ICV Capítulo 6: Narcotráfico como protagonista

Introducción

El presente post lo dedicaremos a analizar el tema del Narcotráfico en Colombia, partiendo del Informe de la Comisión de la Verdad (ICV)*. Se extraerán los aspectos esenciales de esta temática, en forma sintética pero conservando sus textos originales, aunque suprimiendo ciertos detalles que pueden consultarse directamente desde la plataforma digital de la Comisión (ver enlace al final), como son los testimonios, las referencias bibliográficas y las notas de pie de página. También se ha simplificado la numeración, los títulos y los subtítulos, para atraer así más lectores, y en cada párrafo se incluye el número de la página de donde se tomaron dichos extractos.                                    

Síntesis

“Para la Comisión de la Verdad, el narcotráfico debe verse como un protagonista del conflicto armado colombiano y como un factor de persistencia del mismo, pero también como una fuerte influencia sobre la política y la economía del país, debido a que reproduce un modo de acumulación mafioso (usa la violencia) de riqueza y poder, a partir de una economía ilegalizada por el prohibicionismo, la cual necesita ser legalizada después por medio del sistema económico nacional e internacional” (pp.384)

“Todos los actores involucrados en el conflicto armado de manera directa o indirecta han tenido relaciones con el narcotráfico y estas relaciones han sido determinantes en el rumbo de la guerra, su degradación y desenlaces, y especialmente en su continuación. Cada actor armado participó de manera diferenciada en ese proceso en distintas épocas. A partir del creciente involucramiento de las FARC-EP en distintos eslabones de la cadena del narcotráfico para el financiamiento de la guerra, esto cambió la relación entre dicha guerrilla y las comunidades, y llevó a un aumento de la violencia y el control” (p.385)

“El Estado le declaró la guerra al narcotráfico bajo la influencia de las políticas estadounidenses desde los años ochenta, y esta fue una de las razones por las que se convirtió en actor de la confrontación. Primero, con las disputas por el control del negocio entre los carteles y, después, integrándose en la lucha contrainsurgente” (p.385)

“La política antidrogas se ha entendido como una guerra en la que los enemigos son la «narcoguerrilla» y el campesino cocalero, señalado de ser un «narcocultivador». Mientras tanto, los narcotraficantes, a pesar de que algunos han ido siendo capturados y algunas organizaciones descabezadas, han actuado en conjunto con una parte de la clase política y con sectores económicos importantes, y se han constituido de facto como miembros de algunas élites, lo que ha conducido a una recomposición de estas en el ámbito local, regional y nacional” (p.386)

“La Comisión evidenció cuatro aspectos centrales que se sustentan en este capítulo: 

1)     El narcotráfico promueve un modelo de acumulación de riqueza y poder, que se sostiene sobre la violencia y ha permeado tanto a algunas élites como a diferentes sectores de la sociedad, en toda la cadena de producción y comercialización, desde los cultivos de coca y marihuana hasta el lavado de activos y la participación en la demanda agregada de la economía legal. 

2)     El narcotráfico no solo financió la guerra de los grupos armados, sino que ingresó de manera directa a la disputa por el poder político local y nacional, financiando campañas y distorsionando las posibilidades de una verdadera competencia, así como con la captura de instituciones públicas para el beneficio de sus intereses. 

3)     El actual paradigma de la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. No produjo resultados efectivos para desmontar el narcotráfico como sistema político y económico, y no solo su manifestación criminal, y además sumó un número enorme de víctimas en el marco del conflicto armado interno. 

4)     El narcotráfico es un factor fundamental de la persistencia porque mientras siga siendo ilegalizado proveerá los recursos suficientes para seguir haciendo la guerra, corromper las instituciones encargadas de combatirlo y financiar ejércitos privados para la protección violenta de sus intereses, por lo que, si no se cambia el paradigma y se afronta el problema de manera integral con un enfoque de regulación, seremos testigos de un reciclaje permanente de los conflictos armados” (pp.386-387)

Relación del narcotráfico con el conflicto armado 

“La economía colombiana tiene una relación orgánica y estructurante con las rentas del tráfico de cocaína y marihuana, y aunque se ha mantenido así durante décadas, el fenómeno no ha recibido la atención suficiente para que se comprenda su influencia en la historia económica colombiana. A su vez, el conflicto armado también se relaciona con la violencia de estos mercados ilegalizados, pero no en todos los actores por igual ni en todas las épocas o lugares” (p.388)

“Desde los años setenta, varios países crearon y aumentaron las penas por producción, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas en el contexto de la guerra contra las drogas. Progresivamente, las Fuerzas Armadas se transformaron e incluyeron entre sus tareas la persecución del narcotráfico y los cultivos, mientras la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) reconoció por primera vez que esta política había ocasionado «consecuencias negativas no previstas»” (p.389)

“El narcotráfico y su relación con el conflicto armado muestran que no solo se habla de grupos armados al servicio de un negocio ilegal, sino de un modelo de acumulación de capital, una economía que se sostiene a partir de la reproducción y el escalamiento del conflicto, de la ilegalización y del enquistamiento de prácticas mafiosas de poder. Varios estudios han considerado el peso de la economía de la cocaína en el producto interno bruto (PIB) del país. Si bien existen distintas metodologías de análisis, los ingresos del tráfico de cocaína en la economía nacional representan, según diferentes autores, entre el 1 y 4% del PIB” (p.389)

“Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, para un mercado que se estima entre 19 y 20 millones de usuarios. Aproximadamente 250 mil hectáreas, distribuidas entre tres países andinos (Colombia, Bolivia y Perú), se encargan de proveerla. Y en 2020, solo en Colombia, 160 mil hectáreas eran apenas la quinta parte de las áreas de café” (p.390)

“En Colombia, el blanqueo de capitales en el sistema financiero, la compra de tierras o la contratación de obras públicas se ha dado a través de diferentes formas de financiamiento con la política” (p.392)

“Instituciones como la Unidad de Investigación de Activos Financieros (UIAF) señalan que una parte del blanqueo de capitales se da utilizando legalizaciones a través de notarías, de sectores como el de la minería de oro, el financiero y el inmobiliario. En el sector notarial los mecanismos fueron, principalmente, escriturar inmuebles a terceros (testaferrato) y la reiterada compraventa de inmuebles por la misma persona, entre otros. En cuanto al sector inmobiliario, este también es vulnerable a la entrada de flujos ilegales mediante la creación de fachadas, el uso de testaferros y la venta de bienes inmuebles en efectivo o de empresas inmobiliarias que presentan un incremento patrimonial injustificado. La compra de tierras, asociada al despojo y desplazamiento forzado por el conflicto armado, también ha sido otra forma de blanquear capitales por el narcotráfico y asegurar rutas para su desarrollo y exportación” (p.392)

“También la financiación de campañas electorales, la corrupción o el control de la política se han convertido en Colombia en mecanismos tanto para lavar dinero como para detentar una forma clientelista y mafiosa de poder, en desmedro de la democracia y controlando el funcionamiento del Estado en diferentes niveles: local, regional o nacional” (p.393)

Dinámicas económicas rurales y poblaciones de las economías de la coca 

“La falta de carreteras que permitan conectar veredas de producción agrícola con centros de comercio, la precaria asistencia técnica para el desarrollo campesino, la incertidumbre en la formalización de la tierra en áreas estratégicas de colonización, las zonas de            protección especial o la delimitación de Parques Naturales Nacionales y las escasas oportunidades de comercio de productos campesinos le han quitado competitividad al campo colombiano y han sido un aliciente para la acogida de la hoja de coca” (p.394)

“En el 2020, en 148 de los 767 resguardos existentes en Colombia había cultivos de coca. Y de los 200 consejos comunitarios reconocidos en el país, 100 presentaron afectación por cultivos de coca. Sin embargo, también con mucha resistencia de gobernadores o líderes que incluso han sido asesinados por ello” (p.397)

“De alguna forma, estos resultados exponen una contradicción en la política pública, en tanto parece que entran en conflicto dos intereses nacionales: por un lado, la política antidrogas, al intentar acabar con el negocio de la cocaína, afecta especialmente las dinámicas económicas de las regiones; y, por otro, los objetivos de desarrollo económico que demandan una ampliación de la formalización e inclusión de los hogares colombianos a los mercados y sectores formales, por ejemplo, el financiero, se afectan. Los análisis realizados muestran que lo primero tiene consecuencias negativas sobre lo segundo” (p.398)

La entrada del narcotráfico a la política 

“Desde los años setenta, varias campañas presidenciales han sido señaladas de estar financiadas con dineros provenientes de traficantes de drogas ilegalizadas, lo que ha levantado un manto de ilegitimidad sobre el primer cargo público de la nación. De este modo, la primera articulación del narcotráfico fue con el régimen político, antes que con la violencia del conflicto armado” (p.400)

“Frente a estas denuncias, el Estado colombiano no ha establecido una estrategia de control contundente de capitales en las campañas políticas. Por el contrario, en la década del noventa, el despliegue del narcotráfico y el paramilitarismo detonó en dos procesos fundamentales que terminaron de quebrar la legitimidad del régimen político e inauguraron una nueva etapa donde el clientelismo y la corrupción aumentaron. El primero fue el proceso 8000: en él, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aduciendo falta de pruebas, sobre la responsabilidad del presidente Samper en la infiltración, ciertamente comprobada de dineros del Cartel de Cali en su campaña, ordenó el archivo del proceso que se adelantaba contra el presidente Samper por infiltración de dineros del narcotráfico en su campaña” (p.402)

“El segundo proceso ocurrió en la historia política más reciente. El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en el marco de la ley de justicia y paz que facilitó el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, reveló que en 2005 el 35 % del Congreso había sido elegido gracias al paramilitarismo, dado que ese porcentaje correspondía a representantes de zonas de influencia paramilitar donde los dineros del narcotráfico habían sido fundamentales para las campañas” (p.403)

“A pesar del escándalo y las investigaciones de la parapolítica, no hubo una transformación significativa de la cultura o del sistema político del país que desmontara la relación del narcotráfico y el régimen político, vinculación que aún pervive. De estos dos procesos quedaron varios impactos. Por un lado, con el proceso 8.000 los Estados Unidos utilizaron la coyuntura para incidir en la agenda antidrogas del país; y, por otro, en el caso de la parapolítica, emergió una crisis de legitimidad, y aunque 44 congresistas estuvieron en la cárcel, no se ha investigado suficientemente las redes del sistema político que la hicieron posible, ni los partidos que fueron influenciados o cooptados” (p.404)

