ICV Capítulo 7: Modelo de seguridad

Introducción

En este post se incluyen los aspectos sobresalientes relacionados con el Modelo de seguridad que se ha seguido en Colombia, extractados del Informe de la Comisión de la Verdad (ICV)* en forma sintética, respetando sus textos originales, pero suprimiendo ciertos detalles que pueden consultarse directamente desde la Plataforma digital de la Comisión (ver enlace en la Referencia al final del post), como son los testimonios, las referencias bibliográficas y las notas de pie de página. También se ha simplificado la numeración, los títulos y los subtítulos, para así atraer más lectores que pueden desanimarse al ver la extensión de los textos originales. En cada párrafo se incluye el número de la página del Informe donde se encuentra.                                    

Síntesis

“La guerra conllevó en Colombia un enorme sufrimiento social y humano durante décadas. No trajo a Colombia tranquilidad ni seguridad. No fue el camino para unir territorios ni para recuperar la confianza colectiva, tampoco generó los cambios hacia la igualdad y la equidad económica y el acceso a las tierras que pretendían los insurgentes, sino que agravó las injusticias estructurales” (p.463)

“Aunque la mayor victimización y daños los han sufrido personas y comunidades campesinas, así como indígenas y afrocolombianas, mujeres, niñas y niños, la violencia también ha afectado a sectores con poder político y económico. Miles de millones de dólares utilizados y perdidos en la guerra, tierras abandonadas, infraestructura, oleoductos y empresas destruidas. Esto se da en un país que tiene, posiblemente, el aparato de seguridad y defensa militar y policivo más grande, costoso y mejor entrenado y dotado de todo el continente, después del de Estados Unidos” (p.464)

“Colombia es un país cansado, abrumado y aterrado por un conflicto inútil de casi seis décadas, donde el Estado debería empezar por tener confianza en las formas humanitarias de tranquilidad ciudadana que la gente se dio, y desde allí impulsó la protección de los territorios y luego de la nación… Esto debe llevar a la separación de la Policía –instrumento de la seguridad– de las Fuerzas Militares –instrumento de la defensa–, y con el tiempo, a la disminución del Ejército porque no habrá más frontera interna y porque en la frontera externa Colombia buscará relaciones de amistad y colaboración con los países vecinos. Sin fronteras para la guerra no hay guerra. Y Colombia, que ha sido ejemplo internacional del valor en la guerra, debe pasar a ser paradigma de la seguridad de la paz” (p.465)

“La garantía de la seguridad es un derecho y una necesidad de las personas, de las comunidades, de la sociedad. Es uno de los fines del Estado y una necesidad actual, real y urgente en Colombia… La acumulación de problemas sociales, la exclusión étnica, económica y política, el abandono del campesinado y la penetración del narcotráfico se han abordado históricamente como un problema de orden público” (p.466)

“La sociedad se hizo a la solución militar y apoyó el crecimiento de la seguridad armada. Algunos líderes empresariales y militares se opusieron a los procesos de paz de diversas maneras y en distintas épocas esperando el triunfo por las armas, mientras la seguridad de las personas se rompía en los campos y en las organizaciones sociales” (p.467)

“En este modelo se ha confundido la seguridad con la defensa. Por una parte, la seguridad se refiere a la percepción que se tiene de no enfrentar riesgos ni amenazas, que promueve el desarrollo humano y la convivencia. La defensa armada, por su parte, se activa cuando hay una amenaza a la seguridad… Cuando se dieron tensiones políticas, demandas económicas y sociales, la respuesta del Estado a través de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad se ha orientado a la «defensa» de las instituciones y de los intereses de sectores con poder económico, político y social, no a proteger de manera prioritaria a la población civil y sus derechos” (p.467)

“La seguridad se ha delegado exclusivamente en el aparato armado del Estado. Solo de manera muy excepcional la seguridad se ha entendido como un derecho y una construcción del poder ejecutivo del Estado con la presencia de otras instancias como el Congreso, la rama jurisdiccional y la sociedad civil” (p.468)

“En diferentes momentos de la historia reciente, Colombia ha tratado de llevar adelante procesos de negociación para la paz. La cuestión del modelo de seguridad no ha sido abordada en ninguno de ellos. Hoy en día, aún tras el proceso de paz con las FARC-EP que ha significado un nuevo marco para la transición política, continúa en parte un conflicto armado fragmentado en el que la demanda de las comunidades afectadas sigue siendo la presencia de un Estado social que no se ha hecho presente después de la desmovilización de las FARC-EP” (p.468)

“Una solución estructural de la guerra y de la violencia requiere un cambio de mentalidad y un enfoque de seguridad en los términos expuestos, así como transformaciones necesarias que se derivan de los hallazgos de la Comisión en las diferentes áreas de estudio: paz completa, protección integral de los territorios, superación del enfoque prohibicionista del problema del narcotráfico, lucha contra la impunidad, apertura del régimen político y potenciamiento de la cultura de paz. Se requiere un compromiso serio con el cumplimiento de la ley que redunde en la legitimidad del Estado” (p.469)

