las experiencias más valiosas en el mundo han mostrado la importancia del trabajo con organizaciones de la sociedad civil que tienen la confianza de las víctimas y la experiencia en el acompañamiento, con los servicios de salud y de atención más general a las víctimas" (p.76)

“Si hay algo que en todos los países ha mantenido abierta las heridas del conflicto armado o la dictadura donde se produjeron violaciones masivas de derechos humanos ha sido el impacto de la desaparición forzada. El propio proceso de paz estableció la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La desaparición forzada no solo es un delito permanente, sino también una herida permanente que necesita una acción continua que acompañe y dé cobertura legal al reconocimiento de los esfuerzos de las familias buscadoras y sus derechos a la participación, la información, la seguridad y el apoyo para poder saber la verdad y el destino de sus seres queridos” (p.78)

La dimensión ética de los cambios posibles 

“El trabajo de la Comisión ha mostrado que aun en un contexto de enormes resistencias al cambio, se necesita transformar el pragmatismo instrumental de que lo que es bueno es lo que es útil para mis objetivos, independientemente de la ética de derechos humanos y respeto por la dignidad… Es imperativo que en Colombia se instauren elementos de una ética civil que tenga un referente unificador en la dignidad humana y en la armonía con la naturaleza que realce el valor de la vida, y que el reconocimiento del otro y la verdad sean pilares del diálogo democrático” (p.81)

“La dinámica de un conflicto armado o violencia colectiva lleva fácilmente a una mentalidad que justifica las actuaciones contra el otro grupo (rigidez ideológica, deshumanización del otro, justificación basándose en un bien superior, etc.), por lo que se hace necesario romper esas justificaciones y hacer del reconocimiento un camino de recuperación colectivo” (p.82)

“Las acciones supuestamente heroicas del Ejército mostraron que lo presentado como resultado de la guerra era en realidad una muestra de la barbarie. Las acciones indiscriminadas de las FARC-EP no fueron errores, sino violaciones cometidas contra la población civil. Los horrores cometidos por los paramilitares no tienen justificación alguna y se extendieron mientras eran vistos por el Estado y parte de la sociedad como «un mal menor»” (p.83)

Despolarizar las actitudes y creencias 

“El papel de los medios de comunicación ha sido clave en la investigación de las violaciones de derechos humanos y del DIH, pero también lo ha sido en la reproducción de los estereotipos que contribuyen frecuentemente a la polarización social… Para contribuir a la despolarización social, el cambio parte de fortalecer un compromiso de los medios de comunicación y de los ciudadanos en la comunicación directa a la que todos tenemos hoy acceso, ya sea la de los medios propios de comunicación a través del chat con personas o grupos cercanos, o con redes sociales como Facebook o Twitter por donde corren frecuentemente el odio y la estigmatización” (p.84)

Los procesos territoriales 

“La Comisión considera imprescindible favorecer un escenario de búsqueda del fin de la violencia y de salidas políticas al conflicto y a las violencias que aún persisten, así como favorecer los procesos de reintegración de excombatientes, por un lado, y de población desplazada o exiliada, por el otro, con respeto y sensibilidad, pero fuera del marco de la confrontación y la focalización mediática” (p.85)

Análisis

Ante todo es de señalar que las víctimas de esta guerra interna, que ha durado más de 50 años, son civiles no combatientes, que pertenecen a los estratos más pobres y vulnerables, y han sufrido la violencia, los abusos e infracciones a los derechos humanos más elementales.


Resulta aterrador que después de ese cruento período, se han acumulado más de 450.000 muertes violentas, 100.000 desaparecidos, miles de secuestrados, nueve millones de desplazados, y un millón de exiliados en el exterior.


Además de lo anterior, resulta no cuantificable el ambiente hostil y de riesgo en el que ha vivido más de la mitad de la población, en el cual el miedo a hablar o denunciar ha prevalecido, ante la falta de respuesta o respaldo del Estado que ha sido creado para proteger y defender a la población del país.


Conclusión


Tal como lo dice el Informe de la Comisión de la Verdad, el único camino que nos queda a los colombianos es el del diálogo, aceptando que no todos podemos pensar igual. Por lo tanto debemos evitar la polarización que se ha mantenido en las últimas décadas, tratando de ocultar o tergiversar la verdad.


Por otra parte dejemos a un lado los prejuicios con las personas que no piensan igual a nosotros, señalándolos como enemigos o contradictores, impidiendo un diálogo franco y sincero, sin anteponer intereses personales y pensar antes que nada en el bien del país. 


Referencia


(*) "Hay futuro si hay verdad", Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Primera edición, Bogotá, Colombia, Comisión de la Verdad, 2022. ISBN: 978-958-53874-5-4


Nota aclaratoria
: La Comisión de la Verdad fue creada en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dicha Comisión fue integrada por once comisionados, los cuales fueron seleccionados en noviembre de 2017 y comenzaron a funcionar oficialmente en mayo de 2018. 

 

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