“La Comisión de la Verdad considera que la penetración del narcotráfico obedece a un entramado de relaciones, coaliciones y vínculos entre diferentes actores políticos, económicos, armados o militares, que se funda en el beneficio y la acumulación de capital, pero también en redes clientelistas y relaciones familiares. Tales redes y relaciones, aunque son conocidas de manera informal o se han evidenciado en escándalos sucesivos, no han sido investigadas en profundidad ni desmanteladas” (p.404)

“La función pública ha sido utilizada por el narcotráfico de dos formas. Por una parte, para asegurar la impunidad en la logística ilegal de la operación del narcotráfico, lo que muestra el entramado paramilitar ya descrito por la Comisión y su influencia en el propio sistema de investigación judicial en diferentes momentos de las últimas décadas. Y por otro, para lavar el dinero a través de la contratación pública o de la compra de tierras (esta compra muchas veces ha estado ligada al despojo de población campesina víctima del conflicto armado y en tal despojo han estado involucrados diferentes niveles de organismos e instituciones del Estado, como algunas notarías” (p.405)

Una forma usada por el narcotráfico para crear alianzas con la política ha sido mediante la influencia en el nombramiento de cargos públicos de especial relevancia” (p.405)

“las élites colombianas han tenido un doble discurso frente al narcotráfico con la «guerra contra las drogas», focalizándose en las guerrillas y el campesinado cocalero, mientras mantienen relaciones con los traficantes de cocaína. El modelo de acumulación de capitales a partir de la cocaína ha sido amplio en el país y, en algunos casos, tan frecuente y profundo, que se ha convertido en un atentado a la democracia y a la independencia de las instituciones” (p.406)

“La sospecha que cunde sobre la política colombiana ha dado pie a la preeminencia de las agendas de los Estados Unidos, que se han impuesto o negociado con facilidad. La relación de la política con el narcotráfico ha sido motivo de preocupación y disputas entre actores políticos nacionales e internacionales” (p.407)

Limitaciones de las instituciones encargadas de la investigación del dinero 

“Las instituciones del Estado encargadas de enfrentar el problema del narcotráfico han tenido respuestas parciales para un fenómeno que se ha ido extendiendo y entretejiendo con el poder político y las élites económicas en Colombia. Numerosos traficantes de cocaína han sido detenidos y muchas veces extraditados, pero esto no ha permitido acabar con el negocio, dado que aquellos se han fragmentado en nuevos grupos y jerarquías que han conservado muchas veces sus redes e influencias” (p.408)

“Adicionalmente, el dinero recuperado en la extinción de dominio no ha servido hasta el momento para adelantar procesos de restitución de tierras o reparación de víctimas. Es decir, la mayoría de esos recursos no han llegado a las víctimas del narcotráfico, sino que han financiado mecanismos relacionados con el sistema de seguridad y punitivo” (p.409)

Relación de la fuerza pública con el narcotráfico 

“Un último elemento para analizar la penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado tiene que ver con las fracturas ocurridas al interior de las Fuerzas Armadas por el involucramiento de algunos de sus miembros en ese negocio ilegal". Testimonios tomados por la Comisión relatan cómo algunos grupos del Ejército, la Policía, Fuerza Aérea, Armada y DAS se enriquecieron con el narcotráfico y permitieron el movimiento de insumos químicos” (p.409)

“A finales de los años ochenta se adelantó una campaña de terror del Cartel de Medellín contra el Estado, en la que murieron cientos de policías y hubo atentados masivos con carros bomba, a la vez que los carteles se fracturaron. Una parte del Cartel de Medellín, junto al de Cali, se alió contra Pablo Escobar; en tal alianza participaron agentes de la DEA e instituciones del gobierno colombiano como el Bloque de Búsqueda de la Policía. De esas alianzas surgió una red autodenominada los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), en la que participaron Fidel y Carlos Castaño, exmiembros del Cartel de Medellín” (p.412)

“en diferentes momentos ha habido fracturas críticas en instituciones de seguridad del Estado e incluso durante el trabajo de la Comisión ha habido generales del Ejército denunciados por tener alianzas con grupos armados y narcotraficantes” (p.413)

Modelo de Estado y capturas de rentas narcoparamilitares 

“El financiamiento y la captura de rentas por parte de los grupos paramilitares se ha dado principalmente a través de tres mecanismos: 1) el control de la producción y las rutas del narcotráfico, 2) la relación/articulación con sectores empresariales o terratenientes que han financiado sus ejércitos. 3) La cooptación de la contratación estatal local” (p.414)

“Algunas de las masacres más emblemáticas perpetradas por el paramilitarismo en su afán por capturar las rentas de las economías de la cocaína y llevar adelante la lucha contrainsurgente fueron las de Mapiripán, Meta, en 1997; El Placer, Putumayo, en 1998; y La Gabarra, Norte de Santander, en 1999. Estas tres masacres tuvieron dos factores comunes. El primero de ellos es la responsabilidad de miembros de la fuerza pública en ellas, tanto por acción como por omisión” (p.415)