La construcción histórica del actual modelo de seguridad y sus principales rasgos 

“los principales rasgos del modelo de seguridad que ha prevalecido en Colombia. Primero, la relativa autonomía de las autoridades militares frente a la autoridad civil; segundo, el uso del concepto de enemigo; tercero, la militarización, los estados de excepción y los territorios, especialmente rurales; cuarto, el modelo de inteligencia y su impacto en violaciones de los derechos humanos; quinto, la limitada independencia de la justicia en el conflicto armado; sexto, la aceptación de la injerencia de Estados Unidos; y séptimo, el uso de civiles en las labores de seguridad, apoyo que derivó en el paramilitarismo” (p.470)

“Lleras Camargo afirmó que un golpe de Estado sería escasamente sostenible en el tiempo y contraproducente para la inversión extranjera y la prosperidad del país. En vez de eso, planteó una división del trabajo entre el poder civil y el militar. Enalteció la función de los militares en el manejo del orden público, por el sacrificio que esta implicaba… En consecuencia, en primer lugar,ofreció rodearla con «privilegios, honras fueros que no tienen los demás ciudadanos comunes». En segundo lugar, se comprometió a no intervenir en los reglamentos y las reglas de ingreso, remoción o escalafón de los miembros de las fuerzas: «La política no va a entrar en los cuerpos de la defensa nacional [...]. En Palacio no habrá intrigas militares, desde Palacio no se jugará con la suerte, ni el honor, ni la carrera de ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Las faltas serán juzgadas por las Fuerzas Armadas, como lo disponen los reglamentos y los códigos». En tercer lugar, se comprometió a defender a las Fuerzas Armadas y su labor en cuanto no se podría atacar a sus miembros por acciones que desarrollaron «bajo órdenes superiores del Gobierno, en condiciones tremendas de peligro y en medio de una situación de locura y confusión colectivas»” (pp.471-472)

“A cambio, les solicitó no intervenir en política, lo cual suponía, primero, no violentar las decisiones del pueblo en las urnas; y, segundo, no actuar en favor de un partido u otro, ni opinar o defender las políticas del Gobierno, o convertirse en escuderos de grupos o personas particulares. El discurso no ofreció impunidad ni autorización para la comisión de abusos, sino autonomía con responsabilidad plena en el cumplimiento de la función, pero incluyendo la jurisdicción militar propia. Esta responsabilidad no involucraría a la autoridad civil en la Presidencia de la República, sino exclusivamente a las Fuerzas Armadas” (p.472)

“La autonomía de los militares en el manejo del orden público se garantizaría, esencialmente, a través de medidas de estado de excepción. Desde 1958, hasta finales de los años ochenta, por medio de la declaratoria de estado de sitio, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado ejercieron funciones civiles y judiciales; así, los militares fueron nombrados como alcaldes y gobernadores y el Gobierno les dio facultades para detener, investigar y juzgar a civiles en consejos verbales de guerra. Además, les concedió un fuero penal militar amplio que les permitió a los propios militares juzgar los posibles delitos de sus miembros, incluyendo violaciones de los derechos humanos, y contar legalmente con el apoyo de civiles armados que podían usar armas de guerra y colaborar con los organismos militares y de seguridad como informantes” (p.472)

“La Policía, desde la década de 1950, se militarizó cuando se puso a órdenes del Comando General de las Fuerzas Armadas, al tiempo que cumplía funciones de seguridad ciudadana…  Los militares contaron con estructuras propias de inteligencia y con los organismos de inteligencia civiles: primero, el Servicio Nacional de Inteligencia (SIC), y luego, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), aunque fuera de la estructura de las Fuerzas Armadas, también sirvieron funcionalmente a los intereses militares y estuvieron dirigidas mayoritariamente por miembros de las Fuerzas Armadas” (p.472)

“En 1991, el presidente César Gaviria Trujillo nombró al primer civil como ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, y desde entonces se abandonó la práctica de tener ministros de Defensa militares… A pesar de contar con el nuevo marco normativo fundacional de la Constitución de 1991, el Gobierno siguió ofreciendo facultades a las Fuerzas Armadas en orden público, mediante nuevas figuras jurídicas, como el estado de conmoción interior, y otras muchas medidas que fueron declaradas inconstitucionales” (p.473)

El enemigo interno y cambios en la doctrina de seguridad 

“El discurso del enemigo ha usado tres etiquetas, correspondientes a tres etapas de la relación con Estados Unidos: el enemigo comunista o insurgente, propio de las décadas de 1960 y 1970, con la doctrina de la seguridad nacional de la Guerra Fría y de las dictaduras del Cono Sur; el enemigo narcotraficante, propio de la lucha contra las drogas, que inició con el gobierno del presidente Richard Nixon de los Estados Unidos en los años 70 y se mantiene hasta hoy; y, el enemigo terrorista, que se usó después del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001” (p.475)

“La idea del enemigo impidió que las propuestas se discutieran y se resolvieran en democracia y simplificó las tensiones que existían alrededor de la agenda política, económica y social del país, pues la estigmatización de las visiones reformistas justificó su persecución y la extensión de la sospecha contra las alternativas sociales y políticas. También tuvo un alto impacto en la cultura política y social, debido a que instaló en el imaginario colectivo una fuerte asociación entre oposición política o alternatividad social con el riesgo de estigmatización y persecución; por lo tanto, el miedo y el señalamiento como impactos en buena parte de esos sectores sociales” (p.476)  

“Entre 1958 y 1991, las declaraciones de estado de sitio se caracterizaron por estar fundamentadas en la consideración de que las protestas y manifestaciones de trabajadores, estudiantes, indígenas y campesinos eran alteraciones del orden público que requerían medidas de excepción. La respuesta a estas reivindicaciones fueron las medidas autoritarias dirigidas, principalmente, a restringir los derechos a la libertad personal, la libre circulación, la libertad de prensa, la manifestación y la reunión… La mayor expresión de lo anterior se dio durante el Estatuto de Seguridad de Turbay (1978-1982), marco en el que surgió el movimiento de defensa de los derechos humanos” (pp.478-479)

“Después de 1985, el Estado y el paramilitarismo persiguieron a los miembros de la UP, partido político de izquierda que había sido creado en las negociaciones del Gobierno de Belisario Betancur con las FARC-EP… En los años noventa comienza el tránsito del enemigo guerrillero al enemigo narcoguerrillero, que se extendió hasta la década siguiente… Durante la política de seguridad democrática, entre 2002 y 2010, desde la Presidencia de la República se fortaleció el discurso del enemigo terrorista o narcoterrorista. En esa época, la estigmatización se agudizó contra periodistas, políticos de oposición que adelantaban denuncias en el Congreso, defensores de derechos humanos, magistrados de altas cortes (como la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia), miembros de organismos de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas” (pp.480-482)

“El análisis de los despojos de tierras llevado a cabo por la Comisión demuestra que en muchos casos se señaló a los campesinos o pobladores de ser parte de la base social de la guerrilla con el objetivo de quedarse con sus tierras, como sucedió en numerosos casos de Urabá, Magdalena Medio y Cesar. Por otra parte, no se trata solo de violencia directa, sino de la actuación de otros sectores del Estado, como los notarios, en redes de blanqueo de dicho despojo de tierras, lo cual muestra cómo estos entramados utilizaron muchas veces el discurso de la contrainsurgencia como parte de un proyecto de enriquecimiento ilícito” (p.484)

“En los casos de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos» se usó la lógica del enemigo para justificar los homicidios de personas en condiciones de indefensión y presentarlas falsamente como guerrilleros muertos en combate, para mostrar resultados en la lucha contrainsurgente” (p.485)

Militarización, territorios y estados de excepción 

“En Colombia no ha sido prioridad la construcción de una presencia del Estado que sea integral y civil, pues la autoridad civil ha delegado la presencia territorial del Estado en el poder militar y en sus relaciones con los poderes locales… En cuanto a las medidas de excepción, estas consistían en limitar derechos para la población, en especial, la detención sin el debido control judicial, que afectó a personas pertenecientes a movimientos políticos, organizaciones sociales o autoridades étnicas por su actividad política y social, incluyendo requisas, allanamientos y registros de domicilio” (p.486)

“Otro rasgo de la militarización territorial es la instalación de la fuerza pública en el territorio, no solo para despejarlo del enemigo, sino también para proteger sectores poderosos, la riqueza, los megaproyectos, la infraestructura, mientras que desatiende al resto de la población. Así, por ejemplo, a la fuerza pública se le encomendó la protección de proyectos de empresas extractivas del sector privado que adelantan su actividad en territorios étnicos, desconociendo sus autoridades, derechos territoriales y su cultura, implantando lógicas de desarrollo ajenas a las de las comunidades” (p.487)

“El enfoque expansivo de lo militar también se ha reflejado en la creciente militarización de la Policía Nacional, que formalmente es considerada un organismo civil, pero el conflicto armado la ha involucrado en la guerra. La Policía Nacional ha sido usada por el Estado para la guerra, y también ha sido atacada por los grupos armados como actor de guerra” (p.487)