“Como han mostrado varias investigaciones, existe un relacionamiento directo entre el fortalecimiento del paramilitarismo y el narcotráfico, pues «al superponer el mapa de cultivos y rutas sobre la senda de la expansión paramilitar, la conclusión salta a la vista»” (p.416)

El narcotráfico como actor contrainsurgente 

“Entre 1998 y 2003, el objetivo de las AUC fue convertirse en un actor político mediante la guerra contrainsurgente, pero dicho intento fracasó por esta victoria interna del sector narcotraficante y porque, al menos en parte, se reveló el escándalo de la parapolítica en 2006. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez que dio prioridad fundamental a la lucha de las Fuerzas Armadas contra las FARC, capitalizó en Ralito, la lucha contrainsurgente de los paramilitares narcotraficantes que actuaron con el apoyo de militares y políticos. Los paramilitares se sometieron primero a Justicia y Paz y luego varios de ellos fueron extraditados” (p.422)

“El narcotráfico ha sido, entonces, una bisagra entre el crimen y el poder, un actor comodín que ha actuado bajo distintas lógicas. Su rol va desde la formación de grupos que tenían tareas de cuenta de cobros y roles justicieros y de seguridad, por medio inicialmente de combos y pandillas, hasta nuevos escenarios que tuvieron como base grupos de delincuencia común que posteriormente van a seguir alimentando a los ejércitos paramilitares, como lo que ocurrió con el llamado “Departamento de Seguridad y Control” que devino posteriormente en la Oficina de Envigado. Una de sus cabezas, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, es un ejemplo de cómo los actores del crimen, el narcotráfico y la política tienen un papel en el conflicto armado” (p.422)

La violencia en la disputa del narcotráfico 

“Las relaciones establecidas entre guerrillas y grupos paramilitares con el narcotráfico no fueron iguales. Mientras los grupos paramilitares han tenido una relación orgánica con el narcotráfico, dada la sofisticación de los esquemas de seguridad privados de traficantes de cocaína convertidos en ejércitos funcionales para la contrainsurgencia y el enriquecimiento personal, el tránsito de las guerrillas ha tenido predominantemente una trayectoria propia, y se ha basado en conseguir recursos para desarrollar su accionar y fortalecerse militar y económicamente” (p.423)

“Las disputas por el control de las economías regionales de la cocaína es uno de los factores de persistencia del conflicto armado interno. Al ser un mercado ilegalizado, los actores armados y los entramados que han entrado en la pugna por controlarlo han sido tanto ilegales (insurgencias, paramilitares y narcotraficantes) como agentes de la fuerza pública involucrados en el negocio. Las propias leyes de prohibición aumentan el beneficio de la elaboración y el tráfico en cada eslabón de la cadena” (p.425)

FARC-EP y narcotráfico 

“En los años setenta, las políticas guerrilleras sobre la aceptación de cultivos de coca o marihuana en sus zonas de presencia fueron prohibicionistas. En los años ochenta empezaron a incluir en sus fuentes de financiación las economías de la cocaína y marihuana” (p.429)       

“Posteriormente, transitaron a ocupar el rol de intermediario entre campesino y traficante, comprándoles la producción de pasta base a las comunidades y vendiéndosela a los traficantes de cocaína, quienes finalmente la procesaban en clorhidrato de cocaína” (p.429)     

“A partir de la Octava Conferencia de las FARC-EP (1993), la guerrilla comenzó a encargarse del funcionamiento del mercado de la coca, lo cual implicó el control del cultivo, la producción y la comercialización, lo que llevó a la insurgencia a tratar de controlar la violencia que se ejercía por parte de los narcotraficantes… La influencia del narcotráfico en la guerrilla trajo consecuencias evidentes en el cambio de la relación con las comunidades y los campesinos cocaleros. Aumentó el control social y los conflictos con la producción o el dinero derivaron en una mayor violencia contra campesinos o comunidades que no permitían imposiciones o rechazaban dicho control” (p.430)

ELN y narcotráfico 

“El ELN declaró formalmente su deslinde del narcotráfico en su Segundo Congreso, Poder Popular y Nuevo Gobierno, en noviembre de 1989, así como el apoyo a las políticas de sustitución, restricción del comercio y rehabilitación de consumidores, entre otros aspectos” (p.433)

“Un informe del Ejército colombiano de 1993, reseñado en un cable de la Embajada de los Estados Unidos, identifica estructuras del ELN con algún grado de involucramiento con el narcotráfico. Parte del informe reconoce que hay unas directrices nacionales de la guerrilla del ELN que determinan romper cualquier relación con el comercio de drogas, pero también que algunas estructuras participan prestando seguridad a cultivos, laboratorios y pistas clandestinas” (p.434)

Aspersiones con glifosato

“Las fumigaciones de cultivos de coca se han usado repetidamente en el país, a pesar de los efectos negativos sobre la salud humana, la seguridad alimentaria y los impactos en la naturaleza. El debate sobre las fumigaciones ha estado mediado por las estrategias de lucha contra las FARC-EP, especialmente, en las zonas bajo su control o con una fuerte presencia en el sur de Colombia” (p.435)