“Otro factor que ha conllevado la militarización de la Policía es su rol en las acciones antinarcóticos. Si bien, en principio, no son acciones militares, por la capacidad armada y vocación de dominio territorial que terminan teniendo los grupos narcotraficantes, la Policía mezcla la persecución del delito con la guerra contra un enemigo del conflicto armado, y termina persiguiendo más al campesino cocalero que al propio actor armado. Su rol protagónico en la guerra antinarcóticos también la ha hecho propensa al enorme poder corruptor del narcotráfico, a pesar de que muchos policías han demostrado también entereza y respeto por la ley. En el conflicto armado la Policía ha tenido carácter contrainsurgente, antinarcóticos y antiterrorista. Además, emula la estructura, jerarquía y grados de las Fuerzas Militares, usa su doctrina y se involucra en la guerra” (p.488)

“Después de 1982, cuando se posesionó el presidente Betancur, se dio una apertura hacia las políticas de paz y otros avances civilistas en manejo del orden público, que, sin embargo, coincidió con la intensificación de la violencia del narcotráfico que dinamizó y escaló la magnitud y violencia del conflicto armado. Entre finales de los ochenta y 1992 se lograron acuerdos de paz con el M-19, el Quintín Lame y el EPL, cuyos integrantes confluyeron en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, algunos como delegados y otros como invitados” (p.491)

“Desde 1991 se ha declarado siete veces el estado de conmoción interior y tres veces ha sido invalidado por la Corte Constitucional, debido a su uso abusivo” (p.491)

“Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) se adelantó el fallido proceso de paz con las FARC-EP del Caguán y no se acudió a la conmoción interior… Sin embargo, el Gobierno, igual que las FARC-EP, desarrollaron una doble estrategia de negociación y fortalecimiento militar. Esta estrategia de fortalecimiento militar para la guerra, inconsistente con el discurso de paz, respondió al hecho de que las FARC-EP habían crecido y se habían involucrado en el narcotráfico, primero a través del cobro de impuestos a las actividades de cultivo, procesamiento y tráfico, y luego por medio del control directo de los cultivos y la distribución de las drogas de varios frentes… En este contexto se dio la militarización de la lucha contra las drogas. El Gobierno de Estados Unidos, hasta el momento había apoyado la lucha antidrogas a través de la Policía. Sin embargo, el Gobierno de Colombia requería fortalecerse militarmente para la guerra contrainsurgente, usando el Plan Colombia para combinar ambas luchas, satisfacer la expectativa del gobierno extranjero y fortalecerse para la guerra contra las guerrillas, particularmente las FARC-EP” (pp.492-493)

“Asimismo, el gobierno de Pastrana promovió y expidió la Ley de Seguridad Nacional que legalizaba nuevamente la doctrina de la seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional permitía al Gobierno declarar «teatros de operaciones» en regiones del país en las que los militares tendrían facultades de excepción y donde el Gobierno podía nombrar un comandante militar que tomaría decisiones prevalentes sobre las de gobernadores y alcaldes… Ocho meses después de su expedición, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de toda la ley y concluyó que, en sus bases y concepción, desconocía el principio de pluralismo democrático, la separación de poderes, la supremacía del poder civil sobre el militar, la dirección presidencial de las Fuerzas Armadas, el principio de exclusividad del uso de la fuerza en la fuerza pública y, en conflicto armado, el respeto del DIH… A la vez que reconoció la importancia y deber del Estado de adoptar políticas de seguridad y defensa, la Corte Constitucional advirtió que estas debían respetar los principios del Estado de derecho, como el pluralismo, la separación de poderes, la subordinación de las autoridades militares a las civiles y que la sociedad civil no podía ser privada de su autonomía y absorbida y puesta a órdenes del Estado” (494-495)

“El gobierno de Uribe declaró dos veces la conmoción interior: en agosto del 2002, aceptada por la Corte Constitucional, pero su prórroga fue declarada inexequible en noviembre del mismo año; y en el 2008, declarada inconstitucional… En consecuencia, por iniciativa del Gobierno, el Congreso adelantó una reforma constitucional que se expidió en diciembre del 2003 y que se conoció como el Estatuto Antiterrorista. En la reforma se insistía en la concesión a las Fuerzas Militares de facultades de policía judicial, captura, allanamientos, registro de residencia e interceptación de comunicaciones y limitaciones a la libertad de circulación; todas estas, sin el debido control judicial. La reforma constitucional fue declarada inexequible por vicios de forma por la Corte Constitucional” (p.496)

“Durante el mandato de Uribe se consolidó una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad. Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivaron graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH, particularmente ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas que fueron asesinadas en estado de indefensión y presentadas falsamente como guerrilleros muertos en combate. El periodo de exacerbación de los denominados «falsos positivos» transcurrió entre 2002 y 2008. Estos crímenes fueron propiciados por un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo Gobierno e implementadas por las Fuerzas Militares” (p.497)

Modelo de inteligencia y violaciones de los derechos humanos 

“Las actividades de inteligencia son parte de la función de los ejércitos y servicios de seguridad de todos los países. En Colombia, desde el Frente Nacional, los servicios de inteligencia fueron orientándose con una perspectiva contrainsurgente que consideró a organizaciones sociales y movimientos como base social de las guerrillas, a los cuales había que infiltrar, atacar o neutralizar… Las agencias de inteligencia infiltraron en diferentes épocas a grupos guerrilleros, pero también a partidos y movimientos políticos de oposición, sindicatos y organizaciones sociales, cívicas y culturales. También la impunidad y la opacidad total en la rendición de cuentas ha sido un factor de persistencia de las responsabilidades de organismos de inteligencia en violaciones de derechos humanos. Estas estructuras de inteligencia del Estado terminaron usando sus funciones de seguridad para perseguir a personas de grupos alternativos, organizaciones sociales y opositores políticos; llevaron a cabo no solo seguimientos e interceptaciones ilegales, ya de por sí graves, sino también ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas; y actuaron de diferentes maneras en coordinación con grupos civiles armados y paramilitares” (pp.499-500)

“En lo referente al DAS, desde el año 1970, sus funcionarios estuvieron vinculados a numerosos casos de desaparición forzada y homicidios que fueron encubiertos a través de medios de inteligencia. El DAS estuvo vinculado a actividades con grupos paramilitares en distintas regiones en operaciones conjuntas con organismos de inteligencia militar, también violatorias de los derechos humanos. La justicia ordinaria ha comprobado las relaciones de seccionales del DAS con grupos paramilitares desde 1990 en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar, Cesar, Meta, Casanare, Santander y Norte de Santander, entre otros” (p.502)

“Entre el 2003 y el 2009, el DAS lideró una enorme operación de seguimientos, vigilancia, control e interceptación de comunicaciones ilegales contra personas y entidades, públicas y privadas, colombianas y extranjeras consideradas opositoras de las políticas de gobierno. Los seguimientos también alcanzaron a los familiares de las personas objeto de la actividad de inteligencia, incluso niños y niñas. En las operaciones participaron funcionarios de la Presidencia de la República, incluyendo el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno Villegas, que dirigía y supervisaba las operaciones” (p.503)

“También, especialmente entre el 2002 y el 2005, el DAS estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales, operativos de inteligencia e interceptación de comunicaciones, persecución a organizaciones sociales, asesinatos de profesores y estudiantes de universidades en el Caribe y otras regiones del país. Posteriormente llegó a espiar a la Corte Suprema de Justicia cuando esta investigaba la parapolítica y a organizaciones de derechos humanos, incluso en Europa. Esa enorme operación criminal se dirigió contra sindicatos, organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales, congresistas, políticos, miembros de la judicatura (incluyendo magistrados de altas cortes), periodistas nacionales y extranjeros, académicos y organizaciones intergubernamentales de derechos humanos. La operación «Transmilenio», dirigida a realizar infiltraciones, montajes para judicializar y desacreditar organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales, así como contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Procuraduría General de la Nación concluyó que esta inmensa operación de persecución política obedeció «a una concepción propia de un Estado policíaco, que persigue a sus opositores, por el solo hecho de serlos». Los abusos trascendieron las actividades de inteligencia y se tradujeron en campañas de desprestigio, exilio y asesinatos” (pp.503-504)

“Esta evolución desde hace 50 años de los servicios de inteligencia, tanto militares como ligados directamente a presidencia de la República, muestran cómo la lucha contrainsurgente se dio en buena parte contra la población civil, opositores políticos, miembros de movimientos y organizaciones sociales, sectores de la Iglesia Católica, e incluso miembros del poder judicial. Cómo sucesivamente se tuvieron que desmantelar los diferentes mecanismos, no porque hubiera una política del propio Estado, sino como respuesta a las denuncias de víctimas, organizaciones de derechos humanos, sentencias de las cortes internas e incluso presiones de instituciones de EEUU donde se investigaban los hechos” (p.504)

“Estas acciones y la continuidad de las formas de actuación de distintos organismos de inteligencia se basaron en esa concepción del enemigo interno y conceptualizaron muchas de las luchas por la defensa de los derechos humanos en ese «modo guerra», como si fueran una «guerra jurídica», concepto que ha sido utilizado para justificar el ataque a defensores de derechos humanos, no reaccionar frente a las denuncias o mantener la impunidad de muchas acciones. Esta relación entre concepción del enemigo y acción de organismos de inteligencia ha sido un factor de persistencia del conflicto armado. Cambiar la perspectiva de estos organismos, contar con mecanismos de control efectivos y dejar de considerar a la población y a las organizaciones y movimientos sociales como base social de la guerrilla son parte del cambio instrumental y de mentalidad que se necesita para la construcción de la paz” (p.504)