“Las fumigaciones masivas que se dieron desde mediados de los años noventa fueron negociadas con Estados Unidos y defendidas por gobiernos colombianos. Además de las consecuencias que esto tuvo en las poblaciones afectadas, en los campesinos cocaleros y los territorios, también influyó en el rumbo de la guerra. Por ejemplo, después de las fumigaciones en Putumayo a finales de esa década, los cultivos se desplazaron hacia Nariño, donde aparecieron nuevas formas de colonización y despojo… La decisión de asperjar se tomó bajo la presión de los Estados Unidos, pese a la falta de información concluyente sobre su eficacia y las serias dudas sobre los posibles daños a la salud y al ecosistema… Numerosos testimonios recogidos tras campañas de fumigación señalan fuertes impactos en la salud, además de la pérdida de cosechas de pancoger y mayor pobreza de las comunidades afectadas” (p.p.436-440)

“La Comisión coincide con varios expertos que ponen en evidencia que con las fumigaciones los cultivos se trasladaron hacia otras zonas del país donde estas no se realizaban, por ejemplo, cuando iniciaron las fumigaciones en el Putumayo en el marco del Plan Colombia, los cultivos se movieron hacia regiones como Nariño y el Pacífico. En ese mismo contexto, se dieron los picos más altos de las fumigaciones entre el 2002 y el 2006, periodo en el que se fumigaron más de 320.000 hectáreas. Sin embargo: ‘En 2007, el gobierno estadounidense midió casi la misma cantidad de cultivos de coca en Colombia que en 2001, el peor año de la historia. Desde el 2005 hasta el 2007 fue un periodo de aumentos constantes en el cultivo de coca’” (p.442)

“El expresidente Ernesto Samper le dijo a la Comisión de la Verdad: «Pero ahora me he vuelto a reconvencer de que fue un error las fumigaciones, con las cifras que se han conocido recientemente y que yo comparto totalmente, de que el principal problema de la fumigación aérea, e inclusive de la fumigación vía mano militar, es que estimula las resiembras. Los cultivos que se destruían con la fumigación aérea se estaban resembrando en un 90%. Y está demostrado ahora, con casos recientes, como el del Catatumbo o Tumaco, que los cultivos que se destruyen militarmente se resiembran en un 70%, mientras que los cultivos que se están sustituyendo socialmente, el grado de resiembra no pasa del 5%»” (p.443)

El conflicto armado y la guerra contra las drogas 

“Los discursos de la lucha contra las drogas han cambiado la forma en que el país entiende el conflicto armado y el enemigo interno. La narrativa de la guerra incluye su propia justificación y define cómo se comprende y argumenta lo que se disputa en la guerra. La representación de la guerra contra las drogas como la lucha contra las FARC-EP se dio especialmente a partir de mediados de los años noventa y no puso en suficiente evidencia que los grupos paramilitares eran aliados del Estado en la lucha contrainsurgente y que estaban orgánicamente asociados al negocio del narcotráfico. Esto redundó en la criminalización del campesino cocalero, al considerarlo base social de la guerrilla y principal responsable del narcotráfico, lo que ha servido para mantener de manera más intensa la violencia contra los eslabones más débiles y diluir la responsabilidad de los actores políticos o institucionales, quienes son los principales beneficiarios de los réditos del negocio” (p.443)

“En el caso del Ejército Nacional, a comienzos de los años noventa se dio una reinterpretación del enemigo que pasó de ser el subversivo al narcotraficante. Es decir, desde el discurso oficial, las FARC-EP empezaron a ser consideradas una organización narcoterrorista, lo que justificaba la guerra y el acopio de los recursos internacionales de la lucha contra las drogas, que en realidad servían para la lucha contrainsurgente. Esto en un contexto en el cual las FARC-EP habían decidido, desde la Octava Conferencia en 1993, asumir el control de los cultivos, producción y comercialización como una estrategia para su financiamiento. Mientras, a su vez, el narcotráfico buscaba reconocimiento por medio de la vía contrainsurgente del paramilitarismo. La Comisión ha denominado este doble rasero como un «péndulo moral»; en otras palabras, mientras se señalaban unas cosas como inmorales –tales como el financiamiento de la guerrilla– se minimizaba esta misma acción del Estado y del entramado paramilitar, los cuales también se lucraban del narcotráfico” (pp.443-444)

La construcción del discurso sobre las FARC-EP como «narcoguerrilla» 

“Desde la época del gobierno Samper, algunos oficiales, como el comandante de las Fuerzas Armadas general Harold Bedoya Pizarro, tenían su propia interpretación del fenómeno alejada muchas veces de la posición oficial del gobierno. Es así como en este periodo se van a retomar y fortalecer categorías como el «cartel de las FARC», «narcoguerrilla» y «narcosubversión», las cuales atizarán de manera muy intensa el conflicto armado. La llegada del general Bedoya a la comandancia del Ejército y después a las Fuerzas Armadas, entre 1994 y 1996, impulsó la doctrina del «aniquilamiento del enemigo», basada en que las FARC-EP eran unos «gánsteres con ruana» y que, tras la destrucción de los carteles del narcotráfico, estas eran el último actor que quedaba por eliminar” (p.445)