Opacidad de los fueros y militarización de la justicia 

“El modelo de seguridad ha estado mediatizado por la creación de un contexto de jurisdicción especial, opacidad de los fueros y justicias especiales que ha operado como formas de impunidad. Así, ha sacrificado la independencia e imparcialidad de la justicia por dos vías. En primer lugar, durante las décadas en que se instituyó, por el juzgamiento de civiles por parte de la justicia penal militar que, después de su abolición, evolucionó a concepciones de justicia de excepción, principalmente la justicia de orden público o justicia regional. En segundo lugar, a través del fuero penal militar, consistente en el juzgamiento por parte de las Fuerzas Armadas, a través de la justicia penal militar, de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH en que sus miembros hayan podido incurrir… Ambos diseños afectaron la independencia e imparcialidad de la justicia y la pusieron al servicio de la guerra. En el primer caso, porque el juzgamiento de civiles por la justicia penal militar permitió a las Fuerzas Armadas ser jueces de quienes consideraban enemigos, a quienes se acusaba de tener lazos o ser parte de grupos subversivos. En el segundo caso, el fuero penal militar ha permitido a las Fuerzas Militares ser jueces de los delitos que sus propios miembros puedan cometer en el ámbito de la guerra” (pp.504-505)

“La Comisión de la Verdad, sistematizó en una base de datos 1.340 hechos de tortura, correspondientes a 1.322 víctimas. En las actas del Consejo de Ministros en las que se ordenan más de 3.000 detenciones en ese periodo, aparecen nombres de personas que fueron torturadas y se cuenta con sentencias que condenan al Estado por dichas acciones” (p.506)

“Para 1980, la Justicia Penal Militar llevaba 334 consejos de guerra verbales por diferentes delitos relacionados con rebelión y otros como extorsión, secuestro, chantaje, homicidios en funcionarios públicos, atracos y asaltos, delitos que figuraban en el Estatuto de Seguridad… En 1987, la Corte Suprema de Justicia prohibió el juzgamiento de civiles por parte de la Justicia Penal Militar. En la Constitución de 1991 se reforzó la prohibición explícitamente al establecer que ni siquiera durante el estado de conmoción interior los civiles podrían ser investigados o juzgados por la Justicia Penal Militar” (pp.507-508)

“la justicia de excepción no solo fue la penal militar. También estuvieron los Juzgados de Orden Público de 1987 y, en 1990, los que se convirtieron en la denominada «justicia sin rostro» a través del Estatuto para la Defensa de la Justicia. Esta justicia sin rostro se caracterizó por la reserva de identidad de jueces y testigos, incluso para las partes dentro del proceso, como una medida de protección. Sin embargo, este mecanismo judicial sacrificaba las garantías procesales y mantenía la idea de una justicia de excepción para la persecución de los hechos más graves de criminalidad organizada y como medio para el control del orden público. Además, fue instrumentalizada por los organismos civiles y militares de inteligencia para hacer montajes judiciales y perseguir ilegítimamente a opositores y disidentes” (p.510)

“La Constitución de 1991 mantuvo el fuero penal militar en los mismos términos de la Constitución de 1886. Sin embargo, en 1997 y los años siguientes, la Corte Constitucional limitó su alcance y prohibió que la Justicia Penal Militar asumiera competencia sobre graves violaciones de los derechos humanos. No obstante, la justicia penal militar ha conllevado impunidad y encubrimiento de crímenes de miembros de la fuerza pública” (p.510)

Modelo de seguridad y relaciones con Estados Unidos 

“Las relaciones internacionales con Estados Unidos han sido fundamentales en la construcción del modelo de seguridad imperante en Colombia hasta hoy. Colombia ha aceptado el marco discursivo que ha planteado el gobierno de Estados Unidos desde la década de 1950: primero, la guerra contra el comunismo; segundo, la guerra contra las drogas, y tercero, la guerra contra el terrorismo. La alineación negociada con el discurso de Estados Unidos se ha traducido en cooperación para Colombia, incluso militar… Colombia no ha adoptado una visión propia de sus problemas de seguridad, de paz y de control del orden público, pero tampoco ha sido únicamente por subordinación. Los modelos contrainsurgente, antidrogas y antiterrorista han resultado funcionales a una mentalidad que se ha dirigido a la guerra, no a la apertura política y democrática ni a las reformas sociales” (p.512)

“A través de las normas expedidas en el marco de los estados de sitio de 1965 y 1968, se adoptaron las bases institucionales de la doctrina de seguridad nacional, que se caracterizó por definir unos objetivos nacionales específicos y priorizar los intereses de los sectores políticos, ideológicos, económicos y sociales privilegiados y asumirlos como intereses públicos, desconociendo con ello la diversidad de objetivos e intereses legítimos que existen en una sociedad pluralista ideológicamente, pluriétnica y multicultural… El inicio del discurso de la guerra contra el terrorismo se fue sustituyendo progresivamente por el discurso de la guerra contrainsurgente, en especial por el fin de la Guerra Fría en 1989 y luego por el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York el 9 de septiembre de 2001, durante el gobierno de George W. Bush (2001-2009)” (pp.514-515)

“Con el Plan Colombia se fortalecieron los equipamientos para la guerra, el entrenamiento y se amplió el pie de fuerza militar y de la Policía. Así mismo, con recursos del Plan Colombia fueron contratadas compañías militares de seguridad privada que se involucraron en actividades militares y antinarcóticos. En el 2008 finalizó la implementación del Plan Colombia y comenzó la del Plan Patriota, diseñado conjuntamente entre delegados del gobierno de Estados Unidos y de Colombia. Aunque se dirigía, en general, a todos los grupos considerados «terroristas», incluyendo los grupos paramilitares, en la práctica, la asistencia se concentró en la persecución de las FARC-EP y en la intervención militar en las zonas de mayor influencia. El Plan Patriota (2003-2006) se diseñó como la estrategia contrainsurgente más grande y sostenida de la historia colombiana… La cooperación de Estados Unidos fue determinante para el asedio militar a las FARC-EP en el segundo periodo del gobierno de Uribe, en el que se infiltró al secretariado de las FARC- EP, que quedó prácticamente incomunicado por el temor a ser ubicados por sus Comunicaciones” (p.516)  

De los grupos civiles armados al paramilitarismo 

“Otro elemento del modelo de seguridad ha sido el desconocimiento del monopolio de las armas y las funciones de seguridad en cabeza del Estado. Entre las décadas de 1960 y 1990 se promovió que los particulares se involucraran en funciones de seguridad a través de grupos civiles armados y del suministro de información. En los años ochenta, con el apoyo del narcotráfico, estos grupos se convirtieron en el paramilitarismo que, además de un ejército, es un entramado de alianzas de sectores económicos, sociales y políticos en torno a la defensa de intereses de la misma naturaleza” (p.517)

Modelo de seguridad, crisis de derechos humanos, negacionismo y democracia restringida 

“El modelo de seguridad que ha prevalecido en Colombia se ha configurado en un factor de inseguridad y violación de derechos humanos de buena parte de la población colombiana que resultó estigmatizada, perseguida y violentada por las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad… Este modelo de seguridad corresponde a las dinámicas históricas de interacción entre los procesos de acumulación de capital, la desigualdad y el problema de la tierra, así como el funcionamiento del poder del Estado y la sociedad. En medio de la guerra –de la que hace parte el Estado–, tanto la política como lo militar identifican sectores de la ciudadanía y los asimilan a los bandos en conflicto armado. La seguridad ha funcionado más para proteger la riqueza y el poder de unos ciudadanos y empresas y sus intereses, que se entienden como el interés general y la defensa de ciertos sectores de la población, mientras otros sectores de la ciudadanía no solo son excluidos de la seguridad, sino que han sido víctimas de esta. Este funcionamiento de la seguridad contribuye a cerrar el espacio para el diálogo democrático y para estrategias institucionales y civiles que permitan tramitar conflictos y problemas sociales y políticos sin violencia” (p.521)

“A finales de los años setenta y durante los ochenta, la crisis de derechos humanos resultaba inocultable e insostenible: detenciones arbitrarias y torturas en el marco del Estatuto de Seguridad; guerra sucia traducida en violaciones de derechos humanos de responsabilidad de organismos de seguridad e inteligencia; y transformación de los organismos civiles armados en aterradores paramilitares que, en alianza con el narcotráfico, sectores políticos y sociales y la fuerza pública, eran responsables de masacres y escalofriantes crímenes en amplias zonas del país” (p.521)

“A pesar de la apertura democrática que significó la Asamblea Constituyente y de los cambios de fondo que previó la Constitución de 1991 –como la definición del Estado como social y de derecho, el reconocimiento al más alto nivel jurídico de los derechos humanos y del DIH, la reforma a los Estados de excepción, la prohibición del juzgamiento de civiles por tribunales militares y las restricciones al fuero penal militar–, el modelo de seguridad no se tocó. Tampoco respecto al funcionamiento de los organismos de inteligencia o las relaciones con el paramilitarismo y la fuerza pública. El conflicto armado se recrudeció tanto por la acción de las guerrillas como por el mantenimiento de los rasgos más problemáticos del modelo de seguridad, que se instalaron en los años sesenta, e incluso antes, y que se mantienen hasta la actualidad con variaciones, continuidades y discontinuidades. La implicación de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad en serias y graves violaciones a los derechos humanos y en infracciones al DIH” (p.522)