“Históricamente, la lucha contra el narcotráfico le correspondió a la Policía Nacional con apoyo de la DEA. Sin embargo, desde la segunda mitad de los años ochenta, el gobierno estadounidense buscó involucrar de una manera más directa a las Fuerzas Militares de la región y las colombianas no fueron la excepción. Por este motivo se dieron operaciones contra el narcotráfico en las cuales el Ejército Nacional tuvo alguna clase de coordinación con otras fuerzas, como la Policía” (p.446)

“En la segunda mitad de los ochenta, la oficialidad militar estaba en desacuerdo con involucrar a la institución en el tema del narcotráfico. Una posición que se modificó a mediados de la década de los noventa, cuando sectores clave de la comandancia estuvieron de acuerdo en tener una mayor participación. Esto también significó la búsqueda de mayores recursos económicos que permitieran un proceso de reingeniería institucional en las Fuerzas Armadas, pues en esa década los ingresos habían sido absorbidos principalmente por la Policía Nacional” (p.446)

“En el contexto en que las FARC-EP habían proporcionado golpes militares importantes a las Fuerzas Militares en zonas con una fuerte presencia de la guerrilla, y donde además interfirieron en la movilización y transporte por carretera en varias regiones del país, algunos sectores plantearon que Colombia estaba a punto de ser un Estado fallido, lo que fortaleció el lobby para las negociaciones que darían como resultado el Plan Colombia. El objetivo de esta política era desarrollar la guerra contra las drogas; una que se orientaría a la lucha contrainsurgente en las zonas de control de las FARC-EP y que conduciría al fortalecimiento de la capacidad militar del Estado para combatir a las guerrillas, pero que también redundaría en una mayor militarización de esas regiones del país” (p.447)

El péndulo moral de la estigmatización de las familias campesinas cocaleras 

“Las marchas cocaleras desarrolladas a mediados de 1996 en el país reflejaron la criminalización de las familias campesinas cocaleras. Esta se constituyó en la primera movilización campesina que reivindicaba medidas de desarrollo para tener alternativas a la coca, para detener las aspersiones aéreas y reflejaron el surgimiento de este campesino como un sujeto político en disputa en el conflicto armado y que reivindicaba una negociación con el Estado” (p.447)

“La representación del conflicto como producto de una amenaza interna provocó la estigmatización de los campesinos cocaleros y justificó la represión de las marchas campesinas, el ataque a sus liderazgos y la normalización de las aspersiones con glifosato” (p.449)

Impacto en los territorios y las víctimas 

“Durante los ochenta, muchos jueces del país fueron asesinados o tuvieron que exiliarse al recibir amenazas de narcotraficantes. Sus vidas se vieron truncadas porque llevaban procesos contra la mafia o contra entramados paramilitares ligados al narcotráfico” (p.451)

“La disputa por el Estado también se dio en el campo de la función pública con un profundo impacto en la democracia y la institucionalidad cuando sectores militares hicieron alianzas con el narcotráfico… El sistema judicial y la oposición política fueron los sectores más victimizados” (p.452)

Factores de persistencia ligados al narcotráfico 

“El narcotráfico es un grave problema económico, social y político, de nivel internacional, no es solo un asunto delictivo o de carácter militar, y ha condicionado históricamente la relación entre Colombia y Estados Unidos desde los setenta. El narcotráfico penetró de diferentes maneras una parte de la política y se convirtió en un actor de la confrontación armada; al pasar a ser parte de la contrainsurgencia, se consolidó como un factor de degradación del conflicto armado y se convirtió en financiador de los grupos armados paramilitares y de las guerrillas en diferentes eslabones de la cadena. También se unió a sectores de la fuerza pública que se han enriquecido con él” (p.456)

“La economía de Colombia depende en gran parte del narcotráfico, que ha sido un regulador de la economía tanto para los sectores populares y campesinos como para la macroeconomía del país y los sectores económicos dominantes. La forma en la que se enfrenta el narcotráfico (como si fuera una guerra), la visión militar de perseguir los eslabones más débiles de la cadena, la militarización de los territorios e, incluso, las políticas criminales de detenciones sucesivas de capos durante décadas, no han resuelto el problema. Más bien ha ocurrido lo contrario: la representación de que se trata de una «guerra» lo convierte en factor fundamental de la persistencia” (p.456)

Relación del narcotráfico con el modelo económico y la exclusión social 

“El narcotráfico, al ser un modo de acumulación de capital y de poder, ha tenido una relación con la economía nacional y ha impactado los conflictos sociales producidos por las relaciones históricas entre el Estado y los modos de acumulación de riqueza. El dinero producido por el narcotráfico ha estabilizado la economía nacional, que aparece dependiente de este. Las relaciones entre el narcotráfico y los proyectos o sectores económicos legales son muestra de ello” (p.457)