“Hasta hoy, el Estado no ha aceptado su responsabilidad en los crímenes cometidos al amparo del Estatuto de Seguridad, ni por el juzgamiento de civiles en cortes marciales, ni por la militarización de los territorios y la inteligencia en contra de miembros de movimientos o instituciones que desarrollaban labores legales y legítimas. En los años ochenta y noventa los grupos paramilitares evolucionaron y se fortalecieron. La estructura armada (las AUC) se desmovilizó y se sometió a un proceso de justicia transicional, pero el paramilitarismo se recicló y hoy es un amplio entramado de sectores armados, políticos, sociales, del Estado y del narcotráfico, que ejerce un dominio que debe ser enfrentado de una manera audaz, sin negar su magnitud ni las responsabilidades que quepan, así como con medidas que permitan su desarticulación” (p.523) 

“La excesiva preponderancia de la visión militar y guerrerista debilitó a las autoridades civiles, que aceptaron que los militares tuvieran preponderancia en el control territorial, por encima de la presencia civil y social del Estado y sus autoridades. Por otra parte, los políticos y el propio Congreso han tenido una responsabilidad en la ausencia de control y la relación con el paramilitarismo… El modelo de seguridad restringió la separación de poderes, pues militarizó la justicia en distintos momentos, a través del juzgamiento de civiles disidentes en cortes marciales y convirtió el fuero penal militar en herramienta de impunidad frente a las violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. En esos casos se sacrificaron la independencia e imparcialidad judicial, el debido proceso y las garantías de juicio justo, encubriendo la responsabilidad de las Fuerzas Armadas” (p.525)

“Los intentos de reformas progresistas y procesos de paz emprendidos por algunos gobiernos encontraron resistencia en las Fuerzas Armadas que identificaban estas iniciativas como concesiones a los sectores de izquierda que deberían ser perseguidos militarmente, mas no integrados social y políticamente… Cuando los gobiernos civiles quisieron avanzar en reformas progresistas y hacia la paz, las Fuerzas Armadas se resistieron. La exacerbada influencia que había tenido el militarismo y el objetivo de adelantar y ganar la guerra en las políticas del Estado terminaron limitando el liderazgo político del gobierno civil cuando las reformas que emprendía variaban la estrategia de guerra y persecución y se encaminaban a la inclusión social o democrática y hacia la paz” (p.526)

“Las Fuerzas Militares deben seguir cumpliendo su mandato en el marco de sus funciones constitucionales y del DIH, para defender el territorio y proteger a la población. Sin embargo, se necesita un cambio de la doctrina que considera al opositor como enemigo, una acción distinta que involucre a las comunidades como aliados en las políticas de seguridad para la paz y una transformación de la cultura institucional, de cargos que no estén comprometidos en violaciones de derechos humanos y prioridades de acuerdo con un rol de las Fuerzas Armadas en un país democrático y para la construcción de la paz” (p.527)

Análisis

Desde la época del Frente Nacional (1958-1974) se venía utilizando en Colombia como Modelo de Seguridad un esquema mediante el cual se combatía a las guerrillas mediante las fuerzas militares del Estado. Dichas guerrillas habían surgido en el período denominado La Violencia, que surgió a raiz del asesinato del líder de izquierda Jorge Eliécer Gaitán. 

Dicho Modelo o esquema de seguridad estuvo inspirado por la guerra, privilegiando a las fuerzas militares, tanto en lo jurídico como en lo presupuestal, contando además con el respaldo de las élites políticas y la asistencia militar de los Estados Unidos, en detrimento muchas veces de los derechos ciudadanos y de la misma democracia. Como consecuencia, tal Modelo de Seguridad propició la violación de derechos humanos, la cual no fue reconocida debidamente por los distintos gobiernos supuestamente democráticos que ha tenido Colombia durante los últimos 60 años.

Conclusión

Después de seis décadas de guerra inútil, Colombia no puede seguir basando la seguridad ciudadana en las armas ni en el control militar. Tal sistema dirigido a la guerra ha deteriorado la participación ciudadana, y ha sido propenso a la violación de derechos humanos.

De otra parte, el Modelo de Seguridad ha sido manejado por los intereses de las élites económicas, políticas y sociales, y en lugar de propiciar la seguridad de la población se ha vuelto contra ella. Por lo tanto, se requieren grandes reformas en las políticas y en la administración del Estado.

En un nuevo esquema o modelo se seguridad debe privilegiarse la seguridad de la ciudadanía, sin distinciones de género, clase social, credo religioso o politico, y además garantice el ejercicio de los derechos civiles, la participación y la movilización ciudadana.

Las fuerzas militares del Estado deben orientarse a proteger el territorio y sus habitantes de eventuales agresiones externas, y deben mantener el monopolio de las armas, sin que intervengan entes privados en la administración de la seguridad de la población civil.

Referencia

(*) "Hay futuro si hay verdad", Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Primera edición, Bogotá, Colombia, Comisión de la Verdad, 2022. ISBN 978-958-53874-5-4

Nota aclaratoria: La Comisión de la Verdad fue creada en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dicha Comisión fue integrada por once comisionados, los cuales fueron seleccionados en noviembre de 2017 y comenzaron a funcionar oficialmente en mayo de 2018.