“El narcotráfico ha impactado de diversas formas los conflictos históricos por la tierra, y la histórica exclusión política y social. El narcotráfico, a partir de la extensión de los cultivos de coca, reemplazó la reforma agraria y se ha convertido en una forma de ascenso social. De alguna manera, el narcotráfico ha servido de «entrada al sistema» a sectores excluidos que, sin caminos para acceder legalmente a la distribución de la riqueza y el poder, lo hacen de manera ilegal. Al mismo tiempo, les ha facilitado a sectores de las élites conservar el statu quo, porque cumple con un papel estabilizador en la economía del país. El mayor beneficio se ha concentrado en quien controla los eslabones más altos de la cadena, incluyendo el lavado de activos, la compra de tierras, el expolio de las arcas públicas y el acceso al poder político para controlar el negocio o blanquear el dinero” (p.457)

“Frente al narcotráfico, los grupos de poder político-económico y militar del país siguen adoptando una doble moral que propicia el ocultamiento, el provecho por parte de algunos sectores (como el financiero), la estigmatización y persecución de otros (como los campesinos cultivadores de coca), y la imposibilidad de hacer justicia” (p. 458)

“Mientras aumentan las características autoritarias de la cultura y se promueve la masificación del «todo vale» y la obtención de dinero rápido a través de la ilegalidad y la violencia, Colombia se ha convertido en una sociedad propensa a tolerar los comportamientos ilegales porque nunca ha habido un acuerdo ciudadano en un Estado vigoroso que ponga la ley para todos y que acabe con la impunidad” (p.458)

Desmilitarizar la guerra contra las drogas 

“El problema del narcotráfico no puede ser atendido como una guerra. Las consecuencias de este planteamiento concertado y en gran parte impulsado por Estados Unidos muestra que los sucesivos intentos de abordar el problema mediante las mismas fórmulas (no abordar su naturaleza económica y política, sino centrarse en su ilegalización; atacar los puntos más débiles de la cadena; basarse en el prohibicionismo; utilizar las fumigaciones y eliminar o extraditar las cabezas ilegales del negocio) no ha llevado a superar la situación, sino que se ha llegado a un callejón sin salida. Esta guerra ha producido la militarización de los territorios, la criminalización de la relación del Estado con sectores de la ciudadanía (los campesinos cocaleros y pueblos étnicos) y un endurecimiento del conflicto en el que la población civil ha sido la principal víctima” (p.458)

La guerra contra las drogas llegó incluso a reemplazar la política de seguridad del Estado colombiano. Este enfoque para abordar el problema, centrado en atacar militarmente las partes más visibles y débiles de la cadena y no atender las relaciones del narcotráfico con la política y la economía, ha facilitado su permanencia en el tiempo. La persecución de la gente en lugar de la persecución del dinero y de los mecanismos de blanqueo debe tener tanto una dimensión nacional como internacional” (p.458)

“La desmilitarización de las políticas pasa también por avanzar en el modelo de regulación y legalización de la cocaína, dado el fracaso de las políticas prohibicionistas y el altísimo costo que Colombia ha pagado por el narcotráfico, donde la propia guerra contra las drogas se ha convertido en un factor de persistencia del conflicto” (p.458)

Persistencia del conflicto armado y papel del narcotráfico 

“En el control del negocio se pelean la producción, la transformación y las plusvalías, y también los pagos a los campesinos y la distribución de las ganancias entre quienes controlan el mercado. La violencia se ejerce especialmente contra la población civil y las comunidades que se oponen a los cultivos, o incluso los líderes de los procesos de sustitución. En la relación entre narcotráfico y conflicto armado se han involucrado las guerrillas, la economía y la política, las élites nacionales y regionales, los sectores militares y los grupos paramilitares” (p.459)

“El narcotráfico les ofrece mucho dinero a muchas personas y fomenta la corrupción de un sinnúmero de funcionarios públicos, desde la policía de carreteras o miembros del Ejército en ciertas zonas que permiten el traslado de armas e insumos químicos y protege la movilidad de los narcotraficantes, pasando por notarios y registradores que legalizan sus bienes y propiedades, hasta alcaldes y gobernadores que otorgan importantes rubros de la contratación pública a narcotraficantes, así como políticos que tienen vínculos con unos y otros. El narcotráfico provee recursos para seguir haciendo la guerra, por lo que, si no se integran salidas efectivas a este problema en el proceso de construcción de paz, los conflictos armados que persisten serán probablemente insoluble” (p.459)

Investigación, desmantelamiento de estructuras y justicia transicional 

“La forma en que se ha abordado el narcotráfico, centrado en la investigación de responsabilidades individuales y dirigiendo las investigaciones contra narcotraficantes a los que se ha tratado de detener y extraditar a los Estados Unidos no ha solucionado el problema. Actualmente, Colombia tiene la capacidad de llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales –a diferencia de lo que ocurría en los años ochenta–, pero la extradición se ha convertido en un mecanismo que le expropia al país los resultados de la investigación judicial y evita desmantelar los entramados que hacen posible esta economía ilícita” (pp.459-460)

“El impacto de la corrupción, los ataques al sector judicial, las presiones políticas y la ausencia de mecanismos efectivos de investigación son parte del fenómeno. La fragmentación de todas esas investigaciones –muchas veces sin tener en cuenta los elementos del contexto, el análisis de las redes criminales y la relación de las investigaciones penales con las de estupefacientes o la Unidad de Delitos Financieros– ha creado numerosos espacios para la impunidad. La persecución de capos del narcotráfico, en lugar de a las redes, así como la ausencia de investigación del recorrido del dinero y las responsabilidades institucionales hacen que Colombia cuente con una institucionalidad que aparentemente funciona, pero que ha arrojado escasos resultados” (p.460)

“Colombia necesita encontrar mecanismos alternativos para enfrentar el problema de la verdad y la justicia, desarrollando y fortaleciendo mecanismos de investigación que les permitan al Estado y a la sociedad conocer a profundidad el sistema de relaciones, alianzas e intereses involucrados en el narcotráfico” (p.460)

Narcotráfico y conflicto armado: la consideración de las víctimas 

“A pesar de lo dicho, las víctimas del narcotráfico no han sido consideradas en Colombia como víctimas del conflicto armado. La Comisión ha dado cuenta de cómo a partir de los ochenta, especialmente, los ejércitos del narcotráfico se incorporaron a la lucha contrainsurgente. Numerosos hechos vistos desde la lógica contrainsurgente han tenido también una lógica de control del narcotráfico” (p.461)

“Por último, las cárceles colombianas están copadas en buena parte con personas detenidas por delitos ligados al consumo o tráfico a pequeña escala. Una parte importante de los colombianos detenidos en otros países también lo están por haberse involucrado en el narcotráfico. En general, se trata de personas de escasos recursos. Se trata de una situación que necesita ser abordada con medidas que faciliten la prevención, educación y el trabajo en las comunidades de origen más afectadas” (p.461)

Desarrollo rural y cumplimiento del Acuerdo de Paz 

“Tras la salida de las FARC-EP del escenario de la guerra en muchos territorios, ha habido un aumento en la violencia en esos lugares por la disputa de los armados que pretenden ocupar las zonas… Los cambios actuales en los grupos armados y sus reglas de juego, la movilidad de estos, su número y la confrontación múltiple entre ellos incrementa la zozobra y el riesgo para la población campesina” (p.462)

“Si bien el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz es una base fundamental que hasta ahora no se ha desarrollado en gran parte, en este campo las alternativas deben extenderse no solo a los planes individuales o familiares, sino a establecer las condiciones locales y en dichos contextos para hacer que esas medidas no solo sean posibles, sino sostenibles en el tiempo” (p.462)

“Las recomendaciones de la Comisión van dirigidas a un cambio de paradigma que supere el prohibicionismo y permita transitar a otras formas de comprender y convivir con las drogas, pasando a una regulación de forma estricta y bajo unos principios específicos y de mercado justo para las comunidades rurales, un tratamiento de salud pública a los consumidores y una prevención social y educativa” (p.463)

“Se debe separar la política del narcotráfico y el modelo de Estado que ha construido nuestro país desde hace décadas y que ha llevado a considerar a los campesinos cocaleros como enemigos y no ciudadanos. Se necesita una regulación pacífica donde los ingresos de este negocio vayan al Estado y no a la conformación y el fortalecimiento de ejércitos o grupos armados, dentro o fuera de la ley” (p.463)

“La Comisión invita a reconocer y replantear el problema del narcotráfico y a encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo y procesos de concertación que permitan la comprensión, regulación e integración económica, social y política del narcotráfico” (p.463)

Análisis

Este análisis de la “guerra interna” no tiene nada de guerra ni de interna, pues las muertes y las víctimas no se dan tanto entre combatientes, sino en la población civil más vulnerable, por lo general indefensa, pues carece de recursos materiales e implementos físicos, y no tiene acceso a la educación, los servicios públicos y la asistencia social del Estado.

Por otra parte la denominada “lucha contra la insurgencia” ha disfrazado y ocultado a los poderosos que son precisamente quienes reciben  beneficios de tal lucha armada entre hermanos. Tampoco es interna, porque tanto los insumos para el combate, las armas y los créditos provienen del exterior, así como también las políticas, los procesos judiciales y los usuarios de las drogas se dan desde el exterior.

Conclusión

El Estado ha malgastado cuantiosos recursos en atacar, perseguir y destruir a los más desvalidos, en lugar de defenderlos o asitirlos para que contribuyan constructivamente al desarrollo del país.

La descomposición moral de los funcionarios y agentes del gobierno, así como la de los estamentos judiciales, ponen en duda la capacidad la idoneidad del Estado, y crea una gran desconfianza en sus instituciones.

La clase política, no solo se ha nutrido del narcotráfico y la “guerra interna”, sino que a la vez engaña a la población, creando la discordia y la polarización entre los ciudadanos, y un deterioro progresivo de la democracia.

Referencia

(*) "Hay futuro si hay verdad", Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Primera edición, Bogotá, Colombia, Comisión de la Verdad, 2022. ISBN 978-958-53874-5-4

Nota aclaratoria: La Comisión de la Verdad fue creada en el Acuerdo de Paz firmado por el gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre de 2016, como un organismo extrajudicial, temporal y como uno de los pilares del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Dicha Comisión fue integrada por once comisionados, los cuales fueron seleccionados en noviembre de 2017 y comenzaron a funcionar oficialmente en mayo de 2018.